El Gobierno de Canarias impulsa la reforma de las leyes que regulan el turismo

El Consejo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, ha tomado este lunes en consideración la iniciativa para modificar las leyes que regulan la actividad turística en las islas, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, que van indefectiblemente unidas.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya que “el objetivo es establecer un marco normativo completo y actualizado, que aborde los retos del destino desde una perspectiva sostenible y tenga en cuenta la fragilidad del territorio insular y el bienestar de los residentes". La regulación tendrá que ser compatible con la realidad actual, además de incorporar o cambiar aspectos ya aprobados en la normativa estatal y autonómica, eliminando o corrigiendo las rigideces innecesarias y aquellas determinadas por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, la titular de Turismo apunta que “como consecuencia de la reforma de la Ley 7/1995 se producirán cambios sustanciales en la Ley 2/2013 porque ambos textos regulan aspectos comunes, de ahí que hayamos decidido actualizarlas para acercarlas a los ciudadanos y profesionales, además de simplificar las normas que regulan la actividad turística en las islas”.

De esta manera, la nueva ley abordará los retos de un destino maduro como Canarias desde la perspectiva de la sostenibilidad social, ambiental y económica. “El texto incorporará medidas para evitar o paliar los efectos de la problemática por la falta de vivienda para residencia habitual en las zonas turísticas atendiendo a las necesidades habitacionales de la población”, destaca De León.

Precisamente, esta situación motivó la aprobación el pasado mes de marzo del Decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico por el que se modifica la ley 2/2013 que anticipa algunas de las medidas más urgentes en el ámbito del uso del suelo y la reconversión de ciertos establecimientos de uso turístico con el fin de mitigar la situación habitacional y ofrecer seguridad jurídica a las personas afectadas por residir en zonas turísticas.

Además, a través de la futura norma deberá afrontarse el estatuto de municipios de gran afluencia turística y diferenciarlo de aquellos que, formando parte del destino Islas Canarias, no soportan los mismos niveles de prestación de servicios públicos ni de presión sobre el territorio. En este caso, deberán tener un protagonismo distinto en las políticas de infraestructuras y servicios prestados.

También prevé incorporar aspectos relativos a la renovación y modernización de zonas turísticas degradadas, atendiendo a estándares más exigentes del planeamiento y la edificación, en consonancia con las modificaciones del marco normativo europeo, estatal y autonómico.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa “cumplimos con la agenda que nos marcamos al inicio de la legislatura, la de renovar el bloque normativo de la actividad turística, que fijaba cuatro hitos legislativos, entre los que se encuentra la redacción de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que regula el alquiler vacacional, la modificación del decreto para desarrollar actividades de Turismo Activo, el primer reglamento para ordenar la modalidad de campings y acampadas y la reforma de la Ley 7/1995 y de la 2/2013”, concluye la consejera.

El Gobierno aprueba el decreto ley para agilizar las licencias de obras y facilitar la construcción de viviendas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas, una norma de carácter urgente destinada a resolver el grave problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias, y con la que se pretende dar un impulso decidido a la promoción de vivienda en las islas.

La nueva normativa ha sido elaborada conjuntamente por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y trabajada por ambos departamentos junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses, con el objetivo de obtener un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales, de aplicación directa, para aportar soluciones a este problema.

Este decreto introduce mecanismos de colaboración público-privada para la emisión de los informes técnicos preceptivos que forman parte del procedimiento de concesión de licencias urbanísticas. A partir de ahora, estos informes podrán ser elaborados no solo por los servicios técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración acreditadas.

Estos podrán ser encargados por el ayuntamiento o aportado por el promotor en la solicitud de licencia, en cuyo caso asumirá el costo del mismo, que no podrá exceder el valor de la tasa urbanística del proyecto. Aunque no será vinculante, el informe tendrá eficacia jurídica inmediata, sustituirá al informe municipal en los puntos favorables, no requiere de ratificación por técnicos municipales, y en caso de disconformidad o falta de cobertura, la Administración podrá completar el expediente.

El objetivo es dotar a los ayuntamientos de mayores recursos para poder actuar con agilidad, sin merma de sus competencias ni de la seguridad jurídica del procedimiento. En la práctica, cualquier promotor podrá obtener una licencia de construcción en menos de seis meses, un plazo muy inferior a los dos años de media que se tarda en la actualidad. Esta norma supone un paso decisivo para agilizar la gestión pública, reactivar la economía y responder con eficacia al reto de la emergencia habitacional que atraviesan las islas.

Además, el Gobierno prevé incentivar la aplicación de este nuevo decreto-ley con medidas específicas de apoyo para los municipios de reto demográfico, que se pondrán en marcha en las próximas semanas con la entrada en funcionamiento de la Oficina Virtual del Reto Demográfico.

Compromiso con la emergencia habitacional

El Decreto-Ley también complementa las medidas adoptadas en febrero de 2024, con la aprobación del Decreto-Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, incorporando ahora nuevas herramientas para el desarrollo de viviendas asequibles incentivadas, la reutilización de suelos terciarios para uso residencial y la ejecución anticipada de viviendas protegidas en suelos aún no urbanizados por completo, entre otros. Asimismo, se regula, por primera vez, el procedimiento de declaración de zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá aplicar las medidas previstas en la Ley estatal por el derecho a la vivienda (Ley 12/2023).

En el caso de la figura de la vivienda asequible incentivada, cuyo desarrollo convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en aplicarla, los promotores que participen en este programa recibirán beneficios urbanísticos y fiscales, siempre que cumplan ciertas condiciones, con el objetivo último de beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas.

La norma, que entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, responde a la necesidad urgente de garantizar que los procedimientos urbanísticos se resuelvan en plazos razonables, evitando demoras que afectan tanto a los derechos de la ciudadanía como a la actividad económica. Al reducir la burocracia y fomentar la construcción de viviendas asequibles, se están dando pasos hacia un futuro donde más ciudadanos puedan acceder a un hogar digno.

Aprobado el nuevo decreto que agilizará la tramitación de la dependencia en Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes 21 de abril el decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Canarias y acuerda solicitar al Consejo Consultivo de Canarias.

El decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.

En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.

“Esta medida -afirma la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado- logrará reducir las listas de espera en Dependencia, porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”.

Delgado ha recordado que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”.

La aprobación de este decreto culminaría una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas y las familias de dependientes.

Todo listo para activar la tarjeta acreditativa de discapacidad que beneficiará a 137.000 personas

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo este lunes 21 de abril, ha acordado a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la aprobación del decreto por el que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su obtención. La previsión de la Consejería es que este nuevo documento acreditativo beneficie inicialmente a unas 137.000 personas.

Según se expone en el texto que contempla la creación de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad en Canarias, podrán obtenerla las personas residentes en el Archipiélago que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, con el fin de dotarles de un instrumento útil no sólo para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada tal condición, sino también facilitar el acceso a los derechos de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona con discapacidad.

La Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad es un documento público, personal e intransferible que tiene como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular. La ventaja de este sistema es que podrá utilizarse a través de una app específica para llevar en el móvil con lo que se evita tener que llevar a diario el decreto de resolución de su grado.

Podrán ser titulares de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en igualdad de condiciones de género, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.