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Martes, 11 de Noviembre de 2025

Actualizada Martes, 11 de Noviembre de 2025 a las 00:26:05 horas

Los asuntos se aprobaron en la Junta de Gobierno este jueves

Telde, obligada al pago de 23.000 euros por el alquiler de la nave de Festejos tras dos años sin abonarlos

El Ayuntamiento deberá también hacer frente a una reclamación patrimonial de 1.600 euros por los daños en un vehículo

TELDEACTUALIDAD/Telde 3 Jueves, 06 de Junio de 2024 Tiempo de lectura: Actualizada Jueves, 06 de Junio de 2024 a las 19:47:12 horas

La Junta de Gobierno Local tomó este jueves conocimiento de una sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 23.000 euros, más los intereses, a los propietarios de los terrenos y las naves en El Caracol utilizadas antiguamente por la Concejalía de Festejos. Se trata de las anualidades del alquiler de 2022 y 2023, que en el anterior mandato se dejaron de abonar. 

 

El contrato de alquiler estaba vigente desde 1993 y aunque inicialmente tenía una duración de cuatro años, se ha ido prorrogando desde entonces. Sin embargo, el Consistorio no pagó por adelantado la cantidad estipulada durante esos dos años y el propietario acudió a los juzgados para reclamarla, pese a que la nave fue desalojada por Festejos desde 2017 debido a las graves deficiencias que tenía y ante la imposibilidad de acometer las reformas que le exigía la Inspección de Trabajo.


Por otro lado, la Junta también tomó conocimiento de fallo que obliga a pagar 1.600 euros al propietario de un vehículo que en 2020 tuvo un accidente al caerle encima unas ramas de árboles cuando circulaba por una calle de Las Remudas. En ese momento presentó reclamación al Ayuntamiento, pero como no obtuvo respuesta denunció en los juzgados para solicitar las cuantías de los daños y la Justicia le ha dado la razón. 


También durante la sesión se tomó conocimiento de otra sentencia que obliga al Consistorio a pagar a un trabajador municipal la diferencia salarial por haber desempeñado trabajos que no corresponden a su categoría, la de peón. En 2022 reclamó las diferencias salariales y ante la falta de respuesta de la admistración local también acudió a los juzgados. 


Por último, la Junta de Gobierno dio el visto bueno a prorrogar el contrato del servicio de retirada de materiales que contengan amianto en la vía pública por dos años más

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