Fin de la concesión acuícola

¿A qué esperan las autoridades competentes? ¿Cómo se puede pasar tanto de los ciudadanos, ningunearlos, negarles la palabra? Tal actitud tiene un nombre: desprecio y ante él, debemos manifestarnos y combatirlo.

•        Por incumplimiento de lo permitido en la concesión aprobada.

•        Por incumplimiento de todos los parámetros de seguridad.

•        Por la inexistencia de planes de contención y de emergencia de situaciones extraordinarias de contaminanción y riesgo para el litoral y sus usuarios.

•        Por las consecuencias derivadas de ello en la salud de los usuarios de las playas

•        Por exceso en el número de jaulas registradas y permitidas en la concesión.

•        Por exceso en el número de peces criados en jaulas y el volumen de toneladas permitidas en la concesión.

•        Por silenciar sistemáticamente análisis y episodios de mortandad y riesgos bacteriológicos para sus operarios y para los usuarios de las playas.

•        Por la falta de vigilancia y control durante veinticinco años por parte de las instituciones públicas responsables, tanto la Dirección General de Pesca como las Consejerías de Sanidad y Medio Ambiente y cualquier otro departamento que tiene la obligación de ejercer dichas funciones.

•        Por incumplimiento de los parámetros exigidos en la concesión referentes a cualquier situación de emergencia

•        Por la contaminación sistemática y continua de la costa durante el último medio año, que no es más que el episodio más grave y continuo de los acaecidos en los últimos veinticinco años en esta misma costa, arruinando sus fondos marinos por la inexistencia de un plan de retirada y tratamiento de las heces producidas por millones de lubinas hacinadas y por los lodos derivados de dicha explotación.

•        Por los daños económicos que supuso y siguen suponiendo el cierre de las playas y la pérdida de la calidad de sus aguas en detrimento de sus usuarios y de los negocios asociados a ellos (restauración, alquileres de viviendas, actividades de ocio, deportivas, eventos varios…)

Hay más razones pero éstas tienen ya suficiente peso para exigir, por incumplimiento, el fin de la concesión.

Cuando terminen las soberbias de algunos dirigentes implicados en concesiones que han dejado de ser legales por incumplimiento de las condiciones obligatorias que se registran en el articulado de dicha concesión, cuando acaben los ninguneos a la ciudadanía, las risas veladas, cuando no las declaraciones que esconden infamias, cuando terminen las defensas mezquinas basadas en contactar con miembros de la plataforma de defensa del litoral, es decir, a ciudadanas y ciudadanos indignados por que se ha permitido a empresas del sector de la acuicultura la utilización del litoral como les viene en gana, saltándose el ordenamiento exigido por la Resolución que les autoriza la correspondiente concesión, la cuestión se vuelve preocupante y a la población algo le huele a podrido.

Cuando se intenta torpedear el movimiento ciudadano, minando su unidad, intentando romper los acuerdos asamblearios basados en la información e investigación de los hechos y no en componendas políticas, algo huele a podrido.

Y es exactamente esto lo que está sucediendo.

Han cambiado las tornas ante la veracidad de hechos contrastados y donde hasta hace unos días había prepotencia falseando un relato, ahora comienza el temor.

Donde había impunidad manifiesta, ahora algunos personajes con nombre y apellidos temen terminar en los pasillos de los juzgados.

Donde había frases grandilocuentes, vacías de contenido, con manifestaciones sin pruebas basadas en la credibilidad de informes filtrados por las empresas explotadoras, ahora hay silencio.

Dónde se manifestaban a favor de apoyar a la ciudadanía, al pueblo, ahora hay recelo y rechazo a la hora de aprobar un manifiesto ciudadano porque tiene nombres y apellidos y va contra los nuestros, es decir, contra los que, como ellos, viven de la mentira, del engaño y de la dejación de las funciones inherentes a sus cargos.

Los hechos que justifican las razones para poner fin a las concesiones actuales, son revelados por la prensa diaria. No son conjeturas, responden a la realidad, a informes existentes que muestran que toda la información fidedigna le es vetada a la ciudadanía.

Mostraré algunos de ellos:

1.- El informe de la CAEA (Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental) confirma que la concesión autoriza la producción de 340 toneladas de peces, sin embargo la producción real supera las 1000 toneladas, pero sumando ambas explotaciones -les recuerdo las ilegales que están próximas a la costa-, alcanzarán 4000 toneladas al año. Incumplimiento que permite iniciar el expediente de fin de la concesión.

2.- Este mismo informe recoge que las manchas de grasa procedentes de las jaulas, en los días más graves de la contaminación, alcanzaron la costa de Telde y superaron el kilómetro de longitud. Esto mismo lo ratifican las imágenes satelitales y las observaciones visuales de pescadores y deportistas practicantes de vela en la zona. Otro flagrante incumplimiento en cuanto a contaminación marina, riesgos para la salud humana, cierre de playas y daños económicos al litoral. otra razón para poner fin a la concesión.

