18M: La Dependencia de Canarias y la Ley de Dependencia en Canarias

Aunque a simple vista puedan parecer dos cuestiones distintas, la dependencia estructural de Canarias y la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestro archipiélago comparten una misma raíz: la falta de soberanía real para tomar decisiones que respondan a nuestras necesidades concretas.

Una dependencia que nos limita
Muchos se preguntan cómo abordar los problemas estructurales que lastran nuestro desarrollo como sociedad. Pero, en el fondo, todos sabemos dónde están nuestras verdaderas limitaciones: en una dependencia crónica del Estado español y de la Unión Europea. Una dependencia que, si bien en algunos momentos puede suponer un alivio o garantía, en muchos otros, se ha convertido en un lastre que nos impide avanzar.

Como territorio fragmentado y periférico, Canarias necesita normativas diferenciadas que respondan a su realidad específica. Sin embargo, seguimos rigiéndonos por el mismo marco normativo que el resto del Estado, lo que genera problemas estructurales y enquistados en la sociedad canaria. Un marco que impide, por ejemplo, regular la compraventa de viviendas destinadas a la especulación o al turismo vacacional en manos de grandes tenedores y que limitan nuestras opciones de acceder a una vivienda; que limita la contratación de empleados públicos en servicios esenciales y saturados; que permite el crecimiento descontrolado de las energías renovables sin planificación territorial y en detrimento de la soberanía alimentaria; o que mantiene el control de nuestros puertos y aeropuertos en manos ajenas, pese a su valor geoestratégico.

La otra cara de la dependencia: la humana
En el caso concreto de la Ley de Dependencia, este mismo corsé normativo se combina con una gestión política deficiente —cuando no directamente negligente—. Durante años, la aplicación de esta ley en Canarias ha estado marcada por la falta de inversión, la privatización encubierta y la ausencia de planificación. Pero sobre todo, por unas leyes estatales que impiden ampliar las plantillas del sector público, aun cuando la demanda crece sin parar.

El resultado: miles de personas dependientes siguen esperando una atención digna, mientras que sus cuidadores y cuidadoras —en su mayoría mujeres— soportan en soledad una carga que debería ser asumida colectivamente.

El 18 de marzo no es solo una jornada de denuncia. Es también una oportunidad para reflexionar sobre un modelo social que no funciona porque parte de una estructura de poder que no nos representa ni nos protege.

La dependencia que arrastramos como sociedad —política, económica, normativa— tiene consecuencias muy concretas en la vida cotidiana de miles de personas. Y hasta que no abordemos esa dependencia de raíz, difícilmente podremos construir un modelo justo, sostenible y adaptado a nuestra realidad.

Las personas en situación de dependencia y sus familias no necesitan guerras parlamentarias ni titulares vacíos. Necesitan dirigentes valientes, responsables y, sobre todo, sensibles a la dura realidad que viven cada día.

Mientras se sigue centrando el discurso en el fracaso del sistema de dependencia en Canarias, siguen esperando una intervención inmediata nuestros menores en situación de riesgo, nuestros jóvenes —que se ven obligados a marcharse de su tierra para encontrar un futuro mejor— y las personas con discapacidad, que no necesitan solo una tarjeta que los identifique: necesitan respuestas ágiles, acciones eficaces y el reconocimiento real de sus derechos.

¿Qué Canarias queremos?
Queremos una Canarias libre, autosuficiente, dialogante y capaz de buscar soluciones para la ciudadanía de forma conjunta y coordinada. Una Canarias que sepa aprovechar todo el potencial existente, no solo en los canarios y las canarias, sino también en los recursos propios de su tierra.

Pero para eso necesitamos algo esencial: una clase política centrada en el bien común, y no en usar la política como medio para el provecho de unos pocos.

Canarias tiene un límite. Y los canarios y canarias, también.

Yolanda Cívicos Santana, trabajadora social, valoradora del Servicio de Dependencia y portavoz de Intersindical Canaria.