
El colectivo Turcón Ecologistas en Acción ha expresado su desacuerdo con la actuación de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias en la tramitación de la planta fotovoltaica Aguadulce, promovida por la empresa ENEL en la zona de Jeréz, en el municipio de Telde. La organización considera que la administración autonómica no está ejerciendo un papel activo de evaluación y control en este tipo de proyectos energéticos.
Según expone Turcón en un comunicado, la Dirección General de Energía se habría limitado a trasladar a la empresa promotora las alegaciones presentadas por la ciudadanía, sin emitir una valoración propia sobre su contenido. A juicio del colectivo ecologista, este procedimiento supone que sea la propia empresa la que responda a las objeciones planteadas durante el periodo de información pública, en lugar de que sea la administración la que analice y resuelva dichas alegaciones.
La organización señala que este modelo de tramitación no sería un caso aislado y que se estaría repitiendo en distintos proyectos de energías renovables impulsados en Canarias. En este sentido, Turcón cita iniciativas similares en municipios como Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana o Gáldar, donde, según afirma, se estarían promoviendo grandes instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico, agrario o con distintos niveles de protección.
En su comunicado, el colectivo advierte de los impactos territoriales y paisajísticos que, a su juicio, pueden derivarse de este tipo de proyectos cuando se implantan a gran escala. Entre las afecciones que menciona figuran la pérdida de suelo agrícola, la transformación del paisaje y la concentración de la producción energética en manos de grandes empresas, en detrimento de modelos más descentralizados.
Turcón también cuestiona el modelo energético que, según expone, se está priorizando desde las administraciones públicas. En este sentido, defiende que el desarrollo de las energías renovables debería orientarse preferentemente hacia cubiertas de viviendas, edificios públicos, naves industriales, aparcamientos y espacios ya urbanizados, así como al impulso de comunidades energéticas locales y proyectos de menor escala con participación ciudadana.
En relación concreta con la planta fotovoltaica proyectada en Jeréz, la organización solicita que el proyecto sea denegado y que se someta a una evaluación ambiental ordinaria, teniendo en cuenta no solo sus efectos individuales, sino también los impactos acumulativos derivados de la proliferación de este tipo de instalaciones en un mismo territorio.
Asimismo, Turcón reclama una planificación energética más transparente y participativa, en la que las administraciones públicas asuman un papel activo en la ordenación del territorio y en la protección del interés general, especialmente en lo que respecta al uso del suelo rústico y agrario.




























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