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Martes, 09 de Diciembre de 2025

Actualizada Martes, 09 de Diciembre de 2025 a las 12:18:50 horas

Junto a las organizaciones Ben Magec y La Vinca

Turcón recurre el Decreto de Turismo Activo por "invadir" actividades educativas y ambientales

Las entidades denuncian que la nueva norma equipara turismo activo con acciones culturales y de educación ambiental sin ánimo de lucro

TELDEACTUALIDAD/Telde Martes, 09 de Diciembre de 2025 Tiempo de lectura: Actualizada Martes, 09 de Diciembre de 2025 a las 11:24:12 horas

Las organizaciones Ben Magec–Ecologistas en Acción, Turcón y La Vinca han presentado recursos de reposición contra el Decreto 138/2025, que modifica el reglamento del turismo activo en Canarias, al considerar que la nueva redacción se excede en la regulación e introduce conceptos que “confunden actividades profesionales con iniciativas sociales, educativas o ambientales” desarrolladas desde hace décadas por asociaciones sin ánimo de lucro.

 

Los colectivos piden al área de Turismo del Gobierno de Canarias una modificación de los artículos 2 y 3 para evitar que actividades como senderismo interpretativo, talleres de divulgación o programas de educación ambiental queden englobados bajo la categoría de turismo activo. “Los canarios y las canarias no somos turistas en nuestra tierra”, subrayan, defendiendo el derecho a conocer el territorio, la biodiversidad y el patrimonio sin que ello implique obligaciones empresariales ni requisitos propios de actividades lucrativas.

 

Los ecologistas advierten de que el decreto incorpora definiciones demasiado amplias —incluyendo acciones “informativas, formativas y divulgativas”— que podrían generar interpretaciones arbitrarias y afectar a colectivos que trabajan con la ciudadanía. También cuestionan que el texto solo excluya de su aplicación a asociaciones que organicen actividades para sus propios miembros, lo que dejaría fuera a ONG que basan su trabajo en la participación vecinal y el acceso abierto a la comunidad.

 

Las entidades temen que la norma contribuya a una “mercantilización de la naturaleza” y recuerdan que la educación ambiental y la divulgación patrimonial están amparadas por estrategias internacionales y por el Convenio de Aarhus, que garantiza la participación social en asuntos ambientales. Por ello, reclaman una revisión urgente del decreto para asegurar claridad jurídica y evitar que su aplicación genere sanciones, confusión o límites injustificados al movimiento asociativo.

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