Medio siglo después, demasiadas cosas siguen atadas

El pasado 20 de noviembre se cumplieron cincuenta años del fallecimiento del Caudillo Francisco  Franco Bahamonde, el cual, en julio de 1936, junto a tres de sus colegas generales de división al  servicio de la Segunda, protagonizó el golpe de Estado que dio lugar a una catastrófica y feroz guerra civil. Las estimaciones generales de muertos y represaliados totales durante los tres años  que duró el enfrentamiento armado oscilan entre 500.000 y 735.000 personas, incluyendo  muertes en combate, por bombardeos, enfermedades y hambre. Y en retaguardia se estima que  alrededor de 50.000 personas fueron víctimas de la represión en la zona republicana y unas  100.000 en la zona sublevada. 

Tras la victoria a sangre y fuego del ejército “nacional” al menos 50.000 personas más fueron  ejecutadas por la dictadura franquista en los siete años posteriores a la guerra. Y durante los  treinta y seis años de dictadura algunas estimaciones elevan el número de asesinados por el  régimen a más de 140.000 en conjunto, incluyendo los miles de desaparecidos en fosas  comunes, los que murieron de hambre, de enfermedades relacionadas con la posguerra y por la  represión carcelaria. 

Franco instauró un régimen profundamente autoritario, reaccionario, represivo y centralista que fusionaba el nacionalismo español con el catolicismo más conservador. Eliminó la Constitución  de 1931, los partidos políticos excepto el Movimiento Nacional, y los sindicatos libres. Abolió la  autonomía de Cataluña y el País Vasco e impuso la represión regional. Depuró a funcionarios  públicos, maestros y a cualquier persona vinculada a la República o a la izquierda. También  ejerció un control estricto sobre la sociedad a través de la censura de medios, la educación  ideologizada y la represión de conductas contrarias a los valores tradicionales. 

El régimen franquista, por su objetiva complicidad con las dictaduras de Hitler y Mussolini, fue  aislado internacionalmente: de la asamblea fundacional de la ONU, del Plan Marshall y de la  OTAN. Por lo que se vio impelido a adoptar políticas económicas de autarquía, lo que provocó hambrunas y un estancamiento económico severo en la posguerra. Pero, con la guerra fría entre  Estados Unidos y la Unión Soviética, a mediados los años cincuenta la potencia norteamericana acordó la instalación de cuatro bases militares en España y apoyó el Plan Nacional de  Estabilización de la Economía.  

A partir de entonces, la masiva y traumática emigración rural a las principales ciudades del país  y al extranjero, la progresiva reindustrialización y el turismo de masas fueron aumentando el  nivel de vida. Con todo, el día en que murió Franco la inflación en el país se acercaba al 14% y el  paro estaba subiendo. Y aunque en su testamento el dictador afirmó dejarlo todo “atado y bien  atado”, los últimos gobiernos franquistas, ante un claro ambiente de contestación democrática,  terminaron abriendo un proceso constituyente. 

No obstante, la llamada “Transición Democrática” reinstauró un régimen democrático pero arrastrando múltiples contradicciones y deficiencias. La primera, no haber depurado a los  funcionarios públicos de alto rango vinculados a la Dictadura. Durante su mandato, Franco contó  con la inestimable ayuda de la banca y de empresas que han continuado siendo poderosas hasta  la actualidad, lo cual, le enriqueció sobremanera a él y a su familia. El Palacio del Pardo era para  grandes empresarios y banqueros un centro corporativo y de tráfico de influencias donde la corrupción era sistémica. Y aún hoy, las “puertas giratorias” y las connivencias políticas y  empresariales continúan estando a la orden del día.

Y, asimismo, como es público y notorio, la judicatura también interviene para que demasiadas  cosas sigan “atadas”. Como en el escándalo de las constructoras más grandes del país. En 2022,  la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción de más de 200  millones a Dragados, FCC, Ferrovial, Acciona, OHLA y Sacyr por haber operado, durante más de  25 años, como un cártel que eliminaba a la competencia y alteraba miles de licitaciones públicas  para la construcción de infraestructuras. Las empresas recurrieron las sanciones ante la  Audiencia Nacional y esta suspendió cautelarmente el pago de las multas.  

Por lo que, aunque actualmente empiezan a llegar resoluciones condenatorias para las  empresas, nadie ha activado aun la prohibición de contratar con el Estado, que es  una consecuencia legal derivada de la infracción. Y, así, las constructoras siguen, impunemente, llevándose el grueso de las licitaciones públicas de ámbito nacional y las mucho más sustanciosas  del europeo. Como en los buenos tiempos.

Xavier Aparici es filósofo y experto en gobernanza y participación.