Controles antidopaje en la lucha canaria

Lo que no se quiere mirar

El silencio institucional sobre la salud de los luchadores contrasta con el discurso de modernización del deporte

“La lucha canaria se aproxima y equipara a los deportes modernos profesionales.”
— Declaración reciente del Director Técnico de la Federación de Lucha Canaria.

Esta afirmación ha sido difundida con entusiasmo en redes sociales, como parte de un discurso institucional que habla de modernización, espectáculo y profesionalización. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es otra.

Durante años se ha asumido —yo mismo lo he hecho— que no se realizan controles antidopaje en la lucha canaria por falta de recursos. Que no hay dinero. Que no es prioritario. Que, por tratarse de un deporte autóctono, bastan otras formas de control y ética.

Ese argumento pudo ser comprensible en otro tiempo. Pero ya no.

Hoy sabemos que hay recursos para campañas de imagen, exhibiciones y actos promocionales, pero no para garantizar lo esencial: la salud y la seguridad de los luchadores.

En un artículo anterior (“De la Plaza de Callao a la realidad de nuestros terreros”, 1 de junio), ya advertía sobre la inversión en escaparate mientras desaparecen equipos y la base se resiente. Ahora es necesario sumar otro dato preocupante: la ausencia total de controles médicos y antidopaje, incluso en competiciones oficiales.

Y no hablamos solo del dopaje como problema de laboratorio. Hablamos de riesgos físicos reales, lesiones, desigualdad entre competidores y vulneración de derechos. Porque no se puede hablar de lucha limpia si no hay condiciones limpias.

Este vacío deja a nuestro deporte expuesto a la sospecha, al descrédito y, lo que es más grave, al daño físico de sus protagonistas.

Además, no se trata de un olvido reciente. Desde al menos 2020, no se está cumpliendo el artículo 1.1.10 del reglamento de la Federación, sino todo, pero si gran parte de él y que obliga a pasar revisión médica para obtener la ficha federativa. Un requisito básico que hoy se ignora con absoluta normalidad.

¿De qué sirve hablar de modernización si ni siquiera se cumple con lo más elemental?

La responsabilidad de este abandono no es solo federativa. También alcanza a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias y, en última instancia, al Consejo Superior de Deportes del Estado español. Porque se trata de salud pública, de integridad institucional y de respeto al deportista.

Hablar de lucha limpia y de valores sin controles efectivos es puro decorado. La ética no se declama: se garantiza.

Y aquí corresponde señalar a quienes ostentan responsabilidades. El Director Técnico de la Federación, según el artículo 31º de los Estatutos, no es una figura de representación simbólica. Participa en los órganos de decisión, con voz activa, y tiene la obligación de velar por el cumplimiento del reglamento y la protección de los luchadores.

Si la lucha canaria realmente quiere aproximarse a los deportes profesionales, debe hacerlo con rigor, legalidad y cuidado humano. No con discursos vacíos.

Porque no basta con organizar ligas, torneos y competiciones. Hace falta mucho más: condiciones dignas, compromiso con la salud, y responsabilidad institucional.

Este artículo no es una denuncia personal, sino un llamado a la conciencia colectiva.

Porque defender la lucha canaria también es defender la verdad, la salud y la igualdad.

Dentro del terrero… y fuera de él.

José Trujillo Artiles, Barranquera IV-exluchador, mandador, dirigente y divulgador de la Lucha Canaria.