CC presentará propuestas en Telde para atender la emergencia habitacional

Dar respuesta a la emergencia habitacional desde todas las administraciones públicas de forma coordinada y activa: Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y ayuntamientos de la Isla. Con este objetivo la diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Vidina Espino, la consejera portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, y el concejal de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, han informado que la organización nacionalista presentará este mes de julio mociones en los ayuntamientos grancanarios y en el Cabildo de Gran Canaria, así como una PNL en el Parlamento de Canarias, con una batería de iniciativas que busca dar solución a la problemática existente en materia de vivienda y que requiere a todas las administraciones que se impliquen y se apoyen en el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda.

Los nacionalistas hicieron hincapié en que ninguna administración puede mirar hacia otro lado en cuanto al problema de la vivienda y que todos deben aportar y sumar teniendo en cuenta sus competencias. Igualmente, puntualizaron que oponerse a la aplicación de las nuevas propuestas o del decreto, es oponerse, directamente, al derecho ciudadano de acceso a la vivienda.

Vidina Espino incidió en que tras la aprobación del decreto, se hace indispensable que todas las administraciones, tanto municipales como insulares, pongan de su parte para hacer uso de ese recurso “que facilitará la puesta a disposición de más inmuebles en el mercado, de forma mucho más ágil. Pero nosotros no nos quedamos ahí, hoy traemos propuestas que suman y que aportan al decreto, pues van en la misma línea”, comentó. 

Al mismo tiempo, la parlamentaria recalcó: “Canarias afronta desde hace años un grave problema de acceso a la vivienda, y esa es una de las principales preocupaciones que tenemos en Coalición Canaria, dar respuesta a todas esas familias y esos jóvenes o mayores que no tienen acceso a una vivienda adecuada para desarrollar su proyecto de vida” y detalló: “Para que se hagan una idea el registro de demandantes de vivienda no ha hecho más que crecer en los últimos años, ya son 25.000 familias registradas y muchas otras que no figuran en este registro oficial pero que igualmente sufren dificultades para el acceso a la vivienda”.

Por otro lado, Vidina Cabrera señaló: “No se puede permitir que el Gobierno de la Isla siga eludiendo responsabilidades en cuanto a vivienda. Estas propuestas que hoy presentamos son fundamentales y esperamos que la apoyen poniendo punto y final a la desidia manifestada en esta materia” y comentó: “Recordemos que durante los 9 años que lleva gobernando NC-PSOE se ha dicho a la población de Gran canaria que el Cabildo no tiene competencias en materia de vivienda y esto no es cierto. El Gobierno Insular tiene un Consorcio de Vivienda desde 2008 que, según sus estatutos, tienen entre sus competencias la posibilidad de asumir la ejecución del Plan de Vivienda de la Isla, y entre sus objetivos, la construcción, rehabilitación, mejora y conservación de viviendas, incluida la adquisición y urbanización de terrenos”.

La consejera especificó que solo se han construido a través del consorcio unas “irrisorias” 66 viviendas y que ninguna de ellas se ha construido durante los mandatos de NC-PSOE, “que suman tres consecutivos”, dijo.

Por su parte, David Suárez subrayó: “Siguen siendo los municipios los que determinan qué suelos se pueden destinar a vivienda pública pero con el decreto y con estas medidas que hoy presentamos tratamos de acelerar procedimientos y dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas” y expuso: “Vamos a promover que los ayuntamientos aprueben estas iniciativas y que aprovechen esta norma que, en sus treinta artículos, recoge una serie de medidas para agilizar los procedimientos y hacer frente, de forma extraordinaria, a través de diferentes mecanismos, a la gran demanda de vivienda”.

“En el caso concreto del municipio de Las Palmas de Gran Canaria contamos lamentablemente con 30.000 viviendas vacías. En los últimos años, más de 5.000 personas se han ido a otros municipios limítrofes por la incapacidad de pago del alquiler o de compra de vivienda. En junio de 2020 se firmó un Protocolo de Actuación para edificar en Las Palmas de Gran Canaria 400 nuevas viviendas de promoción pública y no se hizo nada. En los últimos años solo se han procedido a reposiciones, tanto en Tamaraceite como en Las Rehoyas. Pero ni una vivienda pública para las largas listas de demandantes. Este es precisamente la crítica radiografía de la ciudad que queremos erradicar”, argumentó el concejal.

Propuestas a nivel regional, insular y municipal
En concreto, en cuanto a la PNL que se presentará en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino indicó que se instará a la cámara regional a impulsar el sistema de cooperativas de viviendas para fomentar la construcción de viviendas de manera más justa y equilibrada; y a apoyar las modificaciones que el Gobierno de Canarias lleve a cabo en el programa de vivienda vacía e incorporar al mismo incentivos fiscales para los propietarios que decidan poner sus viviendas en dicho programa.

En relación a la moción que se presentará en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera expuso que se instará al gobierno insular a hacer uso de sus competencias para impulsar activamente la construcción de viviendas protegidas, colaborando estrechamente con el ICAVI y otras entidades competentes; a apoyar a los municipios mediante programas de ayuda para la compra de suelo apto para la construcción de viviendas, cediendo estos suelos al ICAVI o VISOCAN; a crear oficinas técnicas que asesoren a los municipios en la gestión más ágil de sus licencias urbanísticas; y a apoyar la regulación de la habilitación a terceros para la gestión y tramitación de licencias urbanísticas.

Por otro lado, David Suárez detalló que, a nivel local, a través de la mociones que se presentarán en los ayuntamientos se instará a apoyar la habilitación a terceros para la gestión y tramitación de licencias urbanísticas; y al estudio de bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la construcción de VPO y en el IBI para los propietarios de viviendas vacías que las pongan en alquiler.