La cruel realidad de la dependencia y la discapacidad en Canarias

Hablar de políticas sociales en Canarias, especialmente en lo que respecta a la discapacidad y la dependencia, es hablar de un fracaso sostenido, de una deuda moral que el Gobierno de Canarias sigue sin saldar con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Como militante de Nueva Canarias-Bloque Canarista, no puedo ni quiero callar ante la pasividad institucional que condena a miles de familias al abandono, a la desesperación y al maltrato burocrático.

Esta crítica no la hago desde la teoría, sino desde la experiencia personal. Mi madre, una mujer con movilidad más que reducida a causa de una enfermedad degenerativa, no ha logrado ser reconocida con un Grado III de dependencia. Según los baremos oficiales del Gobierno de Canarias, no alcanza el nivel más alto de atención. Pero lo que esos fríos informes no reflejan es la cruda realidad de su día a día: no puede levantarse sola, no puede vestirse sola, no puede realizar las tareas más básicas sin ayuda constante.

¿Cómo es posible que un sistema que se supone está diseñado para proteger a quienes más lo necesitan, decida que mi madre —como tantas otras personas en su misma situación— no cumple los requisitos para tener acceso a los cuidados que con urgencia necesita?

La respuesta es dolorosamente clara: los baremos no están hechos para valorar la dependencia, están diseñados para limitar derechos, para restringir el acceso a recursos, para contener el gasto en lugar de atender a las personas. Es una política deliberada de exclusión disfrazada de procedimiento técnico. Y eso, simplemente, es inhumano.

Lo que estamos viviendo muchas familias en esta tierra no es un fallo aislado, sino el reflejo de un modelo político que ni entiende ni quiere entender la realidad de la discapacidad en Canarias. Un modelo que sigue reproduciendo estructuras centralistas, sin sensibilidad canaria ni enfoque comunitario. Un modelo donde el presupuesto se sube en los papeles, pero no se ejecuta ni se traduce en mejora real para las vidas de quienes más lo necesitan.

Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, lo decimos con claridad: basta de maltrato institucional. Basta de condenar a las personas con discapacidad y dependencia a la invisibilidad. Necesitamos un cambio profundo que pase por baremos justos, evaluaciones humanas, presupuestos ejecutados con rigor y una atención pública que respete la dignidad y autonomía de cada persona. Porque cuidar no es una opción política, es una obligación ética.

Y porque quienes construimos esta Canarias día a día —personas como mi madre, como tú, como yo— no merecemos un sistema que nos abandona, sino un gobierno que nos cuide y nos represente.

Diego Fernando Ojeda Ramos fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.