Llamar al deber

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, pasó ayer por los micrófonos de COPE Canarias, donde estuvo a disposición de Roberto González para incurrir en una actualidad que pasa, en buena parte, en relación a los menores no acompañados. No hay forma, por mucho que se brinden las buenas intenciones. Se constata otro fracaso de la Conferencia Sectorial de Infancia. Y aquí no pasa nada. El calendario transcurre plácidamente y el problema se recrudece. O, lo que es lo mismo, de cara al lenguaje de la calle, los responsables públicos no hacen su tarea a la que se deben. Porque, a estas alturas, toca recordar a diario que la ciudadanía aguarda (como es debido) que los representantes institucionales, sean del color político que sean, se pongan de acuerdo a partir de sus legítimas discrepancias iniciales. En esto Cabello estará en concurrencia, mas la problemática reside en el ámbito estatal.

Esto es, una vez aprobada la reforma de la conocida como ley de extranjería, las comunidades autónomas se atrincheran para no acometer su deber legal. Sí, aunque parezca mentira, hay formas de escurrir el bulto. Y hay administraciones públicas que lo hacen. Pensarán que a la sociedad le es igual y, sin embargo, se acentúa el desapego político que merma, más temprano que tarde, la democracia. De hecho, ya vivimos una crisis de las instituciones. 

¿Estará realizado el reparto de menores no acompañados antes de que llegue el verano? A saber. Lo único claro, por ahora, es que hay responsables políticos decididos a poner cortapisas. No es normal que llevemos tanto tiempo con esto pendiente. Son 4.000 tutelados que esperan en Canarias, y otros 400 en Ceuta. En el primer caso, el PP es el segundo en el Ejecutivo. En el otro, directamente preside. Pero sus correligionarios mesetarios miran hacia otro lado. Cualquiera puede pensar que se trata de no aceptar algo que les duele porque electoralmente sobrevuela Vox, y así es, pero encima ya podemos decir que tampoco hay ánimo ante una crisis humana.

A todas estas, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, llamó recientemente a PSOE y PP a que efectúen la regularización del medio millón de migrantes en España. Y tiene pensado mediar para que los dos grandes partidos cumplan. No se trata de aceptar una inmigración sin control, ingenua, sino que hay que regularla, como manifiesta el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz. Más vale que antes se arregle, y pronto, la derivación a la península de los menores no acompañados. Es de recibo.