El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo de Gobierno, ha autorizado la realización del gasto, con cargo a la anualidad 2025, que conlleva las aportaciones dinerarias a favor de los ayuntamientos canarios para financiar parte de la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, en las cantidades consignadas en el Protocolo General de Actuación a suscribir entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), por importe 38.094.742 euros.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a iniciativa de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, proyectan suscribir un Protocolo General de Actuación, a efectos de que los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias puedan seguir dando continuidad a los programas que vienen realizando en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria con cargo a la anualidad 2025, todo ello en el marco del Plan Concertado de Servicios Sociales y Prestaciones Básicas Sociales.
A través de estos fondos, se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y a los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, entre ellos, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.
Canarias da respuesta a las universidades públicas con un nuevo acuerdo de compatibilidad para el profesorado
El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo que establece nuevas directrices para facilitar la contratación de profesorado sustituto a tiempo parcial en las universidades públicas canarias, con el objetivo de garantizar la cobertura docente en situaciones sobrevenidas y fortalecer el funcionamiento del sistema universitario en su conjunto, dando respuesta así a la petición de las instituciones académicas.
El acuerdo establece que esta figura contractual se asimila, a efectos de compatibilidad, al profesorado universitario asociado, lo que permitirá que personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma pueda compatibilizar determinadas funciones con tareas docentes a tiempo parcial. Esta posibilidad se aplicará caso por caso, respetando siempre el régimen vigente de incompatibilidades y sin modificar su marco legal.
La medida beneficiará al conjunto de las universidades públicas del archipiélago y permitirá atender con mayor agilidad las necesidades de profesorado, especialmente cuando se producen bajas o situaciones que requieren una respuesta inmediata. Tendrá, además, una incidencia especialmente positiva en centros donde las alternativas son más limitadas, como las Escuelas de Enfermería de Lanzarote y La Palma.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha explicado que “se trata de una medida útil y necesaria para dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades docentes, sin comprometer la calidad de la formación que ofrecemos en Canarias”.
“Este acuerdo pone a disposición de nuestras universidades una herramienta flexible para garantizar que las sustituciones se hagan con rapidez y rigor, algo fundamental para que el curso académico se desarrolle con normalidad en todas las islas, añadió.
Esta iniciativa ha contado con el respaldo técnico de los órganos responsables en materia de función pública, sanidad y calidad universitaria, y será trasladado a las áreas competentes para su aplicación.
El Gobierno de Canarias remite al Parlamento el proyecto de Ley para delimitar el asentamiento rural de Cofete
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el proyecto de Ley de delimitación gráfica del asentamiento rural preexistente de Cofete, y acordó su remisión al Parlamento de Canarias con la propuesta de tramitación en lectura única. El expediente ha sido impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, como solución transitoria para aportar seguridad jurídica a este tradicional núcleo de población, hasta que el Cabildo Insular de Fuerteventura apruebe el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía.
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha explicado que el debate de esta ley en lectura única “simplificaría considerablemente su tramitación con el objetivo de que esté vigente antes del verano”. Miranda ha señalado de que el documento da respuesta a un compromiso con los vecinos de este caserío que, con más de doscientos años de historia, quedó fuera de ordenación tras la anulación del anterior Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, confirmada por el Tribunal Supremo en el año 2013.
Como se recordará, la Ley 6/2009 de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial reconoció como preexistente este asentamiento rural, considerando en su disposición adicional novena su compatibilidad con el Parque Natural, tanto para este asentamiento como para la localidad del Puerto de la Cruz, en el mismo enclave, que sí fue delimitada y regularizada en su momento.
El Proyecto de Ley de delimitación gráfica de Cofete tiene como base la cartografía y ortofotos de 1994, año en el que el entorno se declaró Espacio Natural Protegido y se garantizó la compatibilidad de las edificaciones preexistentes. Esta normativa, que ha sido elaborada con el consenso del Cabildo Insular, el Ayuntamiento de Pájara y los propietarios, formará parte del futuro Plan Rector de Usos y Gestión que será aprobado por la corporación insular y recogerá de manera definitiva la delimitación del espacio y garantizará el equilibrio entre los intereses vecinales y la protección del medio natural.
La tramitación de la Ley en lectura única se aplica a aquellos textos cuya especial naturaleza o simplicidad de formulación así lo permita, acorta los plazos de su tramitación, tal y como establece el artículo 153 del Reglamento del Parlamento. Esto se consigue mediante la apertura de un plazo común de enmiendas a la totalidad y al articulado, y la omisión de los debates en ponencia y en comisión. Así, la iniciativa y, en su caso, las enmiendas presentadas se debaten y se votan directamente en el Pleno de la Cámara.
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