El Gobierno de Canarias abre este lunes la convocatoria del Bono Alquiler Joven 2025

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada hoy, de que el Ejecutivo, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha abierto el plazo para solicitar el Bono de Alquiler Joven 2025, una ayuda dirigida a personas de entre 18 y 35 años con el fin de facilitar el acceso a la vivienda y apoyar los procesos de emancipación. La convocatoria estará disponible entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre de 2025 y permitirá recibir hasta 250 euros mensuales durante un periodo de 24 meses. Además, las personas que ya cuentan con un contrato de arrendamiento desde el 1 de enero de 2024 podrán beneficiarse de la subvención con carácter retroactivo.

La iniciativa, que es gestionada por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), cuenta con un presupuesto global de 10,6 millones de euros procedentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7410

Entre los requisitos básicos para acceder al bono se encuentran la acreditación de residencia legal en España, disponer de ingresos regulares que no superen tres veces el IPREM anual y figurar como titular o cesionario de un contrato de arrendamiento en el Archipiélago. El importe máximo de la renta mensual dependerá del municipio de residencia, con límites fijados en 900, 750 o 600 euros según la zona, mientras que en el caso de alquiler de habitaciones los topes serán de 450, 375 o 300 euros respectivamente.

El abono de la subvención se realizará de manera semestral tras la justificación del pago del alquiler, aunque en aquellos casos en que la solicitud se presente con efectos retroactivos podrá abonarse directamente en el momento de la concesión, siempre que se acrediten los recibos correspondientes.

Convenio con el Cabildo de Lanzarote

En Lanzarote, el convenio firmado entre el ICAVI y el Cabildo insular incluye una aportación de 1,4 millones de euros por parte del Cabildo, que permitirá reforzar la cobertura de la ayuda en la isla y aumentar el número de jóvenes beneficiarios.

La aportación del Cabildo se integrará en la gestión ordinaria que realiza el Instituto Canario de la Vivienda, lo que permitirá optimizar la tramitación, evitar duplicidades administrativas y asegurar una gestión coordinada y transparente de los fondos públicos.

El Gobierno aprueba definitivamente el proyecto del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha dado cuenta, en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada hoy, sobre el proyecto de construcción del tercer carril de la autopista TF-5, entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte, sentido Santa Cruz de Tenerife, que ha sido aprobado de manera definitiva. La decisión ha sido adoptada tras un exhaustivo proceso técnico y administrativo que garantiza la viabilidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 66.401.344,71 euros, IGIC incluido, forma parte del convenio de cooperación suscrito en 2017 entre la Consejería y el Cabildo de Tenerife para la mejora de la TF-5. Desde entonces, se han seguido todos los procedimientos legales y técnicos, incluyendo informes favorables de supervisión técnica, medioambiental, de expropiaciones y de seguridad y salud, asegurando que la obra cumpla con la normativa vigente en materia de construcción, carreteras, patrimonio cultural y gestión de residuos.

Sobre el proyecto

El tercer carril de la TF-5 permitirá aliviar la congestión en uno de los tramos más transitados de la isla, mejorando la seguridad vial y la fluidez del tráfico, especialmente en sentido Santa Cruz de Tenerife, donde se ampliará la capacidad de la vía. La obra también incorpora estrictos controles de calidad y medidas ambientales para minimizar el impacto durante su ejecución y garantizar la sostenibilidad del entorno.

Con la aprobación definitiva del proyecto, el siguiente paso será el inicio del expediente de contratación y la licitación de las obras.

Tercera adenda del Convenio de Carreteras 2018-2027

Asimismo, el consejero responsable del área ha informado al Consejo de Gobierno de la firma con el Estado de la tercera adenda del Convenio de Carreteras 2018-2027, ampliando su vigencia hasta 2030 y permitiendo mayor flexibilidad en la gestión de inversiones. La actualización asegura la finalización de los proyectos en toda la red viaria del Archipiélago, incorpora actuaciones pendientes del convenio de 2006, y autoriza la redistribución de remanentes.

Con esta adenda, se consolida la ejecución de obras en todas las islas, se garantiza la culminación de los proyectos ya adjudicados y se prepara la licitación de las actuaciones restantes antes de final de año. Además, se elimina la cláusula que impedía la firma de nuevas adendas, reforzando la planificación a medio y largo plazo y sentando las bases para el próximo Convenio Canarias-Estado.

En lo que va de 2025, Canarias ha recibido dos libramientos por un total de 73,3 millones de euros, superando el 43% de ejecución y manteniendo comprometido más del 73% del presupuesto total del convenio. Esta actualización refuerza la conectividad, la seguridad y la movilidad en todo el Archipiélago, consolidando la inversión estatal en la infraestructura de transporte en Canarias.

