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Domingo, 28 de Septiembre de 2025

Actualizada Sábado, 27 de Septiembre de 2025 a las 22:50:49 horas

La disputa se centra en las revisiones de precios formuladas entre 2013 y 2018

El Supremo admite un recurso de FCC contra el Ayuntamiento de Telde

La sentencia dictada el 6 de junio de 2022 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo negaba la reclamación de 1.363.694,60 euros en concepto de revisión del coste del servicio

TELDEACTUALIDAD/Telde 1 Miércoles, 27 de Marzo de 2024 Tiempo de lectura: Actualizada Miércoles, 27 de Marzo de 2024 a las 19:24:13 horas

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por FCC Medioambiente, S.A., la empresa encargada de la limpieza y recogida de residuos en Telde, contra la sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta sentencia, dictada el 6 de junio de 2022 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, negaba la reclamación de 1.363.694,60 euros al Consistorio teldense en concepto de revisión del coste del servicio.

 

La disputa se centra en las revisiones de precios formuladas por FCC Medioambiente al Ayuntamiento de Telde entre 2013 y 2018, las cuales argumenta haber sido informadas favorablemente por los técnicos municipales. La cifra reclamada corresponde a las solicitudes de octubre de 2017, octubre de 2018 y octubre de 2019, en las cuales se exigían diferencias entre el canon abonado por el Ayuntamiento y el que, según la empresa, le correspondería pagar de acuerdo a las revisiones solicitadas, según publica La Provincia.

 

El Tribunal Supremo deberá determinar si la negativa del Ayuntamiento a pagar estas cantidades generaría un enriquecimiento injusto por parte de la Administración. FCC Medioambiente argumenta que la invalidez del contrato de prestación de servicios no justificaría el no reconocimiento del derecho a la revisión de precios, lo que supondría un beneficio indebido para la Administración.

 

Este conflicto tiene su origen en la declaración de nulidad del contrato, que llevó al Ayuntamiento a formalizar un cambio de adjudicatario en julio de 2019. La sentencia de 2014 obligaba al Consistorio a devolver el servicio a la anterior adjudicataria, la UTE formada por Sufi y Santana Cazorla, tras una denuncia en 2009 por retirarle el contrato un mes después de adjudicárselo. La decisión se basó en "graves incumplimientos" en obras de urbanización respaldadas por informes técnicos y jurídicos.

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