¿El portavoz oficioso de Aquanaria en Telde?

Hay intervenciones públicas que retratan sin necesidad de señalar con el dedo. La realizada estos días en una emsisora regional por un edil del Ayuntamiento de Telde es una de ellas. En lugar de ejercer como representante municipal al servicio del interés general, optó por un rol cada vez más evidente: el de altavoz político de la compañía privada Aquanaria.

El dedo acusador que evita el verdadero foco

El cargo público calificó de “intolerable” que el alcalde Juan Antonio Peña no haya dado explicaciones, según él, sobre lo que definió como “la mayor catástrofe medioambiental de Telde”. Un discurso cargado de solemnidad y dramatismo, pero con una ausencia clamorosa: ni una sola referencia directa a la empresa privada cuyas jaulas marinas llevan meses bajo sospecha y denuncia pública por un elevada mortandad de peces. Para este concejal, la responsabilidad siempre es institucional; la privada, invisible.

El relato se apoya en fechas, actas y advertencias administrativas del Gobierno de Canarias sobre el emisario municipal. Todo muy ordenado, muy técnico, muy selectivo. Lo que no aparece es la mínima autocrítica sobre el modelo de acuicultura intensiva que colectivos vecinales, ecologistas y expertos señalan como un factor clave del deterioro ambiental de la costa de Telde, donde él reside. Una omisión demasiado cómoda para ser inocente y que está dando mucho de que hablar.

De representante público a escudo empresarial

Resulta difícil no advertir el giro: quien debería fiscalizar a todos los actores implicados actúa como muro de contención político para una empresa privada. El discurso no busca esclarecer responsabilidades compartidas ni proteger el litoral, sino desviar el foco, cargar contra el Ayuntamiento y limpiar el terreno a Aquanaria.

El recurso del miedo

La intervención culmina con la advertencia clásica: fiscalía, diligencias, indemnizaciones y “sus impuestos”. El miedo como argumento político. Mucha preocupación por el bolsillo del contribuyente, ninguna por el daño ambiental estructural, ni por revisar un modelo económico que amenaza la costa de Telde y del conjunto de Gran Canaria.

Un cargo público que ha elegido su papel

La cuestión ya no es solo si el alcalde debe dar explicaciones —que las dará, como corresponde—, sino por qué un concejal del Ayuntamiento actúa como portavoz de intereses privados en lugar de exigir responsabilidades a todos los implicados. Cuando el discurso institucional se parece más a una nota corporativa que a una defensa del interés general, el problema trasciende la política local: es una cuestión de ética pública.