El lujo de la vivienda

Para la clase trabajadora canaria encontrar una vivienda siempre ha sido un problema. Con crisis o sin crisis. Incluso, en los años posteriores a 2008 cuando pinchó la burbuja inmobiliaria y muchos esperaron a que siguieran bajando los precios por aquello de creer que las cosas se tenían que normalizar. Pasaron unos cursos solo de aquello y resurge la problemática eterna de la vivienda con la virulencia social que le caracteriza. Es más, ahora lo hace con los latigazos y reproches que conlleva la expansión del virus del alquiler vacacional que bajo la falsedad de un capitalismo popular torna, en puridad, en una trituradora de las expectativas de esa clase trabajadora.

Comisiones Obreras Canarias acaba de poner sobre el tapete datos que son muy relevadores. Telegráficamente, el cuadro es dantesco. Y el sindicato de clase arroja, a modo de titulares, los siguientes parámetros. Primero, el 14% es población extranjera residente en las islas (por encima de la media estatal) lo que comporta una agresiva competencia en un mercado limitado como es una isla. Segundo, en 2023 cuatro de cada diez casas fue comprada por una persona extranjera; el doble que la media estatal. Es decir, el archipiélago como una plataforma para inversiones foráneas propiciadas por la globalización, denotando una naturaleza neocolonial que nos hace frágiles. Tercero, hay 3.500 viviendas vacacionales más que en 2022; en Canarias hay 8 plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes. Cuarto, hay seis municipios en Canarias que tienen más plazas turísticas que habitantes censados; solo en Las Palmas de Gran Canaria un 64% corresponden a vivienda vacacional. Esta radiografía, con estos datos que acabo de señalar, es obra de Comisiones Obreras Canarias.

Lo que ocurra en los próximos años dependerá, en gran medida, de la capacidad de reacción del Gobierno de Canarias esta legislatura. Tiene que tomar medidas cuanto antes. Y Fernando Clavijo precisará del respaldo de Madrid y Bruselas. Para ir a ello, y conseguir la meta, debería fomentar el diálogo social. Activar el consenso parlamentario. Hacer unión institucional canaria. Solo así se podrá plasmar en los boletines las medidas para acabar con el descontento isleño. El pasado 20 de abril las manifestaciones fueron un clamor. Y no cabe jugar con el silencio, al despiste.

La vivienda es un bien de mercado pero antes que nada es un derecho. Si sacralizamos la vivienda como un activo de inversión a costa del sufrimiento de los menos pudientes, la desigualdad social continuará creciendo. Con todo lo que ello implica. Especialmente en Canarias. Toca actuar con urgencia.