El Gobierno de Canarias ultima una Ley de Gobierno Abierto 'transformadora'

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ultima la redacción del anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto, que unificará la normativa de fomento a la participación ciudadana y de transparencia y acceso a la información pública, de 2010 y 2014, respectivamente.

El texto, que próximamente saldrá a información pública, se ha enriquecido con aportaciones de colectivos y asociaciones que han participado en las dos rondas informativas que se han celebrado por todas las islas.

La intención del Gobierno es que la nueva ley vaya mucho más allá de una refundición de textos y por ello incorpora importantes novedades que la convertirán en una norma transformadora, que la posiciona entre las más avanzadas de todo el país en la materia.

Así, el anteproyecto crea el Portal de Datos Abiertos de Canarias, que se concibe como una plataforma central del ecosistema de datos públicos, proporcionando acceso unificado a conjuntos de datos de todas las administraciones canarias en formatos abiertos, reutilizables e interoperables.

Contempla la creación de la Autoridad Canaria de Participación como institución específica de promoción y garantía de la participación ciudadana, que evaluará la calidad de los procesos participativos y proporcionará apoyo técnico a las administraciones públicas. Y, paralelamente, amplía las competencias del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que incluye nuevas funciones en materia de evaluación, formación, promoción y control de la actividad de los grupos de interés.

Respecto a los grupos de interés -también conocidos como lobbies- el anteproyecto de ley incorpora como novedad importante una regulación específica para la actividad de influencia sobre las decisiones públicas. Esta regulación responde a la creciente complejidad de los procesos de toma de decisiones públicas y a la necesidad de garantizar que la influencia de intereses organizados se ejerza de manera transparente, íntegra y respetuosa con el interés general.

Así, por ejemplo, la futura ley establece el registro obligatorio de los grupos de interés; la implantación de un código de conducta con estándares éticos específicos para la actividad de influencia y el concepto de huella normativa, que es la obligación de documentar públicamente qué contactos e influencias se han ejercido durante la elaboración de disposiciones normativas, proporcionando trazabilidad a los procesos normativos y permitiendo la evaluación ciudadana de la influencia ejercida por diferentes actores.

Este anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno de Canarias también establece, por primera vez, un régimen sancionador específico. En este sentido, en materia de transparencia se mantiene y perfecciona el régimen sancionador establecido en la legislación vigente, incorporando nuevas tipificaciones que respondan a las obligaciones ampliadas que establece la nueva ley.

En materia de participación ciudadana se tipifican como infracciones las conductas que obstaculicen, distorsionen o manipulen los procesos participativos, así como el incumplimiento de las obligaciones de promover y facilitar la participación ciudadana establecidas en la ley. Mientras que para los grupos de interés, se tipifican infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de registro, transparencia y conducta ética, que incluye desde apercibimientos hasta la exclusión temporal del registro para los casos más graves.

Para alcanzar sus objetivos, la ley incorpora nuevos instrumentos digitales de participación que aprovechan las potencialidades de las tecnologías digitales actuales sin renunciar a los valores y garantías de la participación presencial.

Así, contempla la creación de los Observatorios ciudadanos digitales, que constituyen espacios virtuales permanentes para el seguimiento ciudadano de políticas públicas específicas; los Presupuestos participativos digitales, donde se moderniza un instrumento clásico de participación mediante herramientas tecnológicas que facilitan la propuesta, evaluación y votación de proyectos ciudadanos, incorporando sistemas de geolocalización, evaluación técnica automatizada y seguimiento de la ejecución en tiempo real; y las plataformas de legislación colaborativa, que permiten la participación ciudadana directa en la elaboración de disposiciones normativas mediante sistemas que facilitan la propuesta de enmiendas, el debate temático estructurado y la síntesis de propuestas ciudadanas.

La ley potenciará, paralelamente, la participación presencial mediante instrumentos mixtos que combinan elementos presenciales con herramientas digitales complementarias, como los paneles ciudadanos permanentes o los laboratorios de innovación pública.

El texto normativo saldrá a información pública en las próximas semanas y podrá ser consultado en el portal web del Gobierno, en el apartado de Participación Ciudadana donde asociaciones y entidades podrán hacer sus aportaciones.

