El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias por una cifra global de 12.491 millones de euros para el año 2026. Esto supone un incremento del 7%, lo que se traduce en 813 millones de euros más respecto a 2025, que se destinarán, principalmente, a garantizar el gasto en políticas sociales.
Al igual que los años anteriores, el presupuesto se ha diseñado a gasto real y con prudencia ante el desconocimiento de las magnitudes necesarias para su elaboración. Con respecto a la disciplina fiscal, la consejera ha explicado que el Gobierno de España no ha aprobado la senda de consolidación fiscal, lo que obliga Canarias a formular unos presupuestos con un superávit del 0,1% del PIB de la comunidad autónoma.
El ministerio de Economía tampoco ha aprobado la tasa de crecimiento del producto interior bruto, por lo que el presupuesto se ha elaborado en base a la última tasa de crecimiento referenciada que es del 3,3%. A este respecto, la consejera de Hacienda se ha vuelto a referir a la imposibilidad de crecer más de ese porcentaje, independientemente de cuáles sean las cifras de recaudación de la comunidad autónoma. “Se trata de un valor del año 2023, por lo que no se adapta a la realidad actual. A pesar de todo, las cuentas públicas de 2026 dan prioridad al gasto social, al destinar la mayor parte del presupuesto a sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda. También es importante el refuerzo que se hace en transición verde, agricultura, economía, industria y comercio”.
Además, al no haber un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no se conocen las partidas destinadas a Canarias, por lo que, como ha explicado la consejera, se ha optado por mantener las recurrentes o las previamente acordadas. El incremento de los ingresos se sustenta en el crecimiento de los ingresos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y los tributos cedidos; además del incremento de otros ingresos tributarios.
De los 12.491 millones de euros de gasto, al Servicio Canario de Salud le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros. Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4% , con 2.313 millones de euros.
Por otro lado, el gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros, 62 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda refleja un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más.
También destaca el crecimiento de Transición Ecológica y Energía, con 454 millones de euros, un 44,8% de subida respecto al ejercicio anterior, es decir, 140 millones de euros más. Por el contrario, la mayor caída la registra Obras Públicas, Vivienda y Movilidad con un descenso de, prácticamente, 60 millones, debido a la distribución de los fondos del Convenio de Carreteras.
La comunidad autónoma, con la deuda pública en 6.680 millones de euros, es decir, un 10,4% del PIB, cumple con los compromisos con las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, la consejera ha vuelto a reclamar que el Gobierno central trasponga al ordenamiento jurídico español la nueva normativa disciplinaria europea, vigente desde abril de 2024, mucho más flexible que la que el Estado aplica a las comunidades autónomas y corporaciones locales. “Esta adecuación a la normativa europea permitiría flexibilizar la regla del gasto y destinar el superávit a paliar las necesidades de los canarios, situación que ahora nos está vetada”, ha recalcado Matilde Asián.
Modificaciones tributarias
En relación a la política fiscal, la preocupación del Gobierno de Canarias por el acceso a la vivienda de sus ciudadanos, se verá reflejada en la mejora de las deducciones fiscales para adquisición de vivienda habitual. Al respecto, el proyecto de presupuesto de 2026 fortalece las rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto de Transmisión de Patrimonio para adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad, la renta máxima para acogerse a las mismas, así como el importe de adquisición de los inmuebles. “El anterior nivel de renta hacía impracticable su aplicación y no estaba repercutiendo en la población. Por eso, lo que hemos aumentado y adaptado a la realidad, lo que va a permitir que se beneficie un mayor número de personas”, aclaró la consejera.
Respecto al IGIC para la adquisición de vivienda habitual, en el nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos, la edad de adquiriente sube hasta los 40 años y el importe máximo de la vivienda, hasta los 200.000 euros aunque aumenta en el caso de familias numerosas. La renta máxima para acogerse a estas mejoras aumenta de los 24.000 a los 46.445 euros, y de los 34.000 a los 61.770 euros, en el caso de tributación conjunta. En el caso del ITP, las rentas máximas de los adquirientes también suben hasta los 46.445 euros, pudiendo incrementarse en más de 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar.
Asimismo, entre las medidas de alivio fiscal, y que afectan al IRPF, destaca la deflactación de la tarifa autonómica en función de la evolución del IPC; es decir, se incrementan todos los tramos un 2,1%. También se incrementan los límites máximos de rentas para la aplicación de las deducciones autonómicas pasando de 45.500 a 46.455 euros, en tributación individual, y de 60.500 a 61.770 euros, en conjunta. También se crea una deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de entidades de nueva o reciente creación. En estos casos, la deducción es del 20% de inversión con un máximo de 4.000 euros anuales, o del 30% con un máximo de 6.000 euros anuales, si se trata de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación.
En cuanto a las medidas relacionadas con la salud, se incrementa el tipo de IGIC del 7 al 15% a las bebidas energéticas y se gradúan los tipos tributarios a aplicar a las bebidas refrescantes, en función del nivel de azúcares añadidos, que oscilará entre 3%, 5% o 7% de IGIC. También pasan a tributar a tipo 0% las camas hospitalarias al ser consideradas aparatos sanitarios.
En línea con la preocupación por la salud, se incrementa el tipo impositivo en determinadas modalidades del Impuesto sobre las labores del tabaco en cigarrillos y tabaco calentado. También se modifica la tributación de las bolsas de nicotina, que pasa de ad valorem a específico.
Se elimina además el AIEM sobre combustibles puesto que ya no se producen en Canarias, y se introduce de un tipo específico del 1% en el IGIC para gravar la entrega e importaciones de combustible, actualmente gravada a tipo 0. Y se introduce el aceite vegetal hidrogenado como biocarburante a tipo 0% de IGIC.
Además, la ley de Presupuestos de la CAC para 2026, prevé mantener la bonificación extraordinaria y temporal del precio final del combustible derivado del petróleo para las islas no capitalinas.
Plazos
El proyecto del Ley de los PGCAC, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de hoy, se entregará el próximo día 30 de octubre al Parlamento de Canarias para que comiencen los trámites necesarios para que el nuevo marco presupuestario entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026.
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