Cuando hoy se habla de las jaulas marinas frente a las costas de Telde, desde algunas instancias oficiales se intenta presentar el problema como algo reciente, puntual o derivado de “episodios aislados”. Sin embargo, la realidad es bien distinta: el conflicto entre la acuicultura intensiva y el litoral teldense tiene más de tres décadas de historia.
Para entender lo que ocurre hoy, es imprescindible volver al principio.
1994–1996: La etapa experimental
El origen de las jaulas marinas en la bahía de Melenara se sitúa en marzo de 1994, cuando la prensa local anunciaba la puesta en marcha de una “granja experimental para engorde de peces en jaulas flotantes”, impulsada por el Grupo de Investigación en Acuicultura de la ULPGC y el Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM), entonces ubicado en Taliarte.
El objetivo declarado era científico y experimental: evaluar la viabilidad biológica, técnica y económica de la acuicultura marina en Canarias.
En 1995, La Provincia informaba de la primera cosecha de doradas engordadas en doce jaulas en la bahía de Melenara. Un año más tarde, en 1996, el ICCM anunciaba haber superado las previsiones de producción, alcanzando 85 toneladas en dos años, situándose —según la propia institución— “por delante de los mejores viveros del Mediterráneo”.
Ese mismo año, Canarias7 recogía declaraciones del ICCM asegurando que las instalaciones cumplían con la legalidad, que contaban con concesión administrativa por diez años y que se estaba evaluando su viabilidad comercial y elaborando un estudio de impacto ambiental.
En ese momento, el discurso oficial destacaba que la acuicultura era innovación, investigación y oportunidad económica.
1997: De la ciencia al negocio
En 1997 se da un paso clave: la acuicultura deja de presentarse solo como investigación y comienza a consolidarse como actividad productiva comercial.
Ese año se inaugura el primer vivero de alevines de dorada en Canarias, lo que permitía completar el ciclo productivo sin depender del exterior. La prensa hablaba ya de un sector en expansión, con varias piscifactorías operando en el sur de Gran Canaria y una producción anual de cerca de 35 toneladas de lubinas y doradas.
Se empieza a hablar abiertamente de rentabilidad, de “bonanza del negocio” y de convertir Canarias en referente del sector.
Pero, en paralelo, comienza a gestarse el conflicto.
1998: Las primeras alarmas sociales y políticas
El año 1998 marca un punto de inflexión. Por primera vez, el Ayuntamiento de Telde y las asociaciones vecinales expresan formalmente su oposición a la instalación de nuevas jaulas marinas frente a Melenara y Salinetas.
El 17 de abril de 1998, La Provincia recoge que el Ayuntamiento no autorizará una granja marina en la zona donde faenan los pescadores. Pocas semanas después, la Asociación de Vecinos MECLASA (Melenara, Clavellinas y Salinetas) presenta alegaciones formales contra la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre solicitada por la empresa A.D.S.A. para instalar jaulas de engorde de doradas y lubinas en Salinetas y la promovida por la empresa Canarias de Explotaciones Marinas (Canexmar) frente a Tufia.
Estas alegaciones —dirigidas al Viceconsejero de Pesca del Gobierno de Canarias y al propio Ayuntamiento— ya advertían de cuestiones que siguen plenamente vigentes hoy:
- La proximidad excesiva a la costa y las zonas de baño del litoral teldense.
- El posible impacto sobre la biología del medio marino.
- El impacto sobre la pesca artesanal.,
- El impacto visual que rompe la estética del paisaje costero.
- Y el riesgo de contaminación del agua por restos de piensos, excretas, peces muertos y otro tipo de agentes contaminantes como antibióticos y otros fármacos, así como el efecto acumulativo de ambas instalaciones, aparte de la ya ubicada en Melenara.
Es importante subrayar que la oposición ciudadana no surge después, sino antes incluso de la autorización definitiva de las primeras de jaulas de explotación comercial y basada en criterios fundamentados y de sentido común.
Un conflicto anunciado
Entre 1994 y 1998, la acuicultura en Telde pasa de ser un proyecto experimental a convertirse en una actividad industrial en ciernes, sin que se resolvieran previamente sus impactos ambientales y sociales.
Las instituciones apostaron por el sector sin escuchar a la población afectada, sin estudios de impacto concluyentes y sin un modelo de ordenación claro del litoral.
La ciudadanía, por su parte, empezó a organizarse y a advertir de un conflicto que, lejos de resolverse, se ha cronificado durante más de 30 años.
Lo que vendría después —protestas, informes contradictorios, episodios de contaminación, litigios y autorizaciones a largo plazo— no fue una sorpresa. Fue la consecuencia lógica de un modelo impuesto desde arriba.
(Continuará: Capítulo 2 – De las primeras denuncias a la consolidación del conflicto, 1999–2003)
Referencias de la época (1994–1998)
- Diario de Las Palmas, 14/03/1994 – Inicio de granja experimental en Melenara.
- La Provincia, 29/04/1995 – Primera cosecha de doradas en jaulas.
- La Provincia, 04/07/1996 – Producción del ICCM en Taliarte.
- Canarias7, 11/11/1996 – El ICCM defiende la legalidad de los viveros.
- Diario de Las Palmas, 28/05/1997 – Primer vivero de alevines en Canarias.
- La Provincia, 17/04/1998 – El Ayuntamiento se opone a nuevas jaulas.
- Alegaciones de la AAVV MECLASA (mayo y septiembre de 1998).
Consuelo Jorges López es presidenta del colectivo ecologista Turcón.
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