Algo huele a podrido

La triste historia de una concesión que nunca se debió autorizar

Dedicado a todas las personas que tienen derecho a disfrutar de un litoral limpio y unas playas saludables.

Es difícil comenzar este artículo ante un panorama tan sombrío en cuanto a contaminación marina. Para aseverar este inicio preocupante, sólo un par de datos: 

A lo largo de este año, en Tenerife, diez playas fueron cerradas por contaminación de sus aguas. La fuente informativa: Atlántico Hoy. A lo largo de este año, en Gran Canaria, también hubo playas cerradas -menos, es cierto- por contaminación de las mismas por aguas fecales.

¿De qué estamos hablando? Es increíble que en pleno siglo XXI, las costas canarias sufran de un problema tan serio cuando se facturan más de veinte mil millones de euros a través de su sector turístico, lo que supone cerca del 40% del PIB (Producto Interior Bruto) en nuestra Comunidad.

Y es más preocupante todavía cuando existen herramientas de diagnosis capaces de analizar la contaminación en costas y playas canarias que nos revelan la existencia de más de cuatrocientos puntos de vertidos de los cuales más de la mitad, en concreto doscientos dieciséis, son ilegales, es decir se encuentran fuera de control y carecen de autorización. Pero el resto de vertidos, los autorizados, ¿en verdad se encuentran controlados? Al parecer, como veremos más adelante, no está tan claro aunque esa setría su obligación y es entonces cuando, de confirmarse, se tornaría en gravísima la situación reinante.

Los datos que acabo de señalar no son tomados de una página sensacionalista, fueron facilitados por el Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, don Mariano Hernández Zapata, el 21 de julio del presente año y divulgados a través de la prensa insular y otros medios de comunicación.

En teoría hay un programa de vigilancia sanitaria de las zonas de aguas habilitadas para el baño en Canarias. Y digo en teoría porque de los registros efectuados en las playas de Telde durante el indignante episodio sucedido durante todo el mes de octubre y que aún sigue vigente en los inicios del mes de noviembre, nada sabemos. Pero sí sabemos de las afecciones oculares, picores en la piel, manchas grasas y restos de pichi. Así lo registró este periódico digital y la televisón canaria.

Y cuando digo nada sabemos me refiero a  la ciudadanía, a los usuarios de la playa que han visto, día tras día, grasas, aceites, piensos animales, restos de animales muertos y extrañas partículas en suspensión en sus playas. Cuando digo nada me refiero a la calidad de sus aguas y cuando digo nada me refiero a los parámetros de análisis que desconocemos si en verdad son exhaustivos o sólo sirven como paripé para tranquilizar a la ciudadanía pero que en verdad no miden o detectan muchas de las sustancias perjudiciales para la salud de los usuarios y que se explicitan en la Resolución 3872 del B.O.C. Nº 247 de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, a propósito del Proyecto de cultivo de lubina para esta Zona en cuestión.

El preocupante estado de nuestro litoral lo revela el número de playas con Bandera Azul. Los números están ahí, de las sesenta playas reconocidas con tal galardón el pasado año 2024, sólo cuarenta y siete lograron mantenerlo el presente año. Algo de esta merma tendrá que ver von la pureza de sus aguas. No nos engañemos, estamos inmersos en un problema de contaminación de nuestras costas. Un problema que no es temporal, sino fijo.

Pero deseo centrar este artículo en el problema que preocupa ahora. Me refiero al que han revelado en este período, las corrientes marinas con componente sur y sureste, y que ha contaminado las playas teldenses y mantenido el litoral de esta costa con un olor permanente a pescado podrido, un olor tan intenso que no sólo lo detectaban los vecinos y usuarios de estas playas, sino los conductores de los coches que circulaban por las calles aledañas y el anillo de circunvalación costero.

Lo cierto es que durante estas semanas, la gente protestó, la gente se manifestó en los medios y redes sociales, la gente no se bañó por precaución, ante las espumas de color blanquecino en algunos lugares, amarillento en otros, ante la capa de grasas y aceites que cubría el agua, ante los restos desconocidos de comidas, residuos, heces… y ante los impactantes vídeos que mostraban partículas en suspensión y bolas nauseabundas en los riscos y playas de Melenara, Salinetas, Ojos de Garza, Aguadulce y Tufia. Y a pesar de todo, no pasó nada. ¿Qué han hecho las instituciones? Nada. Ni la municipal, ni la insular, nada. Optaron por no pronunciarse. Esa es la respuesta generalizada. Pasará, como siempre y volverá la normalidad -pensaron. 

Es una vergüenza. Parece como si nuestros dirigentes estuvieran empeñados en destruir aquello que hace de las islas lugares únicos, singulares, atractivos. Y en este caso concreto nos estamos refiriendo a nuestras costas, a nuestras playas y a nuestras aguas.