Bienestar Social reforzará su plantilla con más de un centenar de profesionales para mejorar la atención ciudadana

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, declarar el carácter excepcional en el ámbito de Bienestar Social para la ejecución de un programa de carácter temporal que permita la incorporación de personal funcionario interino de distintos grupos o escalas en diversas unidades administrativas de esta Consejería con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una respuesta más eficaz y efectiva de los sistemas de bienestar social.

En total se prevé la contratación temporal de 113 personas que permitirán mejorar la prestación de los servicios sociales, el desarrollo de la Estrategia canaria de Infancia, Adolescencia y Familia, el refuerzo de Inspección de centros y servicios de Menores, Mayores y Discapacidad, la mejora del sistema de información y atención a la ciudadanía, y el refuerzo de centros base. Este refuerzo de personal supondrá una inversión total de 14.314.483,96 euros.

Las contrataciones tendrán una duración temporal de tres años susceptibles de prórroga, previsiblemente desde el 1 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de octubre de 2028.

Mejora de la calidad de la prestación de los servicios sociales

El refuerzo de personal en este eje supondrá completar la transformación digital y la modernización de la prestación de servicios facilitando su autogestión; reducir los tiempos de espera en la resolución de los distintos expedientes: Renta Canaria de Ciudadanía, Pensiones no contributivas, subvenciones implementando mejoras de las aplicaciones con la inclusión de automatismos que permitan un avance más ágil en la tramitación; establecer acuerdos con los diferentes agentes implicados para la mejora de la interoperabilidad de los datos necesarios para la gestión de los diferentes procedimientos; reforzar la dimensión local de las políticas sociales y de participación, dando mayor protagonismo a estas entidades locales para la toma de decisiones sobre cuestiones que les afecte, llegando a acuerdos duraderos y continuos en el tiempo que acorten los plazos de tramitación en los expedientes de financiación local; garantizar la Igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios públicos de servicios sociales; mejorar el principio antidiscriminatorio en todas las acciones; aumentar los niveles de inclusión en todas las actividades o procedimientos; aumentar los niveles de digitalización; mejorar las Hospederías de las Casas del Mar, facilitando el acceso a la población vulnerable que lo necesite o Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Desarrollo de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia

Con el objetivo de garantizar la defensa, promoción y protección efectiva de los derechos de menores en Canarias, mediante el fortalecimiento y modernización del sistema público de atención a la infancia y la adolescencia; reforzar la capacidad operativa del personal para mejorar la atención a menores y familias y reducir cargas de trabajo; adaptar el sistema PLEYONE al Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia contra la Infancia, garantizando el cumplimiento de la LOPIVI y la interoperabilidad de los datos; elevar la calidad de la atención, mediante protocolos actualizados, formación y supervisión técnica; incrementar la visibilidad y accesibilidad institucional; reforzar la coordinación interinstitucional con salud, educación, justicia y administraciones locales, garantizando la integralidad de las intervenciones; fomentar el acogimiento familiar frente al residencial, hasta alcanzar el 70% de las medidas de protección, mediante acciones de sensibilización, captación y acompañamiento a familias acogedoras; o acompañar la actualización normativa autonómica, prestando apoyo técnico a la tramitación e implementación del Anteproyecto de la Ley Canaria de Infancia y Adolescencia.

Refuerzo de Inspección de centros y servicios de Menores, Mayores y Discapacidad

Para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas menores, mayores y en situación de discapacidad, usuarias de Centros y Servicios del sistema; propiciar un marco normativo actualizado, armonizado y seguro, para operadores, titulares y personas mayores, menores y en situación de discapacidad, usuarias de Centros y Servicios del sistema; o mejorar el conocimiento y la transparencia de los Centros y Servicios del Sistema, facilitando el acceso a la información pública.

Mejora del sistema de información y atención a la ciudadanía

Con la finalidad de mejorar la calidad de la atención ciudadana, garantizando una información clara, precisa y personalizada, reduciendo errores en la tramitación y aumentando la satisfacción de las personas usuarias, en coherencia con los compromisos asumidos en el Decreto 101/2025; acortar los plazos de respuesta en la consultas tanto telefónicas como presenciales reduciendo los tiempos de espera; o facilitar que la ciudadanía pueda acceder a las prestaciones sociales, evitando situaciones de desigualdad o exclusión por falta de orientación e información.

