Hernández advierte de que los presupuestos de 2025 desatienden las infraestructuras judiciales

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) avisó este miércoles, en comisión parlamentaria, que los presupuestos canarios de 2025 desatienden las graves necesidades de las infraestructuras judiciales y evitan las tareas prioritarias en el colapsado sistema judicial del Archipiélago. La parlamentaria canarista Carmen Hernández advirtió además de que las cuentas del “pacto de las dos derechas canarias” tampoco son útiles para afrontar otros desafíos pendientes de la administración pública.  

Los presupuestos de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para el próximo año no afrontan las tareas prioritarias y los desafíos más relevantes, sostiene la formación. No pueden garantizar, según Carmen Hernández, exalcaldesa de Telde,, una administración de calidad, eficaz, eficiente y moderna. 

Mucho menos, añadió la diputada canarista, afrontar los problemas y necesidades crónicas del sistema judicial canario, lo que llevó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la última memoria anual, a denunciar el colapso del sistema. 

Con un aumento de 23,2 millones de euros con respecto a 2024, la parlamentaria de NC-BC reveló “recortes importantes” y rechazó con rotundidad que el Gobierno se escude en que no hay opciones para tener un mayor margen de gasto. Con una política fiscal “justa y progresiva, en lugar de bajar los impuestos a los más ricos, suprimir tributos a los herederos y aprobar nuestra tasa turística, saldrían los recursos” para disponer de unas cuentas con un mayor margen para desarrollar distintas políticas.

Criticó la disminución de las partidas para el Ministerio Fiscal, para la seguridad y las emergencias, la función pública, así como el mantenimiento del programa de promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Rechazó por “insuficientes” los fondos para el punto de encuentro familiar, así como el aumento de 1,1 millones de euros la asistencia jurídica gratuita para los procedimientos de Extranjería, competentes en materia migratoria.

La misma denuncia extendió Hernández a la partida para las mujeres que sufren violencia de género y para su asistencia jurídica gratuita, que se mantiene en relación a 2024.

Tras criticar el mantenimiento de las antiguas tarifas del turno de oficio cuando los procedimientos crecen, Carmen Hernández abogó por un mayor esfuerzo del gasto para la implantación de la mediación, “única” vía para afrontar la litigiosidad en Canarias, situada a la cabeza del Estado.

Incomprensible, prosiguió, el mantenimiento de las partidas del plan de igualdad y del programa de modernización de la administración judicial a pesar de estar obligados a implementar el expediente electrónico. El recorte del proyecto de memoria histórica también fue censurado por NC-BC.  

Con este presupuesto, insistió Carmen Hernández en que “no responde a los principales problemas y necesidades” del sistema judicial canario, como también denuncia cada año la Fiscalía. Citó la falta de espacio, de despachos para el personal, de medios tecnológicos y de equipos de videoconferencia. Los problemas de accesibilidad en todos los edificios judiciales continuarán, así como los precarios medios de control de acceso, vigilancia y seguridad, señaló la diputada. 

Con la disminución de tres millones de euros para las infraestructuras, en opinión de la portavoz canarista, las necesidades y deficiencias se agravarán. 

Urge, además, la contratación de más equipos psicosociales en todos los partidos judiciales, lo que es un “grave perjuicio” para las víctimas, y “sangrante” cuando son menores, tal y como recriminó. También exigió la puesta en marcha de las oficinas de atención a las víctimas de género en todas las demarcaciones y el refuerzo de los institutos de Medicina Legal y Forense de ambas provincias con más recursos humanos, ante “las más que graves demoras” en la emisión de los informes.