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Jueves, 30 de Octubre de 2025

Actualizada Jueves, 30 de Octubre de 2025 a las 12:51:51 horas

Los ecologistas exigen su paralización

Turcón denuncia “expolio del suelo agrícola” por la planta solar de Jerez

El proyecto afectaría a una superficie de más de 11 hectáreas, equivalente a unos 12 campos de fútbol

TELDEACTUALIDAD/Telde 3 Miércoles, 29 de Octubre de 2025 Tiempo de lectura: Actualizada Miércoles, 29 de Octubre de 2025 a las 07:13:39 horas

El colectivo Turcón – Ecologistas en Acción ha presentado nuevas alegaciones contra la solicitud de la multinacional Enel Green Power España para declarar de utilidad pública y social la instalación fotovoltaica “Aguadulce”, en la zona agrícola de Jeréz, en Telde. El proyecto afectaría a una superficie de más de 11 hectáreas, equivalente a unos 12 campos de fútbol, situadas sobre Suelo Rústico de Protección Agraria Especial (SRPAG-1), categoría reservada para la preservación del suelo de alto valor agrícola.

 

Desde el colectivo se advierte que esta declaración otorgaría a la empresa derechos expropiatorios sobre terrenos privados dedicados a la agricultura, “expulsando a sus legítimos propietarios y alterando de forma irreversible la vocación agrícola del área”.

 

“El Gobierno se ha convertido en una mera tramitadora de intereses empresariales”

Turcón denuncia públicamente lo que califica como una “grave dejación de funciones” por parte de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, acusándola de haber eludido su deber de defensa del interés público. Según el grupo ecologista, el organismo “no valoró en conjunto las alegaciones ciudadanas y de los colectivos sociales”, limitándose a remitirlas directamente al promotor para que las respondiera individualmente.

 

La Administración se ha convertido en mera tramitadora de los intereses empresariales de Enel, renunciando a su papel de garante del territorio”, denuncia el colectivo en su comunicado, lamentando que “el poder económico y la narrativa corporativa se impongan sobre la voz ciudadana”.

 

Un modelo energético que amenaza la soberanía alimentaria

Turcón subraya que la planta Aguadulce representa “un ataque directo al suelo agrario y a la planificación territorial”, alertando de los efectos acumulativos que este tipo de proyectos puede generar sobre el paisaje y la soberanía alimentaria. “Canarias necesita energía limpia, pero no a costa de su territorio”, señala el colectivo, que recuerda que el Plan de Transición Energética de Canarias (PTECan) ya establece la existencia de suficientes suelos urbanizados para cubrir las necesidades energéticas sin ocupar terrenos agrícolas.

 

Además, advierte de que la transformación de suelos agrícolas en instalaciones industriales abre la puerta a “un nuevo modelo de expolio del territorio rural”, similar al que ya provocó los excesos del desarrollismo turístico e inmobiliario.

 

Alternativas y propuestas

Frente al modelo concentrado en grandes plantas industriales, Turcón propone una transición energética justa y distribuida, basada en la democratización del acceso a la energía y la protección del territorio. Entre sus propuestas destacan:

  • El aprovechamiento de cubiertas de viviendas, edificios públicos y naves industriales.

  • La instalación de plantas fotovoltaicas en suelos ya degradados o artificializados.

  • La promoción del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas locales.

  • La planificación insular vinculante, que garantice la soberanía energética y alimentaria.

 

Exigen la paralización del proyecto

Turcón exige al Gobierno de Canarias que deniegue la autorización administrativa y ambiental de la planta fotovoltaica Aguadulce, someta el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y reoriente la política energética hacia modelos descentralizados, sostenibles y socialmente justos.

 

El colectivo reafirma así su compromiso con “una transición energética al servicio de las personas y no de las corporaciones”, defendiendo que la protección del suelo agrario, del paisaje y de la biodiversidad es “inseparable del derecho a un futuro sostenible para Canarias”.

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