El Gobierno canario desoyó a su órgano ambiental sobre las jaulas de Aquanaria en Telde

La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA) del Gobierno de Canarias reclamó una segunda evaluación ambiental de una de las instalaciones acuícolas de Aquanaria situadas frente a la costa de Telde, tras constatar modificaciones significativas en la ubicación de las jaulas marinas, según ha informado CanariasAhora. La petición se produjo después del episodio de mortandad masiva de lubinas que provocó una grave contaminación marina y el cierre de playas durante semanas en el litoral teldense y otros municipios del sureste de Gran Canaria.

Cambio de ubicación y nuevo escenario ambiental
La solicitud de la CAEA data del 21 de diciembre de 2023, coincidiendo con el inicio oficial de la actividad de la última granja de Aquanaria en la zona de Salinetas. El órgano ambiental consideró que el desplazamiento de la instalación —unos 373 metros hacia el sureste— suponía un nuevo escenario con posibles efectos ambientales distintos a los evaluados inicialmente, por lo que debía someterse a una nueva evaluación. La granja afectada cuenta con unas treinta jaulas y una producción anual autorizada de 3.050 toneladas de peces.

Proximidad a espacios sensibles
En su nuevo emplazamiento, las jaulas quedaron a unos 330 metros de los denominados campos de rodolitos, formaciones de algas calcáreas protegidas por la Unión Europea debido a su papel en el equilibrio de la biodiversidad marina y su elevada sensibilidad a los cambios en la calidad del agua y la sedimentación. Asimismo, la modificación redujo la distancia con la piscifactoría de Canexmar, también ubicada en la costa de Telde, pasando de 405 a 207 metros, lo que, según la CAEA, podría generar efectos acumulativos y una mayor influencia de los vertidos entre ambas instalaciones.

Efectos acumulativos y vertidos
El informe del órgano ambiental alertó de que, aunque Canexmar tiene autorizada una producción anual de 340 toneladas, su producción real superaría las 1.000 toneladas. Sumadas ambas explotaciones, la carga total alcanzaría las 4.000 toneladas anuales, con el consiguiente aumento de residuos orgánicos. La CAEA recordó además que se han observado manchas de materia grasa procedentes de las jaulas alcanzando la costa de Telde y superando el kilómetro de longitud, en contradicción con lo declarado por Aquanaria en su documentación ambiental.

Programas de seguimiento y fondeos
El cambio de posición de las jaulas implicaba, según la CAEA, la necesidad de nuevas simulaciones sobre la dispersión de residuos, ya que el programa de seguimiento ambiental dejó de ser válido al basarse en la ubicación anterior. También se detectaron discrepancias en las líneas de fondeo, que no se ajustaban a las especificaciones técnicas del proyecto en la zona de mayor profundidad de la Zona de Interés Acuícola.

Discrepancia institucional
Pese a estas observaciones, la Dirección General de Pesca se opuso a la realización de una segunda evaluación ambiental, al considerar que la modificación del proyecto era “leve” y “no sustancial”. Esta discrepancia entre el órgano ambiental y el órgano sustantivo fue resuelta por el Gobierno de Canarias a favor de Pesca, según reconocen fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Desde el Ejecutivo regional se argumentó que el desplazamiento respondía a una petición de la Corporación de Prácticos del Puerto de Salinetas para facilitar las maniobras de los buques.

Antecedentes y contexto actual
La instalación de Aquanaria que evitó una segunda evaluación ambiental se encuentra en el centro de la polémica desde principios de octubre, tras registrarse una mortandad masiva de lubinas que contaminó el litoral de Telde durante cerca de dos meses y obligó al cierre de playas incluso en municipios alejados como Mogán. Aquanaria cifra en unas 2.500 toneladas los peces muertos y estima las pérdidas económicas en torno a los 30 millones de euros.

Investigación en curso
El Seprona investiga desde mediados de octubre las causas de este episodio, considerado inédito en la acuicultura española. Mientras la empresa sostiene que el origen fue un vertido ilegal procedente de un emisario municipal, una parte de la población y de los colectivos sociales apunta a posibles deficiencias en la gestión de las jaulas marinas como desencadenante del desastre ambiental.