¿Dónde está la depuradora de Aquanaria?

Cada vez que se habla de acuicultura intensiva frente a las costas de Telde y del Este de Gran Canaria se repite el mismo mantra: “no hay vertidos”, “el mar lo diluye todo”, “no hay impacto significativo”.

Sin embargo, nadie responde a una pregunta elemental: ¿Quién depura los residuos que genera esta actividad? Porque residuos hay, muchos y de gran magnitud.

Millones de peces, millones de excretas

Partimos de datos básicos, ampliamente conocidos en el sector:

Cada jaula marina alberga entre 40.000 y 50.000 lubinas en fase de engorde.

Cada granja cuenta con unas 25 jaulas.

Solo entre Salinetas y Tufia pueden coexistir hasta 2,5 millones de lubinas creciendo simultáneamente.

Cada uno de estos peces come, metaboliza y excreta todos los días, además de generar restos de pienso no consumido que cae directamente al fondo marino.

¿A cuánta contaminación equivale esto?

Una lubina en engorde (hasta 400–500 g) genera aproximadamente 25–30 g de materia orgánica/día (heces + restos metabólicos), siendo ésta una estimación conservadora. 2,5 millones de lubinas × 25 g/día = 62.500 kg/día de residuos orgánicos húmedos, es decir, más de 62 toneladas diarias vertidas directamente al mar.

Si lo traducimos a carga orgánica (DBO₅), que es el parámetro clásico de depuración:

Un habitante equivalente (h-e) supone unos 60 g DBO₅/día.

La carga estimada de estas granjas equivale aproximadamente a 150.000 – 200.000 habitantes equivalentes, más que toda la población de Telde junta.

Es decir: como una ciudad entera vertiendo sus aguas residuales sin depurar… pero directamente al mar. Y eso que no estamos contando otro tipo de parámetros como el exceso de nutrientes, la turbidez generada en el medio marino o el uso de medicamentos.

¿Y si lo comparamos con una granja porcina?

En ganadería intensiva se considera que:

Un cerdo de engorde equivale a 3–4 habitantes equivalentes en carga contaminante.

Por tanto, la actividad acuícola frente a Telde equivale aproximadamente a: tener entre 40.000 y 50.000 cerdos en una granja porcina intensiva.

Ahora imaginemos por un momento una explotación de 50.000 cerdos sin depuradora, vertiendo directamente sus purines a la costa. ¿Sería social, legal o ambientalmente aceptable?

La gran pregunta: ¿dónde está la depuradora?

Si esta actividad estuviera en tierra firme, la legislación exigiría:

Sistemas de recogida de residuos.

Tratamiento biológico de aguas.

Consumo energético elevado para aireación y depuración de las aguas para mantener vivas y sanas a las lubinas.

Controles continuos y límites de vertido.

Nada de eso existe en el mar. La “depuradora” es el propio océano. Un océano convertido en sumidero gratuito, donde la materia orgánica se acumula en fondos marinos, consume oxígeno, altera ecosistemas y, cuando cambian las condiciones de viento y corrientes que mantienen el sistema, acaba llegando a las playas. Y eso que no estamos contando la mortandad de las propias lubinas que siempre sucede y que cuando colapsa el sistema por las calmas de septiembre y octubre su incidencia es aún mayor.

¿Cuánta energía haría falta para depurar esto en tierra?

Depurar una carga de 150.000–200.000 habitantes equivalentes requiere, de forma aproximada 0,3 – 0,6 kWh por m³ de agua residual tratada. Miles de kWh diarios solo para aireación, bombeo y control biológico. Hablamos de una infraestructura industrial de primer nivel, con un coste energético y económico enorme.

En el mar, ese coste es cero para la empresa y máximo para el medio ambiente y la ciudadanía.

¿Quién asume el impacto?

La respuesta es clara: No lo asume la empresa y no lo refleja en la promoción del pescado que oferta, fuera de Canarias, a altos precios y como producto gourmet y sostenible.

Lo asume el litoral de Gran Canaria, los fondos marinos, la calidad del agua, la salud pública y la pérdida del derecho ciudadano al uso del litoral en condiciones de salubridad y seguridad.

Cuando aparecen manchas, olores, bolas de grasa, espumas o afecciones a los usuarios de las playas —problemas que venimos sufriendo desde hace más de 20 años— se recurre sistemáticamente a hablar de “episodios puntuales” o “vertidos exógenos”. Nunca se reconoce la carga contaminante estructural que genera, día tras día, la acuicultura intensiva.

Y, para mayor indignación, en este nuevo episodio de 2025 se intenta eludir responsabilidades desviando la culpa hacia el Ayuntamiento de Telde y, de forma subsidiaria, hacia la propia ciudadanía teldense, que lleva décadas soportando la contaminación, atribuyéndola a un supuesto vertido que ni por su naturaleza ni por su magnitud puede explicar, ni remotamente, los efectos observados.

Responsabilidades políticas, no fenómenos naturales

La acuicultura intensiva no es neutra. Genera residuos, consume oxígeno y ocupa dominio público. Por eso la pregunta sigue en pie: ¿Dónde está la depuradora de Aquanaria?; ¿Quién depura lo que millones de peces generan cada día?; ¿Y por qué el mar tiene que hacerlo gratis?

Este modelo no se sostiene solo por la actividad privada, sino por la cobertura administrativa que lo ampara. La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, competente en la autorización, supervisión y ampliación de las concesiones acuícolas, ha permitido durante años un sistema que no vigila, que no internaliza el coste ambiental de sus residuos y que confía a la dilución marina como falsa solución.

Las ampliaciones autorizadas en los últimos años en contra del criterio de las áreas de Medio Ambiente del propio Gobierno de Canarias han incrementado la producción sin evaluar el impacto acumulado en 20 años, ni evaluación real de la carga contaminante y promover su alejamiento del litoral o suspensión de las concesiones actuales o futuras.

Aquí no estamos ante un accidente por un vertido exógeno ni ante un fenómeno imprevisible. Estamos ante un modelo productivo autorizado y sostenido políticamente, con la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias como órgano clave en su validación y continuidad.

Lo que existe es contaminación consentida por decisión administrativa. Y eso, en democracia, tiene responsables con nombre y apellidos con cargos institucionales.

Consuelo Jorges es presidenta del Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción.