
Un trabajador de las piscifactorías instaladas frente a la costa de Salinetas alertó a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias sobre una posible exposición a riesgos biológicos en el ejercicio de sus funciones, según ha podido confirmar TELDEACTUALIDAD.
Esta advertencia interna activó una investigación oficial antes de que se conociera la mortandad masiva de peces y del cierre preventivo de playas en Telde y otros municipios de la isla.
La comunicación enviada a Salud Pública fue trasladada de inmediato a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y al Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL), que abrieron una pesquisa conjunta para determinar si las condiciones laborales en las jaulas marinas cumplían la normativa vigente en materia de prevención.
Fuentes consultadas aseguran que la investigación ya estaba en marcha días antes de que trascendiera la muerte de unas 1.500 toneladas de lubinas, así como la llegada de material orgánico en descomposición a puntos del litoral grancanario.
Riesgos biológicos bajo la lupa
La principal línea de trabajo se centra en aclarar si los empleados estuvieron expuestos a riesgos biológicos, un concepto que engloba microorganismos presentes en agua contaminada, bacterias generadas por descomposición masiva de peces, toxinas naturales, protozoos u otros patógenos asociados a la actividad acuícola.
Los inspectores tratan de determinar si existían medidas de protección suficientes y si la empresa había detectado o comunicado previamente alguna anomalía que pudiera anticipar el episodio de contaminación que ha impactado en Gran Canaria.
Coincidencias con la tesis del alcalde de Telde
Estas nuevas informaciones coinciden con las declaraciones del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, quien en los últimos días ha reiterado que existen datos relevantes que todavía no han sido comunicados públicamente por todas las administraciones implicadas.
“La ciudadanía merece conocer toda la información”, ha insistido el regidor. “Las administraciones no pueden ponerse de lado; deben explicar qué ha ocurrido, qué datos manejan y qué investigaciones están en marcha”.
Peña ha reclamado máxima transparencia ante un episodio que considera “grave y de interés público”, subrayando que el Ayuntamiento hará públicos todos los análisis que obtenga y que seguirá exigiendo claridad al Gobierno de Canarias y a los organismos sectoriales.



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