El exmagistrado Salvador Alba, condenado por conspirar contra la jueza Victoria Rosell, no podrá seguir ejerciendo como abogado en Canarias. El Consejo Canario de Colegios de Abogados ha anulado el alta que le permitía trabajar como letrado en la provincia de Las Palmas desde el pasado 17 de marzo, según informó CanariasAhora.
La resolución estima el recurso de alzada presentado por Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género y víctima de los delitos cometidos por Alba (prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental). El órgano profesional considera que el exjuez incumple “de manera flagrante” los requisitos del Estatuto General de la Abogacía Española de 2021 y de los estatutos del Colegio de Abogados de Las Palmas de 2016, que exigen carecer de antecedentes penales por delitos con penas graves.
La condena de Alba, firme desde noviembre de 2021, le impuso seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, entre ellas 15 años de inhabilitación especial como juez, sanción considerada “pena grave” por el Código Penal. Actualmente cumple su condena en régimen de tercer grado.
El Consejo Canario desmonta los argumentos del Consejo General de la Abogacía, que había avalado la colegiación basándose en un estatuto anterior más laxo (2001). Subraya que Alba causó baja en 1995 en el Colegio de Córdoba, por lo que su solicitud era un alta nueva, sin derecho adquirido alguno, y que además el Colegio de Las Palmas ya prohibía estas incorporaciones desde 2016, antes de la norma estatal.
La resolución también destaca el perjuicio moral y profesional que supondría para Rosell la colegiación de Alba, ya que ambos ejercen en el mismo partido judicial. De permitirse, la magistrada podría verse obligada a valorar escritos de su agresor o abstenerse en causas, una situación que el Consejo califica de revictimización.
El alta de Alba queda anulada con efectos retroactivos desde marzo de 2025, aunque se mantendrán válidos los actos realizados hasta la fecha de la notificación para no afectar a terceros de buena fe.
La decisión es definitiva en vía administrativa. Alba tiene ahora dos meses para presentar recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Las Palmas.
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