Existe un absoluto descontrol si casi medio millar de zonas de nuestro litoral están afectadas por la contaminación de sus aguas. Si, tras un mes de hediondez, no se han tomado medidas radicales con las granjas marinas, con la contaminación provocada por ellas y con la muerte de cientos de toneladas de lubinas sin explicación alguna a la ciudadanía, explicaciones basadas en datos contrastados, no en improvisadas declaraciones de munícipes que nada dicen cuando se manifiestan, ni la playa de Salinetas ni la playa de Melenara merecen gozar del galardón Bandera Azul pues, entre los parámetros de evaluación es condición esencial que sus aguas se mantengan limpias y saludables todo el año. 

Y en la costa teldense sufrimos, día tras día, los olores a pescado, más propios de una factoría, lonja o industria, olores que anulan el olor a mar que siempre han disfrutado los residentes y visitantes a estas playas, y sufrimos la capa de aceite que se pega a nuestro cuerpo, que vela la superficie del agua, y sufrimos la suspensión en el agua de sustancias extrañas y lamentamos los riscos y charcos de litoral invadidos por espumas de origen desconocido. 

A sabiendas de que en el horizonte marino no debería haber jaulas marinas pues sólo trajeron basura y pérdida de calidad de las aguas a las playas teldenses, seguimos observando media docena de barcos limpiando y extrayendo toneladas de lubinas enfermas o muertas. No debería haber jaulas en este lugar porque, tanto la de Melenera como la de Tufia (Gran Canaria VC-1 y VC-2) están ubicadas en ZPA (Zonas prohibidas para Acuicultura). No es algo inventado, lo registra la Resolución antes señalada.

No debería haber jaulas en este lugar porque están situadas cerca de las playas y vienen contaminándolas desde hace más de veinte años. No debería haber jaulas porque la salubridad de los cardúmenes no está garantizada y luego explicaremos por qué. 

Se han vertido ríos de tinta sobre el tema y de la indignación ciudadana ante las jaulas y sus consecuencias en la costa, se ha pasado a otra versión, la empresarial, la muerte de las lubinas ha sucedido por vertidos industriales ajenos a ellos.

Y es entonces cuando sabemos como funciona siempre, cuando hay daños económicos y medioambientales, buscar culpables externos. No lo duden, se buscarán responsables, se pasarán la culpa unos a otros -es la táctica habitual-,  y pagará el más débil.

La empresa buscará quien se haga cargo de la factura millonaria que supuso la pérdida de tanto pez muerto y mucho me temo que pueda salir de las administraciones públicas, es decir, de nuestros bolsillos. Ya conocen el refrán popular: escaldado y apaleado, que referido a nuestro caso podemos traducir por nadar entre basura y residuos y pagar los daños.

Las instituciones mientras tanto, escurriendo el bulto, mirando para otro lado y eludiendo su responsabilidad.

No es nada nuevo, de la Dana acaecida en el pasado mes de Marzo en Salinetas, nada queda, ni el recuerdo. No se hizo nada, absolutamente nada para evitar la próxima y todo sigue igual. El puente de Salinetas que por su escasa altura provocó el desbordamiento sigue igual, el barranco de Sacateclas que tiene su curso cegado, sigue igual y las basuras en su cauce siguen ahí, sin retirarse. Parece increíble pero todo sigue igual.

Volviendo a esta explotación marina de acuicultura, nada de esto sucedería si las jaulas hubieran recibido -hace más de veinte años-, los lógicos informes desfavorables, pues existen al menos tres puntos de vertido de aguas tratadas en sus inmediaciones, a saber, el emisario submarino de aguas residuales urbanas de Hoya del Pozo, con fugas o pérdidas a  lo largo de su vida útil, el emisario submarino de aguas residuales industriales del barranco de Silva, que también ha sufrido a lo largo de su historia pérdidas oleaginosas y de residuos varios altamente contaminantes y el emisario que da salida a las aguas de rechazo y productos utilizados en la potabilización de agua de mar.

Estos dos últimos emisarios tienen su salida justo en la zona donde se encuentran el grueso de estas jaulas. Pues bien, en esta zona donde además se encuentra un puerto, el de Salinetas, cuya principal función es la del trasvase de derivados del petróleo, combustibles y otros productos refinados, que vienen en grandes barcos petroleros, es decir, materiales con elevado riesgo de contaminación -por favor, vean con calma las fotografías que acompañan el presente artículo donde se observan las barreras de seguridad como medidas de precaución para controlar posibles pérdidas-, Se aprueba dicha concesión. Es decir se emite un informe favorable para engordar lubinas en una zona de alto riesgo por vertidos.

 ¿Cómo pudieron aprobarse las granjas de Salinetas y Tufia en ZPA, Zonas  Prohibidas para la Acuicultura? ¿Cómo, a pesar de ello, pudieron situarlas tan cerca de las playas y la costa? ¿Cómo se ubica y se aprueba una zona de mayor extensión en la misma zona, apenas un poco más separado de la costa, con capacidad para producir tres veces el volumen de pescado actual, multiplicando por tres los detritus de los peces y el volumen de alimento necesario para su engorde, rechazando todas las alegaciones presentadas tanto por Puertos de Las Palmas como por entidades vecinales y Asociaciones Ecologistas? ¿Cómo puede tener la desfachatez la empresa de reclamar daños e indemnizaciones si las jaulas de pescado están ubicadas en zonas con alto riesgo de contaminación, con varios emisarios y un puerto que existían ya, mucho antes de autorizarse dichas concesiones? ¿Alguien sabe si la Conserjería de Sanidad o la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias controla o tiene informes sobre cada partida de pescado que sale de estas jaulas para el consumo humano?

