Un juez condenado por corrupción no puede volver a dictar lecciones de justicia

El asunto Salvador Alba no admite paños calientes. No hablamos de un error ni de un malentendido burocrático: hablamos de un juez condenado en firme por corrupción por haber cometido prevaricación, cohecho y falsedad documental. Hablamos de un togado que utilizó su cargo para urdir una trama contra una compañera de la judicatura, Victoria Rosell, con el único propósito de destruir su carrera y dinamitar su vida profesional.

Ahora, el mismo individuo pretendía ponerse la toga de la abogacía, en la misma plaza judicial donde cumple su inhabilitación, como si nada hubiera pasado. Eso no es un trámite administrativo, eso es una ofensa al sistema de justicia y un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.

El Consejo Canario de Colegios de Abogados ha hecho lo que otros no se atrevieron: poner freno a este disparate. Ha anulado la colegiación de Alba, concedida en marzo gracias a un informe caduco y a la interpretación acomodaticia de una normativa que ya no existe. Porque sí, mientras el Consejo General de la Abogacía miraba para otro lado y se agarraba a un estatuto derogado, el Colegio de Las Palmas llevaba desde 2016 blindando la profesión contra condenados por penas graves. Blanco y en botella.

Lo que está en juego aquí no es solo un carnet profesional. La abogacía exige algo más que conocimiento técnico: exige autoridad moral. Y Alba, condenado por manipular pruebas y vender la toga al mejor postor, no la tiene ni la tendrá jamás. Permitirle volver a ejercer habría sido una burla a la justicia, a los ciudadanos y, sobre todo, a su víctima directa, Rosell.

Y no olvidemos el lado humano: ¿alguien puede imaginar la revictimización que hubiera supuesto para Rosell tener que coincidir con su verdugo en los mismos pasillos judiciales? ¿Revisar escritos de quien la atacó desde un tribunal? Eso no es justicia, es tortura institucional.

Que quede claro: esto no va de ajustes personales, va de principios democráticos. Quien corrompe la toga no puede disfrazarse después de abogado honorable. Alba ya tuvo su oportunidad de servir al derecho y la prostituyó convirtiéndola en un arma de persecución política y personal.

Hoy, su regreso fracasa porque, al fin, alguien ha puesto orden. Pero no caigamos en la amnesia selectiva: la corrupción judicial no es un desliz administrativo, es la traición más sucia a la ciudadanía. Y la puerta de la abogacía debe permanecer cerrada, de por vida, para quienes la cruzaron manchados de esa forma.

Que no se engañe nadie: Alba no es un abogado frustrado, es un juez condenado por corrupción en busca de disfraz. Y en democracia, a los trileros de toga no se les da segunda oportunidad: se les señala para que nunca más vuelvan a sentarse en ninguna mesa de justicia.

Pedro Regalado