A juicio los cuatro acusados por estafa continuada en la importación y reventa de vehículos en Telde

La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria juzgará la próxima semana el caso de cuatro individuos acusados de realizar negociaciones fraudulentas para la importación y reventa de vehículos en Telde, buscando un beneficio económico ilícito.

Los implicados, identificados como J.A.S.H., J.R.S.H., A.S.S., y Y.D.C., enfrentan cargos de estafa continuada a través de la operación de una sociedad ficticia denominada JyJ Automóviles.

Según el escrito de la Fiscalía, entre 2014 y 2015, los hermanos J.A.S.H. y J.R.S.H. utilizaron esta empresa no registrada en el Registro Mercantil para concertar contratos de compraventa con diez víctimas, a quienes se les solicitó pagos anticipados por vehículos que nunca fueron entregados. En algunos casos, las víctimas recibieron pagarés en lugar de sus vehículos, los cuales no fueron honrados, según La Provincia.

Adicionalmente, se acusa a A.S.S., padre de los hermanos, de facilitar matrículas provisionales de su propiedad para los vehículos vendidos bajo esta estafa. Y.D.C., pareja sentimental de uno de los hermanos y trabajadora en una aseguradora en El Carrizal, supuestamente tramitó pólizas de seguro de responsabilidad civil de los vehículos y ayudó en la captación de compradores.

El caso se complica aún más debido a los antecedentes penales de los acusados. J.R.S.H. tiene condenas previas por delitos contra el patrimonio, J.A.S.H. por estafa y abandono de familia, y A.S.S. también por estafa, lo que introduce un agravante de reincidencia en la criminalidad para estos tres.

La Fiscalía ha propuesto penas severas, incluyendo cinco años y seis meses de prisión y una multa de 12 euros diarios durante 12 meses para J.A.S.H., penas similares para A.S.S. y Y.D.C., y una pena aún mayor para J.R.S.H. de seis años de cárcel y una multa equivalente.

Además, se solicita que los acusados asuman el pago de las costas procesales y compensen a las víctimas con un total de 123,030.86 euros, repartidos entre siete de los diez denunciantes, con indemnizaciones que varían desde 2,800 hasta 34,000 euros.