Estamos a tiempo de cambiarlo todo. Hay un dato esencial. Fuentes del Ayuntamiento de Telde y del Cabildo Insular me confirman que el traslado de las jaulas existentes, cercanas a las playas de Salinetas y Tufia, es inminente pues ha finalizado el tiempo para su traslado. Si es así, ¿a qué esperan para iniciar los correspondientes expedientes sancionadores?

Si El traslado de las jaulas a la nueva zona aprobada, tiene de tiempo límite hasta el último día del presente año, las instituciones responsables deberán velar de que se cumpla e iniciar los apercibimientos necesarios para que se lleve a cabo. Les recuerdo que están en Zona Prohibida para la Acuicultura.

Entiendo que los vecinos de estas playas tengan sus reservas sobre tales traslados. Desconfían y con razón. Primero porque no hay movimientos que revelen el traslado de jaula alguna, y segundo porque hay precedentes nefastos en otras zonas insulares donde vivieron similar problemática. No se cumplió el traslado en Lanzarote con la urgencia que exigían los informes técnicos y la ilegalidad de los asentamientos marinos -es el modo de seguir haciendo caja con el pescado mientras se mantiene vivo un pleito- y sólo se ejecutó cuando hubo sentencia firme emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sólo entonces se retiraron las jaulas que ocupaban una zona en el sur de la isla, prohibida para la acuicultura. A la empresa explotadora se le había negado la prórroga extraordinaria que solicitaban al Cabildo, por ilegal e incompatible pues era una ZPA, pero las empresa explotadora mantuvo dos años el negocio a cuenta de la seguridad y calidad de las aguas de todos los lanzaroteños.

Y es que dos años generan beneficios millonarios Y esto sucede porque no se aplica la ley a rajatabla y no se incoan sobre la marcha, al día siguiente de finalizar la concesión, rigurosos y ejemplares expedientes sancionadores. Sólo si las multas son, en cuantía, similares a la cantidad ingresada durante el ejercicio de la ilegalidad, los infractores se lo pensarán dos veces. En caso contrario, si las multas son irrisorias, preferirán pagar y seguir trabajando de una manera ilegal.

En estos días, primeros de noviembre, son las jaulas de Salinetas y Tufia quienes ponen a los usuarios y vecinos en pie de guerra. Estos esperan que las instituciones que les representan cumplan con su deber y hagan prevalecer la ley y no miren para otro lado.

Hay razones más que suficientes para acabar con la lacra que supone tenerlas tan cerca del litoral urbano y de playas históricas que llevan en esos lugares cientos de años disfrutadas por la ciudadanía teldense y por usuarios de toda la isla, zonas habitadas desde tiempos prehispánicos.

Las playas están contaminandas, no hay duda, aunque quieran engañarnos con lo contrario. Si no es toxicológica es ambiental, es visual, es olfativa, es táctil, pero están contaminadas. No se puede dar por saludable una playa cuando la limpieza de sus aguas ha dejado de existir.

En esta línea, la ejemplar denuncia del Colectivo Ecologista Turcón, exigiendo que los parámetros de análisis no sólo busquen bacterias fecales procedentes de seres humanos sino, contaminantes procedentes de fangos, procedentes de nutrientes alimenticios para piscifactorías marinas, contaminantes propios de productos químicos, de antibióticos y otros fármacos utilizados en granjas acuícolas, de microorganismos patógenos específicos procedentes de las heces de los peces… debería ser vinculante. Aunque estos análisis más rigurosos servirían de punto de partida a las instituciones responsables a la hora de analizar las aguas del litoral y velar por su seguridad, mucho nos tememos de que no se hará, no se llevarán a cabo porque los puntos negros de nuestras costas aumentarían de un modo alarmante. 

De nada vale dejar pasar este tiempo de sur y de sureste que favorece las calmas y las corrientes hacia las playas mencionadas y pensar que el problema es temporal, dejará de existir. No es cierto. Estamos ante una contaminación crónica y continua. La contaminación de las aguas persiste durante todo el año y los controles y exigencias a la empresa explotadora deben ser otras.

Parece que nuestras autoridades olvidan que son las playas y el litoral quienes garantizan un activo de primer orden en nuestra apuesta turística. Sin playas limpias no hay futuro. Pero también olvidan que las playas ejercen la función de parques esenciales para los canarios, lugares de ocio y descanso, espacios libres y gratuitos. Y este espacio nos lo están robando, unas veces con veladas privatizaciones, otras ayudando a la contaminación de playas populares con concesiones sin sentido como éstas, donde una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada no es más que un mero trámite para otorgar la concesión.

Es la ciudadanía quien tiene derecho sobre sus playas y este derecho es incuestionable.

José Manuel Espiño Meilán es presidente honorífico del Colectivo Ecologista Turcón, escritor y educador ambiental.