Propano en la costa: los riesgos invisibles de la nueva planta de DISA

En Salinetas, una zona costera que muchos asociamos con paseos al atardecer, brisa marina y comunidades tranquilas, se proyecta una instalación que, de llevarse a cabo, cambiará no solo el paisaje, sino también la percepción de seguridad de sus habitantes. Hablamos de una planta eléctrica de emergencia que almacenará, a escasos cientos de metros del mar y de núcleos poblados, más de 700 toneladas de gas propano.

Una decisión de tal magnitud, aunque pueda esconderse tras tecnicismos, toca directamente a las personas: a quienes viven, trabajan o pasean por la zona. Por eso, más allá de los cálculos y memorias técnicas, merece una reflexión más humana, más amplia.

El volumen importa: 700 toneladas que no son cualquier cosa

La planta incluye dos tanques horizontales de 200 m³ y una enorme esfera de 1.000 m³ situada en un recinto adyacente, formando un sistema integrado de almacenamiento de propano. Para que nos hagamos una idea: hablamos de una capacidad equivalente a más de 30 camiones cisterna cargados de gas en una misma ubicación.

Y no se trata solo del volumen. El propano, en caso de fuga o incendio, puede provocar explosiones de alta intensidad (BLEVE, VCE). Las medidas de seguridad propuestas —rociadores de agua, sensores de gas, válvulas de alivio— son necesarias, pero ¿son suficientes? ¿Quién garantiza que un fallo humano, un imprevisto o un accidente externo no desencadene una tragedia?

El Plan de Emergencia que no está

La normativa europea y estatal obliga a que instalaciones con esta cantidad de gas desarrollen un Plan de Emergencia Exterior (PEE) coordinado con el ayuntamiento, el Cabildo y Protección Civil. Pero ese plan no aparece en la documentación del proyecto.

Esto no es un detalle menor. Significa que hoy, si la planta estuviera en funcionamiento y algo fallara, no habría un protocolo claro para evacuar, proteger o asistir a la población cercana. Y eso, en pleno siglo XXI, no es admisible.

¿Y si miramos a nuestro alrededor?

El emplazamiento propuesto no está en un polígono remoto del interior. Está en una zona costera, con una playa a menos de un kilómetro, viviendas, restaurantes, centros deportivos y escolares en las inmediaciones. A lo largo del año, miles de personas viven, trabajan o disfrutan de este entorno. ¿Hemos pensado en ellas?

Una planta de estas características —por muy silenciosa que parezca sobre el papel— modifica la vida cotidiana de una comunidad entera. Eleva la preocupación, condiciona la inversión en turismo o vivienda, y siembra una incertidumbre que no se evapora con promesas.

La seguridad no es una estadística, es un derecho

No pedimos milagros. Solo prudencia, humanidad y sentido común. Las decisiones energéticas deben partir de datos, sí, pero también de principios: la protección de la vida, del entorno, del bienestar colectivo.

Cuando hablamos de riesgos tecnológicos, no basta con decir que “todo está previsto”. Hay que demostrarlo. Hay que dialogar con la ciudadanía, incluir a los vecinos en las decisiones que les afectan, y garantizar que no se está comprando estabilidad técnica a costa de la tranquilidad de las personas.

Construyamos confianza, no tensión

Si DISA quiere ser parte del futuro energético de Canarias, tiene una gran responsabilidad: la de actuar con transparencia, con sensibilidad social y con vocación de permanencia, no solo técnica sino ética. Y si las autoridades quieren ser garantes del bien común, deben exigir que la seguridad no sea una promesa vaga, sino una garantía real y verificable.

Porque lo que se juega en Salinetas no es sólo un modelo energético. Es el tipo de sociedad que queremos construir: una que prioriza la vida, o una que acepta el riesgo como parte del paisaje.

Plataforma Salto a la Transición Ecológica