El veto de Aquanaria al alcalde de Telde y a su equipo técnico, denunciado por Juan Antonio Peña y no refutado por la empresa hasta el momento de escribir estas líneas, no es un gesto aislado ni un malentendido administrativo. Es un precedente gravísimo que coloca a la cuarta ciudad de Canarias ante una pregunta tan obvia como inquietante: ¿Qué se esconde detrás de esta negativa?
Porque impedir el acceso al máximo representante institucional del municipio afectado —en plena crisis ambiental, con playas cerradas, peces muertos y una ciudadanía hastiada— no es una decisión cualquiera. Es una ruptura flagrante del deber de colaboración que cualquier empresa debería mantener cuando opera en aguas públicas y su actividad está vinculada a un episodio de contaminación marina sin precedentes en la historia reciente del municipio.
Transparencia selectiva: cuando conviene sí, cuando no conviene ya veremos
Durante años, la empresa y el Ayuntamiento trabajaron codo con codo. Incluso la unidad UNIDRON de la Policía Local acudía a requerimiento de la propia compañía para documentar incidencias. Y ahora, cuando esas mismas cámaras revelan restos orgánicos, peces muertos y limpieza acelerada tras conocerse las imágenes, resulta que la presencia municipal ya no es bienvenida y se le amenaza con denuncia.
Demasiada casualidad para un momento tan crítico.
Demasiada urgencia en limpiar justo después de que las imágenes se hicieran públicas.
Demasiada resistencia cuando quien solicita el acceso es el alcalde de Telde.
Las preguntas que nadie puede eludir
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¿Qué razón justifica vetar al Ayuntamiento en una inspección anunciada oficialmente por el Gobierno canario a través de la Dirección General de Pesca?
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¿Qué teme la empresa que pueda observar el equipo técnico municipal?
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¿Por qué se realiza una limpieza intensiva justo después de que UNIDRON registrara peces muertos dentro de las jaulas, según la denuncia del primer edil?
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¿Por qué el Gobierno de Canarias permanece en silencio o poco dado a dar explicaciones ante un conflicto que afecta a miles de vecinos?
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¿Qué harán ahora los grupos de la oposición?
Porque este veto no es solo contra Peña: es un veto contra la institución, contra la ciudadanía, contra la transparencia. Y la oposición está obligada a posicionarse. Callar hoy equivale a avalar que una empresa privada pueda decidir quién entra y quién no en aguas afectadas por un gravísimo episodio de contaminación, cuyas causas reales siguen aún sin descifrarse y las versiones de unos y otros son contradictorias.
El alcalde pidió una reunión urgente al Gobierno autonómico: no hubo respuesta, al menos que haya trascendido.
Confirmó su asistencia a la inspección oficial: fue vetado.
Solicitó acceso para su equipo técnico: también vetado.
A estas alturas, la pregunta no es si hay obstrucción: es quién la está permitiendo.
La oposición tiene la próxima palabra
¿Respaldará a la institución que representa a Telde? ¿O mirará hacia otro lado por conveniencia? ¿Harán preguntas en el pleno, exigirán transparencia o preferirán el silencio?
La ciudadanía merece saber qué bando escoge cada uno: el de la luz o el de las sombras.
Un veto que agrava el escándalo
La pregunta ya no es qué pasó en las jaulas. La pregunta ahora es: ¿por qué no quieren que lo sepamos? Telde merece respuestas.
Sanderin | Jueves, 11 de Diciembre de 2025 a las 23:23:24 horas
Pues ese mismo gobierno autónomo era muy amigo de este alcalde hasta no hace tanto tiempo
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