El Gobierno activa en Fuerteventura una instalación provisional en La Herradura para evitar apagones

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado avanzar en la tramitación de una nueva planta de generación de emergencia en la isla de Fuerteventura, como parte de las medidas extraordinarias ya anunciadas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago y evitar posibles apagones, consecuencia de la declaración de emergencia energética del 2 de octubre de 2023.

La instalación será gestionada por Disa y se activará únicamente en caso de necesidad, ante un riesgo real de apagón, garantizando siempre la seguridad de la población. Una respuesta provisional, segura y sin coste para Canarias. 

Esta actuación se ha trabajado de manera coordinada con el Cabildo de Fuerteventura para encontrar la mejor ubicación posible, así como con el ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Este avance se suma a la reciente aprobación de otros dos proyectos, también en Consejo de Gobierno, para la isla de Tenerife, con las plantas que se ubicarán en el polígono industrial de La Campana (9 MW) y el polígono industrial de Granadilla (14,8 MW) a cargo de las empresas Sampol y Disa respectivamente. Todos ellos en el marco de las acciones anunciadas para hacer frente a la emergencia energética actual. 

Este es un paso más en su trámite administrativo, que llevará después a su autorización definitiva por parte de la Dirección General de Energía y posterior instalación. 

Una respuesta transitoria y segura

La planta ubicada en La Herradura, de nombre “Mezque”, ha sido diseñada como infraestructura modular, móvil y provisional, adaptada a la naturaleza de las soluciones de emergencia energética. Su objetivo es aportar capacidad de respaldo en momentos críticos del sistema, operar solo en situaciones puntuales y garantizar un suministro seguro en la isla de Fuerteventura.

Además, los grupos de generación cumplirán con la normativa ambiental vigente, incluyendo sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) que garantizan la reducción de emisiones y un funcionamiento dentro de los estándares más exigentes.

Para la isla de Fuerteventura, donde el déficit actual manifestado por el operador del sistema (REE) es de 50 MW, esta instalación, junto con otra de características similares, ubicada también en Puerto del Rosario y en la que se está trabajando en su autorización, -como ya se ha anunciado con anterioridad- darán una cobertura de 30 MW de potencia, lo que equivale al 60% del déficit de la isla, señalado por el operador del sistema (Red Eléctrica). 

Esta medida de emergencia se suma a otras actuaciones en marcha en Fuerteventura, como el desmantelamiento de la central de El Charco o el desarrollo de Zurita, que permitirán modernizar el sistema eléctrico de la isla, reducir su vulnerabilidad en el futuro y cumplir con reivindicaciones históricas de la isla de Fuerteventura.

El proyecto, en detalle

La planta contará con 8 grupos de generación, con un total de 15 MW, alojados en módulos provisionales y adaptados a los estándares ambientales más estrictos. La inversión, de 24,5 millones de euros, será financiada íntegramente por el Gobierno de España.

La inversión prevista por la empresa DISA, se aplicará a un diseño modular y provisional que permitirá un montaje y desmontaje ágil, de acuerdo con la naturaleza de este tipo de soluciones de emergencia.

Los grupos de generación incorporan un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) para garantizar el cumplimiento de la estricta normativa de emisiones aplicable a este tipo de instalaciones.

La electricidad evacuada se conectará a la subestación de transporte de Red Eléctrica de España denominada Puerto del Rosario, a través de una línea subterránea de unos 450 metros de longitud.

El Gobierno toma en consideración el proyecto de ley por la que se creará la Agencia Canaria de Salud Pública

El Consejo de Gobierno tomó en consideración y dio su conformidad, este lunes, al informe presentado por la Consejería de Sanidad sobre la oportunidad, objetivos y principios generales del proyecto de ley de Salud Pública de Canarias.

Con la aprobación de este informe preceptivo, se avanza en la tramitación de la citada norma de rango autonómico que contempla la creación de la Agencia Canaria de Salud Pública, con la finalidad de reordenar la estructura del Sistema Canario de la Salud.

Esta reordenación se sustenta en tres motivos de oportunidad: los de potenciar las actuaciones en salud pública en Canarias, alinear su estructura organizativa con los modelos más avanzados del país y simplificar la tramitación administrativa.

El Sistema de Salud Pública de Canarias y la Agencia Canaria de Salud Pública previstos en el proyecto de ley se regirán por el principio de salud en todas las políticas y por un enfoque basado en los determinantes sociales de la salud.

