La Constitución del 78: incumplida e incompleta

Los antecedentes más próximos de las actuales constituciones democráticas son las estadounidenses y francesas que a finales del siglo XVIII inauguraron las “Cartas Magnas” escritas, regladas y superiores a las leyes ordinarias. Y las posteriores constituciones liberales que empezaron a reorganizar el Estado, a limitar y separar sus poderes y a reconocer los primeros derechos civiles y políticos.

No obstante, aunque instauraron gobiernos cada vez más representativos, ninguno de estos documentos constituyentes fueron democráticos en sentido actual, pues el sufragio estaba reservado a las clases propietarias y excluía a todas las mujeres. No es hasta entrado el siglo XX, sobre todo tras las guerras mundiales, cuando se expande el sufragio universal, se incorporan los derechos sociales, económicos y culturales y se extienden los Estados de Bienestar.

La Constitución española promulgada en 1978 también forma parte de los modelos actuales que, como expresión de la voluntad legítima del pueblo “soberano”, mantienen el compromiso de equilibrar la libertad individual, la justicia social y la democracia participativa. Habiendo transcurrido, recientemente, casi medio siglo desde que en España se dio inicio a este "contrato constitucional" cabe hacer balance sobre el nivel de acatamiento que hay del ordenamiento constitucional que define a nuestro país como un "Estado social y democrático de Derecho".

Y la conclusión no deja dudas: los poderes públicos no han cumplido con la obligación de promover condiciones de vida dignas, reducir desigualdades y garantizar derechos sociales en educación, sanidad, vivienda y trabajo, que es lo que caracteriza a un Estado social.

La “soberanía popular” y los demás requisitos consustanciales a la democracia, tampoco se han propiciado; las elecciones “libres” ni siquiera respetan el principio de que cada voto cuente y valga lo mismo; y en el ejercicio del poder institucional, el “pluralismo político” se ha reducido, con pocas excepciones, a una partitocracia a dos que se alterna y perpetua. Y ¿qué decir de la separación de poderes y de la aplicación de leyes realizadas por tribunales independientes, tan cuestionadas desde hace décadas?

Aunque organizaciones internacionales de ideología liberal le sigan otorgando a España la condición formal de “Democracia plena” -incluso estando, según estándares de la Unión Europea, por debajo de la media en acceso al mercado laboral, igualdad y cohesión social- no se puede obviar que la democracia en nuestra constitución no es solo formal, debe ser, complementariamente, sustantiva: asegurar ciertos niveles de igualdad material y de bienestar.

Y en España -al igual que en la generalidad de los Estados occidentales que presumen de ser constitucionalmente democráticos- se han normalizado las políticas que obvian cumplir con los mandatos de justicia social. Y así, la democracia está incompleta.

Poner coto a esta injustificable situación es posible, pero exige una voluntad política y un pacto social renovados que prioricen los derechos económicos y sociales con la misma fuerza que las libertades formales. Y el desafío mayor es hacer que la soberanía popular sea efectiva también en lo económico. Porque una ciudadanía sometida a altos niveles de precariedad, desigualdad y exclusión ni puede participar políticamente con libertad real, ni formarse opiniones independientes y fundadas, ni exigir rendición de cuentas.

Fatalmente, la “Transición Democrática”, que tantas expectativas concitó en su momento, ha degenerado en una mera soberanía política formal, sin contenido sustantivo y coexistiendo con condiciones socioeconómicas de precariedad creciente. Y mientras esto se promocione y se permita la Constitución estará incompleta e incumplida. Será “papel mojado” para la gran mayoría de la ciudadanía de a pie, que malvive cada vez más acorralada, embrutecida y descreída.

¿Todavía se preguntan la gente bien conservadora y la progresía acomodada por qué están creciendo las nefastas propuestas autoritarias?

Xavier Aparici es filosofo y experto en Gobernanza y Participación.