Jinámar exige responsabilidades por décadas de abandono patrimonial

Las I Jornadas Patrimonio Cultural de Jinámar, organizadas por la Coordinadora en Defensa del Patrimonio de Jinámar (COPAJI), cerraron seis sesiones de análisis que dejaron un mensaje rotundo: las instituciones responsables —Ayuntamiento de Telde, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias— han incumplido sus obligaciones legales durante décadas, provocando un abandono que amenaza la memoria colectiva del barrio.

Un público numeroso durante todas las sesiones confirmó que la ciudadanía mantiene un fuerte interés por conocer y defender su legado cultural.

La riqueza patrimonial frente a la inacción oficial
Los ponentes coincidieron en destacar la abundante riqueza del patrimonio existente en Jinámar y, a la vez, la dejación institucional que impide su protección. En la ponencia de clausura, Conoce tus raíces, se mostraron proyectos y experiencias que demuestran que, con voluntad política y participación ciudadana, es posible revertir años de desatención.

Incumplimientos legales y catálogos inexistentes
La sesión del 6 de noviembre, centrada en la Situación administrativa del Patrimonio, expuso con claridad un problema estructural: las administraciones competentes han incumplido la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, especialmente la obligación de elaborar y gestionar los catálogos insulares y municipales de bienes patrimoniales.

Estos instrumentos de protección, definidos en los artículos 12, 16.b y 17.a de la ley, simplemente no existen. La ciudadanía tiene derecho a consultarlos —art. 48.3— pero la búsqueda resulta inútil. Tampoco figuran en el PIOT, a pesar de la obligación establecida en el art. 39.2, ni se encuentran disponibles por vías telemáticas en el caso del catálogo municipal de Telde.

LosBic, también en abandono
Incluso los bienes ya declarados Bien de Interés Cultural presentan un estado de desatención alarmante. La ley exige que sean visitables al menos cuatro días al mes, pero ejemplos como La Noria de Jinámar demuestran lo contrario: permanece cerrada, sin horarios públicos, sin responsables visibles y sin gestión.

Veintiséis años de incumplimientos
La normativa recuerda en su preámbulo que esta situación de inactividad viene arrastrándose desde la ley de 1999. Es decir, más de 26 años con catálogos sin elaborar y bienes sin protección efectiva. Además, los cabildos y ayuntamientos acumulan más de seis años y medio de incumplimiento desde la entrada en vigor de la ley de 2019, pese al plazo máximo de tres años que establece su disposición transitoria sexta.

El análisis planteado en las jornadas dejó preguntas sin respuesta: ¿rebeldía institucional? ¿ineptitud? ¿intereses económicos? ¿presiones de lobbies? ¿Por qué se ha permitido que el deterioro avance sin control?

El patrimonio no tiene voz, pero la ciudadanía sí
El catedrático J.M. Santana recordó que los bienes patrimoniales no pueden hablar, pero la sociedad que los hereda sí puede —y debe— hacerlo. Advirtió que, sin implicación ciudadana, las generaciones futuras perderán las señas de identidad que sostienen la cohesión cultural del territorio.

Llamamiento final a la ciudadanía
Desde COPAJI se lanzó un mensaje claro: es imprescindible que vecinos y colectivos exijan a las administraciones que cumplan la ley y protejan el legado cultural. “Las instituciones que no han actuado no pueden seguir invocando una identidad canaria que nunca han defendido con hechos”, concluyó la organización.