Refuerzo de centros base

Con el objetivo de reducir la lista de espera del reconocimiento y revisión del grado de discapacidad; promoción los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y entorno; o mejora de la supervisión en los servicios de atención residencial y atención diurna para personas con discapacidad.

El Gobierno invierte casi 300.000 euros en el desarrollo de obras hidráulicas de Tenerife y La Gomera

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy una modificación presupuestaria que permitirá destinar 299.518,82 euros a la ejecución de dos actuaciones hidráulicas en los municipios de El Rosario (Tenerife) y Valle Gran Rey (La Gomera).

La medida, promovida por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, se traduce en la concesión de dos subvenciones: una para mejorar la red de abastecimiento en el municipio tinerfeño y otra para construir una nueva estación de bombeo y ampliar la red de recogida de aguas residuales en Arure, en la isla de La Gomera.

El consejero del área, Manuel Miranda, destacó que estas iniciativas son un ejemplo de la relevancia que tiene “la colaboración entre administraciones insulares y municipales con el Gobierno de Canarias para poder seguir impulsando el ciclo del agua en el Archipiélago”.

El primero de los proyectos tiene como objetivo mejorar la red de abastecimiento en la calle Pedro Juan García Hernández y su conexión con el Depósito La Plaza, en El Rosario. La obra contará con una subvención de 168.859,53 euros por parte de la administración autonómica, a la que se sumará una aportación municipal de 27.811 euros, de forma que se cubra así el presupuesto total, que asciende a 196.671 euros. El objetivo es reducir pérdidas en la red y garantizar un mejor servicio a los vecinos de la zona.

El segundo proyecto beneficiado será la instalación de una estación de bombeo y la ampliación de la red de recogida de aguas residuales en Arure (Valle Gran Rey, La Gomera). Con una subvención de 130.659,29 euros, la actuación busca paliar las carencias existentes en depuración y tratamiento de aguas residuales en los núcleos dispersos del municipio, especialmente en Arure.

Planificación hidrológica hasta 2027

Miranda reiteró el compromiso del Ejecutivo regional con el impulso de “proyectos estratégicos que reduzcan pérdidas o mejoren la gestión de las aguas residuales, dos de los principales retos que afronta Canarias en materia de aguas”.

En ese contexto, la Consejería se puso como objetivo prioritario colaborar con los consejos insulares y cabildos para llevar a cabo la actualización de la planificación hidráulica de las siete demarcaciones insulares, que llevaba un retraso de tres años cuando se inició la legislatura y que hoy es ya una realidad gracias a la cual se ha evitado una sanción por parte de la Comisión Europea.

El Gobierno de Canarias aprueba la legalización territorial de cinco explotaciones ganaderas

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 6 de octubre, la legalización territorial de cinco explotaciones ganaderas en los municipios de Ingenio, Firgas y Arucas (Gran Canaria); Teguise (Lanzarote) y San Sebastián de La Gomera (La Gomera), de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, por la que se concede autorización a la actividad y a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

La medida supone un avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería y en este caso afecta a un total de 205 cabezas de ganado en las tres islas, fundamentalmente de bovino, caprino, ovino y equino, reforzando así la actividad ganadera en el archipiélago.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cinco instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La citada normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Estas autorizaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno se enmarcan en un plan de regularización impulsado por la Dirección General de Ganadería para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El Gobierno nombra a María Leonor Ferrer, directora de Relaciones con la Administración de Justicia

El Consejo de Gobierno de Canarias ha nombrado hoy a María Leonor Ferrer Sancho directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, cargo dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Sustituye en el cargo a Carmen de León Jiménez, que ha cesado a petición propia.

Leonor Ferrer es licenciada en Derecho por la Universidad de las Illes Balears. Ingresó en la Administración de Justicia en el año 1992 como Oficial de Justicia (actual Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa).

Ha desempeñado el cargo de Letrada de la Administración de Justicia en diversos órganos judiciales de la provincia de Las Palmas, incluyendo la Audiencia Provincial (Sección Penal), Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Social y Juzgados de Santa María de Guía, Gáldar y Arucas.

Es formadora del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) desde el 2020 en protección de datos y herramientas digitales y eficiencia relacionadas con la Administración de Justicia en el ámbito tecnológico.

Desde abril de 2017 ejerce como técnica en el Servicio de Modernización y Organización de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.