La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canaria ha acordado la ejecución del proyecto ‘Planta Fotovoltaica Aguas de Valsequillo’, de 1 MW, promovido por la entidad Aguas de Valsequillo en el municipio de Telde. A su vez, ordena la iniciación del procedimiento de modificación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, así como del Plan General de Ordenación de Telde en todas aquellas cuestiones necesarias para la ejecución de esta iniciativa.
El anuncio ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y contra él se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses.
El proyecto contempla una inversión aproximada de 1.714.936,88 euros para ejecutar esta planta fotovoltaica de 1 MW de potencia nominal, constituida por 3.240 paneles fotovoltaicos de 340 Wp cada uno, y la infraestructura correspondiente para su conexión a la red eléctrica.
Esta iniciativa fue declarada de interés general el 31 de mayo de 2023, ya que contempla la reducción del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, estimándose su producción en 1.695,45 Mwh/año; así como una reducción anual de 1.378 toneladas de CO2 a la atmósfera en las centrales eléctricas de generación térmica en Canarias.
El Gobierno de Canaria ha dado el visto bueno a este proyecto ya que este tipo de iniciativas declaradas de interés general se someterán a un régimen especial de autorización y no estarán sujetos a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular.
El acuerdo destaca que en el caso de haber disconformidad con el planeamiento, inexistencia de este, o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto, se elevará al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, precisará los términos de la ejecución y ordenará a la Administración competente la adaptación del planeamiento correspondiente con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo, como ha sido este caso.
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