Servicios sociales y presupuestos

En el corazón de cualquier sociedad avanzada y cohesionada reside un principio fundamental: la protección de sus miembros más vulnerables. Esta red de seguridad, tejida a través de los servicios sociales, constituye el indicador de nuestra humanidad colectiva. No obstante, esta red se está debilitando. El hilo que la sostiene, la financiación, se deteriora año tras año, sumiendo a miles de personas en la incertidumbre y dejando a los profesionales en una lucha constante contra la precariedad. La falta de presupuestos no es solo un tecnicismo administrativo; es una condena silenciosa que paraliza la maquinaria de la solidaridad.

Un reciente informe elaborado por asociaciones de directivos y gerentes de servicios sociales de toda España y que no es solo un documento técnico; es un testimonio desgarrador de la realidad que se vive en los centros de servicios sociales, en las unidades de trabajadores familiares y en los despachos donde se toman decisiones imposibles. El diagnóstico es unánime y devastador. El informe detalla con precisión cómo la falta de presupuestos estables y adecuados obliga a los gerentes a convertirse en “magos de la escasez”. Su labor ya no se centra en innovar y mejorar, sino en sobrevivir.

En nuestro país, el derecho a recibir ayuda y protección en momentos de necesidad es un pilar fundamental de nuestra convivencia. Sin embargo, la solidez de este pilar depende enormemente de un factor que varía drásticamente según el territorio: la inversión que cada comunidad autónoma destina a sus servicios sociales. Un análisis de los datos presupuestarios revela un país a varias velocidades, donde la garantía de los derechos sociales está sujeta a la voluntad política y la capacidad económica de cada territorio. Es un reflejo de las desigualdades, y las cifras no mienten.

Ciertos territorios cuentan con una tradición consolidada de fuerte intervención pública y colaboración con el tercer sector, mientras que en otros predomina un modelo más residual. Esta disparidad conlleva la creación de una ciudadanía de primera y de segunda en términos de derechos sociales, donde el lugar de residencia determina la calidad y la intensidad de la protección recibida en los momentos más críticos de la vida. Esta situación erosiona el principio de igualdad que debería guiar la acción de las instituciones públicas y perpetúa las desigualdades territoriales.

La situación actual, con una inversión tan dispar, resulta insostenible e injusta. Se requieren mecanismos que corrijan estas diferencias y garanticen un mínimo común de servicios sociales en todo el territorio nacional. Para los y las gerentes de Servicios Sociales, esto implicaría: reforzar el Sistema de Financiación Autonómica para que incluya criterios claros que compensen a las comunidades con menos recursos y mayores necesidades, y establecer unos estándares mínimos de cobertura y calidad en todo el país, definidos por ley y financiados de manera suficiente.

Las comunidades autónomas del norte de España, como el País Vasco y Navarra, suelen liderar históricamente la inversión por habitante en servicios sociales, a menudo duplicando e incluso triplicando la cifra de comunidades con menor inversión. Esta robustez financiera se traduce en una cartera de servicios más amplia, mejores prestaciones y menores listas de espera. Por otro lado, las comunidades autónomas con mayores desafíos socioeconómicos o con una fiscalidad más débil, como algunas del sur de España o insulares, se ven a menudo lastradas por una doble carga: una demanda de servicios sociales más alta y unos recursos propios más limitados para afrontarla, creando un círculo vicioso de necesidad infraatendida.

A pesar del incremento de los presupuestos de las Comunidades Autónomas en 9.753,1 millones de euros en 2024, el presupuesto destinado a políticas sociales se redujo en 2.364 millones de euros. Esto supone una disminución de 8 puntos porcentuales en la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales desde 2010, cuando representaban 2 de cada 3 euros del presupuesto.

Por lo tanto, la voluntad política de cada gobierno autonómico para priorizar los servicios sociales frente a otras partidas, como infraestructuras o promoción económica, es decisiva. Dos comunidades autónomas con capacidad económica similar pueden presentar niveles de inversión muy distintos en servicios sociales. Invertir en servicios sociales es invertir en dignidad, igualdad de oportunidades y en la prevención de fracturas sociales más profundas. El mapa actual de la inversión muestra que España está fallando en este empeño. Corregir esta deriva no es solo una cuestión de presupuestos, sino una obligación ética y democrática...desde la acera de enfrente

Gregorio Viera Vega fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Telde.