Turcón ve un supuesto delito de prevaricación en el Barranco de La Mina

El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ha intensificado su lucha por la preservación del Barranco de La Mina, en el municipio de la Vega de San Mateo, presentando un recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas tras la sentencia del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

La organización ecologista sostiene que el barranco se encuentra seco debido al entubamiento del agua, lo que consideran un indicio racional de la comisión de un ilícito penal.

Turcón-EeA ha expresado que la reciente aprobación del Plan Hidrológico de Gran Canaria reconoce la disminución del caudal ecológico en el Barranco de La Mina, y que nuevos documentos, como el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, refuerzan sus argumentos. Según el colectivo, el desvío de agua por parte de la Heredad de Aguas Las Palmas, Dragonal, Bucio y Briviesca, mediante el entubamiento de las aguas que antes fluían libremente por el barranco, ha causado un daño irreparable al ecosistema de la zona.

El grupo ecologista ha señalado que el entubamiento de las aguas viola las normativas de protección ambiental y podría constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, según el Código Penal español. Además, Turcón-EeA ha indicado que las subvenciones concedidas a la Heredad de Aguas para restaurar el caudal de agua en la zona no fueron utilizadas para su propósito, lo que podría implicar delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El Barranco de La Mina es uno de los pocos en Gran Canaria que mantiene un caudal continuo de agua, lo que ha permitido la creación de un ecosistema rico en biodiversidad. Sin embargo, el entubamiento del agua ha puesto en peligro este frágil equilibrio ecológico, desencadenando una serie de acciones legales y sociales en defensa del caudal ecológico.

Turcón-EeA ha sido un firme defensor del agua libre en los barrancos de Gran Canaria, logrando victorias judiciales en casos similares, como en los barrancos de Cernícalos y Guayadeque. La lucha por La Mina ha generado un movimiento social y vecinal en torno a los pueblos de Utiaca y La Yedra, con acciones de sabotaje a las tuberías que desvían el agua del barranco, aunque estas han llevado a sanciones judiciales para los miembros del colectivo.

El colectivo ecologista continúa su batalla legal y social para proteger el Barranco de La Mina y restaurar su caudal ecológico, apelando a la sensibilidad ciudadana y a la responsabilidad de las administraciones públicas para preservar este valioso recurso natural y su entorno.