3.- La serie continua de fallos sanitarios, ambientales y de transparencia en el episodio de mortandad primero, luego en la contaminación inherente a los restos orgánicos generados por dicha mortandad y dispersos por el litoral este de Gran Canaria. Es preocupante una vez que mucho antes de este episodio acaecido, ya se habían denunciado por parte de trabajadores de la empresa mortandades continuas de peces debido a razones bacteriológicas, hechos que fueron ocultados a la población y a las instituciones públicas. Las denuncias de los trabajadores, conocedores de la gravedad de estos episodios de mortandad y contaminación silenciada, son otra razón para sumar al expediente que debería tener en marcha ya el Gobierno de Canarias para  poner fin a la concesión.

 4.- La petición de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental del Gobierno de Canarias solicitando una segunda evaluación ambiental de la instalación acuícola de Aquanaria, situada frente a la costa de Telde,  por modificaciones significativas en la ubicación de las jaulas marinas, después de la mortandad masiva de lubinas, a la cual la Dirección General de Pesca deniega tal evaluación, rechazándola al igual que  rechazó desde en principio todas las alegaciones realizadas por todas las instituciones implicadas en la presencia o no de la explotación acuícola. Todas, absolutamente todas, fueron rechazadas, sin razón alguna que justificara tales rechazos.

¿Alguien puede explicar a la ciudadanía, las razones alegadas para el rechazo de una evaluación ambiental del todo necesaria ante los severos daños causados por el episodio de contaminación marina, uno de los más graves sucedidos en las Islas Canarias?

No sólo es exigible la dimisión de su titular sino personarse en los juzgados para reclamar por vía penal responsabilidades por los daños ocasionados. No lo hará sin embargo, una institución municipal, pues a pesar de los daños ocasionados, existe la disciplina y el control férreo de los partidos políticos.

Estamos frente a un ejemplo paradigmático del daño que provoca la práctica de la acuicultura al medio natural cuando se realiza sin control alguno institucional y como el triste resultado es la merma de la calidad del mismo para la pesca artesanal y el uso ciudadano.

Esta locura contaminante, auspiciada por quienes han otorgado la concesión, sigue activa en la costa teldense cada vez que las corrientes marinas cambian, pues así se han repetido sistemáticamente, por lo cual se debería poner punto y final también a nuevas concesiones. toda la población de Gran Canaria espera el rechazo tajante a las nuevas solicitudes de explotación acuícola en la isla.

Y si lo traigo a colación es porque en La Aldea de San Nicolás una nueva solicitud pretende arruinar el parque nacional en trámite, a punto de aprobarse, de superar el último requisito en el Ministerio correspondiente. Un Parque Nacional cuya superficie marina suponen dos terceras partes de la superficie a proteger.

Razones de peso justifican tal protección, tanto por los ecosistemas marinos que allí tienen sus últimos refugios como por las especies que en ellos habitan, espacios y especies de alta sensibilidad que se verán arruinados ante los más mínimos procesos de contaminación.

En este caso, esperemos que el rechazo a tal solicitud sea determinante y que no surja de nuevo tibieza y permisividad, que no exista una patente de corso como la que ejerce la dirección general de pesca, para rechazar sin criterio alguno, de un modo arbitrario todos los informes negativos que le lleguen de otros departamentos, instituciones o movimientos ciudadanos.

 El Gobierno de Canarias debe rechazar cualquier presión externa ante la preservación de la última zona virgen marina de la isla, que a todas luces debería gozar ya de máxima protección.

Respecto a la concesión de la costa teldense, debería ya la Corporación Municipal denunciar en los juzgados todos los incumplimientos arriba expuestos.

Deben hacerlo frente a quienes las han autorizado. Son ellos quienes tienen, si quisieran, respuesta razonable a tanto desmán: el incumplimiento sistemático de las condiciones inherentes a la concesión.

De no hacerlo, como se ha hecho hasta la fecha, entiendo que la ciudadanía y los usuarios de la playa estén indignados, se sientan impotentes ante tanta soberbia, negligencia, silencio y pasotismo y entren a valorar conceptos indeseables como la connivencia con las empresas explotadoras, y ¡por qué no!, en las conversaciones de playa y calle suene más de lo deseado las palabras corrupción y servilismo, con otras palabras, bajar la cerviz ante el poder del dinero,  y rendir pleitesía a los nuevos caciques económicos a quienes nuestro medioambiente y la calidad de sus aguas nada les importa más allá de mantener su producción piscícola y aumentar sus beneficios.

José Manuel Espiño Meilán, amante de los caminos y de la vida. Lector, escritor y educador ambiental. Activista de la Plataforma por la Defensa del Litoral