
La Lucha Canaria, libre e independiente, ha encontrado siempre en esa libertad la fuente de su poder
Desde hace décadas, la Lucha Canaria ha sido víctima de decisiones políticas ajenas al sentir del terrero. Dos casos emblemáticos —el de Juan Enrique, en el pasado, y el de Francisco Rivero, más recientemente— demuestran cómo el poder político ha interferido en procesos democráticos internos, ignorando la voluntad de clubes y luchadores.
Ambos casos terminaron en los tribunales, que fallaron a favor de los afectados. Pero la justicia llegó tarde. Mientras tanto, se impusieron comisiones gestoras sin respaldo legal, se ignoraron elecciones legítimas y se paralizaron proyectos esenciales: el Colegio de Árbitros, el programa de inclusión femenina, la introducción de la lucha en los colegios, los controles médicos y el Tagoror, ese espacio donde las viejas glorias mantenían viva nuestra memoria.
Todo por decisiones tomadas desde arriba, sin respeto a nuestros Estatutos ni a la soberanía de la Asamblea General, donde se escucha la voz de todos los estamentos. Un ejemplo reciente: el cambio del anillo simbólico por un reloj sin alma ni historia, impuesto sin consulta y con desprecio por el valor de nuestras tradiciones.
Todos estos proyectos y símbolos fueron aprobados democráticamente en la Asamblea General de 2020, como parte del Plan de Actuación. Sin embargo, quedaron en el limbo de los justos.
La Lucha Canaria no puede ser controlada por intereses partidistas. Nació del pueblo y al pueblo pertenece. No nos oponemos a caminar junto a la política, pero sí a que esta nos marque el rumbo.
Yo, como muchos, creo en una lucha justa, democrática y libre de injerencias. Y no dejaré de decirlo.
Soy plenamente consciente de lo que digo y de lo que puede costarme… Pero no voy a callar, porque todo lo que hemos luchado para llegar hasta aquí merece ser defendido con dignidad.
José Trujillo Artiles, Barranquera IV, exluchador.
























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