Visto y no visto

Visto para sentencia el juicio al Fiscal General del Estado. Un juicio más político que judicial. Una farsa que nunca debió celebrarse porque el juez Hurtado lo llevó al banquillo sin ninguna consistencia más allá de sus indicios y suposiciones muy subjetivas.

 La oposición lo ha convertido en un juicio contra el Gobierno de España. Al PP y Vox el fiscal general les da igual porque su objetivo es Pedro Sánchez y el gobierno progresista. A ellos les importa un pimiento García Ortiz porque solo ven la cara del presidente de España en el rostro del fiscal. 

 Tras dos semanas de vista oral, teatro y circo, el juicio ha terminado igual que empezó: sin aportar ninguna prueba fehaciente y determinante contra Álvaro García Ortiz. Sin embargo, la oposición y su prensa afín llevan meses utilizando política y torticeramente la controvertida instrucción del juez Hurtado, el único del tribunal del Supremo que no votó la sentencia condenatoria contra el PP por la Gürtel. Hurtado no vio corrupción donde sus colegas comprobaron fehacientemente que la había.

 Es un juez contaminado que debería haberse apartado del caso desde el principio para que lo investigara otro colega con toga e imparcialidad. Es extraño que el Consejo General del Poder Judicial no haya apartado de la investigación a un juez tan parcial. 

  Exactamente lo mismo que ocurre con el juez Peinado, padre de una concejal del PP en el municipio más rico de Madrid que dejó prescribir una causa contra el Ayuntamiento de Almeida mientras ha mostrado siempre una singular diligencia para empurar a Begoña Gómez.     

  Alberto Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez de atacar la independencia judicial porque declaró en una entrevista al diario El País que para él García Ortiz es inocente. Feijóo ha estado repitiendo hasta la saciedad que el fiscal general es culpable.

 El líder flojito de la oposición interfiere más en la independencia de la Justicia que el presidente del Gobierno, que se limita a decir una obviedad: no hay ninguna prueba objetiva y de cargo para considerar que el jefe del Ministerio Público sea culpable. Y más aún después de quedar el juicio visto para sentencia. 

  Si ya antes de la vista no se podía decir que García Ortiz fuera culpable, después del juicio la cosa ha quedado aún más clara y definida. En todo caso Sánchez ha respetado la presunción de inocencia recogida en nuestra Constitución mientras que en cambio Feijóo ha condenado al fiscal general antes, durante y después del juicio sin ninguna prueba consistente. Se ha cargado en un santiamén la presunción de inocencia que sí aplica a sus correligionarios. 

  Hurtado y Feijóo solo se han apoyado en los indicios del borrado de su móvil, algo que por cierto el fiscal general hace puntualmente cada mes, incluso mucho tiempo antes de que Hurtado lo procesara. Los indicios de criminalidad son tan débiles que hasta los jueces conservadores se verán obligados a dictar su absolución.   

 Lo contrario sería un escándalo no solo en la judicatura española sino también en la internacional. Los jueces del Supremo no se atreverán a cometer prevaricación por este caso tan mediático. Será el juez Hurtado el que tendrá que dar explicaciones por una actuación que abochorna a muchos de sus colegas. No es un bochorno fiscal sino judicial.

   Los jueces atacan al Gobierno y al Parlamento parando y haciendo huelga como protesta a un proyecto de ley que ni siquiera se ha discutido en las Cortes, entrometiéndose claramente en las competencias de los poderes legislativo y ejecutivo. 

  En cambio, esos mismos jueces que se manifiestan con togas delante de sus juzgados se quejan de las injerencias e intromisiones de los otros dos poderes del Estado contra ellos, que conforman el tercero. De los tres sacrosantos poderes del Estado, el judicial es el único que no elige a sus miembros democráticamente. El cinismo de la oposición y de su armada mediática es descomunal. 

  Antes del juicio a García Ortiz, el juez Hurtado no logró en su investigación detectar ni una sola prueba contra él, solo indicios subjetivos que no son suficientes para condenar penalmente a nadie y menos aún a todo un fiscal general del Estado.

 Tras el juicio la absolución parece aún más clara porque no se ha presentado ningún testigo de cargo con pruebas irrefutables y contundentes. Parece más probable que García Ortiz será absuelto aunque seguramemente el tribunal de mayoría conservadora deslizará en la sentencia algunas lindezas para que la victoria (o derrota, según se mire) no sea total y dejar en el aire alguna sospecha de mácula. Es el derecho al pataleo de algunos jueces cuando no tienen pruebas para condenar.

 Después de lo visto y no visto en el juicio, seguramente hasta nuestro paisano Manuel Marchena tendrá claro que no le quedará otro remedio que absolver a García Ortiz. No deja de ser curioso que el mismo día que el juicio quedó visto para sentencia se supiese que el abogado general de la Unión Europea da el visto bueno a la amnistía a Puigdemont después de que Marchena presidiera el tribunal del Supremo que condenó a los líderes independentistas catalanes. 

  Será una absolución con zarandeo, como bien lo ha definido la jueza Victoria Rosell, que de esto sabe mucho no solo como magistrada sino también como víctima judicial de políticos abyectos. No importa, siempre les quedará Venezuela. 

Cristóbal D. Peñate es periodista.