Resumen de mi defensa de los estatutos y reglamentos de la lucha canaria

A partir de este momento dejaré de escribir sobre la situación de la lucha canaria en relación con la intervención política de los últimos años, especialmente tras el nombramiento de una gestora posterior a la destitución acordada por la Dirección General de Deportes. Nunca debió permitirse que dicha gestora estuviera compuesta por miembros que habían dimitido previamente de la Junta de Gobierno presidida por Francisco Rivero. Lo correcto habría sido designar una gestora verdaderamente independiente, integrada por personas sin vinculación alguna con la junta saliente.

La decisión adoptada no solo generó problemas, sino que —más que solucionarlos— los agravó, al coexistir criterios contradictorios y posiciones enfrentadas que impidieron una gestión coherente y eficaz. Incluso podría interpretarse que aquella gestora actuó con ciertos rasgos de persecución hacia la Junta de Gobierno inhabilitada por la Dirección General de Deportes. Probablemente, si se hubiese optado por personas ajenas a la junta anterior, el proceso habría sido menos conflictivo y no se habría llegado a la situación actual. Los litigios y recursos presentados ante la justicia terminaron dando la razón a Francisco Rivero. Como suele decirse, las cosas que comienzan mal, tienden a acabar peor.

Resumen de mi defensa de los Estatutos y Reglamentos de la lucha canaria

A lo largo de mis escritos, he mantenido una postura firme y coherente en defensa de la legalidad interna de la Lucha Canaria, señalando que los Estatutos y Reglamentos son la única garantía de orden, transparencia y autonomía del deporte. Cualquier actuación política que los contravenga constituye una vulneración directa del espíritu fundacional de la Federación.

En particular, he denunciado que, en los últimos años, la intervención política ha ignorado sistemáticamente a la Asamblea General —órgano supremo según el Artículo 8 de los Estatutos— imponiendo cambios sin diálogo ni consenso. Esto ha afectado símbolos y tradiciones esenciales, como los anillos de campeón y el formato histórico del Día de Canarias, desplazando horarios y alterando la identidad de los eventos.

Estas decisiones arbitrarias han perjudicado directamente a clubes y luchadores, como se evidencia en el caso del Club de Luchas Castillo, cuyo terrero permaneció cerrado durante años sin que la Dirección General de Deportes Autóctonos interviniera para garantizar su funcionamiento.

Quiero dejar claro que mis comentarios nunca estuvieron dirigidos a personas concretas, sino a los responsables directos que tenían la potestad de mantener una gestora irregular durante tanto tiempo, en abierta contradicción con el espíritu de nuestros Estatutos y Reglamentos.

Asimismo, he denunciado que las normas sobre ceses de la Junta de Gobierno y la designación de gestoras (Artículo 14) han sido sistemáticamente ignoradas, prolongándose la intervención mediante una gestora vinculada a intereses externos políticos y ajenos a la neutralidad que exige la legalidad interna.

Entre las irregularidades señaladas destacan:

• La sustitución del anillo simbólico de los campeones por un reloj, sin consulta a la Asamblea General.
• La alteración del formato y horario del Día de Canarias, desplazando un acto representativo a un encuentro sin contenido histórico y en horario nocturno.
• La prolongada intervención política mediante una gestora irregular, ignorando el procedimiento previsto en el artículo 14 de los Estatutos.
• La composición de la gestora con personas vinculadas a la Junta dimitida, contraria a la independencia requerida.
• La inacción ante problemas reales, como el cierre del terrero del Club de Lucha Castillo, afectando directamente a niños, niñas y familias.

En síntesis, se ha ignorado todo lo aprobado en la última Asamblea General (2019). Durante seis años, la Asamblea ha permanecido prácticamente inactiva, vulnerando el principio de que es el órgano supremo de la lucha canaria.

En conclusión, la lucha canaria ha sido sometida al capricho político, ignorando la legalidad interna, manipulando tradiciones y desatendiendo problemas urgentes, lo que ha generado conflictos institucionales, litigios judiciales y pérdida de confianza en quienes deberían velar por el respeto al deporte.

Todos estos argumentos que he expuesto a lo largo de estos días han tenido un único objetivo: salvaguardar los intereses de la lucha canaria y defender sus estatutos y reglamentos. Lo he hecho aun a riesgo de perder la amistad de alguien a quien siempre he considerado un amigo. Sin embargo, hay momentos en los que (la verdad), la coherencia y el respeto a la amistad y legalidad deben estar por encima del silencio cómodo.

A esto debo añadir que mi forma de proceder al frente de la lucha canaria se ha caracterizado siempre por el respeto estricto a los Estatutos y Reglamentos, tal y como puse en práctica durante mi gestión al frente de la Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria entre 2004 y 2008 como presidente, y posteriormente entre 2016 y 2020 como vicepresidente bajo la presidencia de Juan Ramón Marcelino.

Durante estos periodos, promoví la transparencia, la coherencia en la gestión y la defensa de los intereses de los clubes y luchadores, contribuyendo al resurgir de la lucha canaria después de una etapa de cuatro años particularmente perjudicial para el deporte. Los logros obtenidos en estos años fueron numerosos y significativos, aunque no entraré a detallarlos en este momento, pero reflejan la eficacia de una gestión comprometida con el orden, la legalidad y la tradición.

PD: Puedo estar equivocado —porque equivocarse es humano—, pero aun así expreso mi opinión con honestidad, aunque exista el riesgo de no tener razón. Prefiero mantener la integridad de mis convicciones antes que callar por comodidad.

José Trujillo Artiles, Barranquera IV, exluchador.