
Esta semana la diputada del Común, Lola Padrón, defendió el informe anual de la Diputación del Común correspondiente a 2024 ante el pleno del Parlamento de Canarias. Sin duda, tanto a nivel institucional como sonoro de cara a la sociedad, es el momento álgido de cada curso para este órgano de dependencia parlamentaria. Su informe se erige, a fin de cuentas, en una radiografía sobre los servicios públicos, los cimientos del Estado del Bienestar y, al fin, la sociedad canaria. Esto es, las luces y sombras que sobrevuelan al pueblo isleño en democracia y al compás de su autogobierno.
Lola Padrón, como cualquier diputado del Común anterior, tiene mucha más autoridad moral que potestad reglamentaria. Algunos echan en falta disponer de herramientas sancionadoras. Ese debate existe desde hace mucho. Sin embargo, la Diputación del Común es (y debe ser) la magistratura de la persuasión. Dicho de otra manera, sostener que haga falta potencialidad en multas y sanciones sería, puede ser, desmantelar la idea que entronca y da lugar a esta institución. La Diputación del Común ya no sería lo que es, sino otra cosa diferente en su naturaleza. Y para algo está la Fiscalía y la vía judicial ‘per se’. Vamos, que hay pugna argumental al respecto.
Con todo, en 2025 justo la Diputación del Común (la de la autoridad moral) cumple 40 años. Es mucho tiempo. Y será aún más, pues está como institución preservada en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Allá donde no ha estado consagrado en el texto estatutario, fue víctima de su aniquilación. Como ocurrió, hará una década más o menos, en Castilla-La Mancha; y su ciudadanía no tiene a donde dirigirse al respecto. Una pérdida de autogobierno que merma la democracia.
Lola Padrón repasó los hitos y grietas de la sociedad canaria. Numerosos reveses que el informe anual despunta, tienen ya carácter estructural en las islas. Es el caso, de largo, de la dependencia; donde el Gobierno de Canarias tarda cinco años para reconocer los grados, cuando tendría que hacerlo en seis meses. El informe anual es, a la postre, un instrumento muy valioso para conocer la realidad canaria. Y va modulándose al calor de los avances y retrocesos que tenemos como sociedad. Ese es su valor cualitativo. El número de quejas, que va en aumento, no lo explica todo; pues el día a día está inmerso en resolver dudas, visitas e inquietudes jurídicas que la ciudadanía plantea. Es lo más.
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