Contempla priorizar la orientación comunitaria de la salud, la participación activa de la sociedad civil y de los movimientos sociales y fortalecer las funciones esenciales de la salud pública, como son las de prevención y promoción, detección precoz y alerta temprana, vigilancia y respuesta eficaz ante emergencias sanitarias, epidemias y pandemias.

Entre los objetivos del proyecto de ley, se incluyen los de proteger, promover y mejorar la salud de la población de Canarias, tanto en el ámbito individual como en el colectivo; reforzar la gobernanza en salud pública y actuar sobre los determinantes subyacentes de la salud para prevenir enfermedades, lesiones y discapacidades.

Asimismo, prevé dotar a las islas de un Sistema de Salud Pública articulado en red, con capacidad para ofrecer prestaciones y servicios integrales y garantizar la equidad territorial.

En cuanto a la Agencia Canaria de Salud Pública, la define como un organismo autónomo con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y financiera, en la vigilancia, la evaluación y la planificación para la correcta ejecución de las políticas de salud pública por las distintas administraciones, entidades y organismos.

La iniciativa legislativa se fundamenta, entre otros, en los principios de universalidad, equidad e igualdad, gobernanza democrática y transparente, intersectorialidad y coordinación interinstitucional.

La futura ley permitirá dotar a Canarias de un marco normativo moderno y coherente que reforzará la capacidad del sistema canario y de las administraciones públicas para anticiparse y responder a los retos en materia de salud pública.

El Gobierno aprueba el gasto para correcta atención de 849 personas curateladas por la fundación FUCAS

El Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en Consejo de Gobierno, la realización del gasto relativo a la segunda prórroga del encargo a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), para la atención a las personas mayores con discapacidad cuya tutela/curatela ha sido designada por sentencia judicial firme, por un importe de 956.156,40 euros, por lo que el coste total de dicho encargo y las dos prórrogas realizadas en el año 2025 asciende a un total de 3.877.981,67 euros.

El acuerdo, que incluye dar cuenta del acuerdo adoptado al Parlamento de Canarias, permitirá que FUCAS, como fundación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, continúe ofreciendo servicios de apoyo a las personas mayores con discapacidad curateladas por Bienestar Social. Además de este servicio, la entidad se encarga de la gestión de algunos centros y servicios; y gestiona la enconmienda para valoración de la discapacidad, todos ellos servicios dirigidos a personas en situación de especial vulnerabilidad, a través de apoyos profesionalizados y un acompañamiento activo en los ámbitos social, educativo y sociosanitario.

La curatela de personas se produce cuando son personas con necesidades de apoyo que no son cubiertas ni por ellas ni por su entorno familiar, por lo que son los tribunales de justicia los que asignan la curatela y las medidas de apoyo que debe aportar la Consejería de Bienestar Social, que tiene asignada esa función en FUCAS. Las sentencias evalúan la situación de la persona y determina la necesidad de medidas de apoyo por parte de la Administración pública.

En la actualidad, la Fundación atiende a un total de 849 personas que, por sus diversos perfiles, han pasado a estar bajo la curatela de la Administración pública. De esta cifra, 311 personas tuteladas son mayores. La media mensual de personas que pasan a estar bajo la tutela del Ejecutivo canario a través de la Fundación es de 20 personas.

El Gobierno aprueba una unidad administrativa temporal para implantar la estrategia de integridad institucional

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha aprobado la creación de una Unidad Administrativa Temporal de Integridad Institucional, adscrita a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. Su finalidad es la elaboración de la estrategia para la implantación de un sistema de integridad institucional en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como marco de trabajo dirigido a establecer un conjunto de principios, normas, procedimientos y mecanismos diseñados para promover la transparencia, la ética, la responsabilidad y la lucha contra la corrupción en la Administración Autonómica.

El Sistema de integridad institucional debe crear una cultura organizacional basada en la integridad, la ética, la transparencia y la responsabilidad, promoviendo y contribuyendo, así, a fortalecer la confianza en nuestra institución tanto interna como externamente. Para la consecución de estos objetivos, la Unidad tendrá un periodo estimado de vigencia de tres años y contará con cinco puestos de trabajo, con un coste estimado en 858.684 euros, incluida a la seguridad social.

Esta Unidad, con el personal autorizado, estará operativa del 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2028, con posibilidad de prórroga mediante acuerdo de Gobierno si fuera preciso para culminar el trabajo encomendado.

Los puestos de trabajo de la Unidad Administrativa Temporal tendrán naturaleza coyuntural, no siendo incorporados de forma permanente en la relación de puestos de trabajo.