Investigación judicial en curso por supuestas irregularidades en el vertedero de Hoya Caldereta

Los Juzgados de Instrucción número 1 y 3 de Telde han mantenido abiertas investigaciones sobre posibles irregularidades en la gestión y el depósito de residuos inertes de la construcción en el vertedero de Hoya Caldereta, ubicado en una zona próxima a la Sima de Jinámar y que fue clausurado a mediados del 2022 por orden del  Gobierno de Canarias. Estas líneas de investigación se han unificado en una sola, concentrada en el Juzgado de Instrucción número 1, del que es titular la magistrada Cecilia López Vázquez.

El vertedero de Hoya Caldereta, una explotación emplazada en suelo municipal que acogió hace más de 20 años una planta de áridos de material volcánico, ha estado operando bajo una autorización administrativa del Gobierno de Canarias desde principios de este siglo, a cargo de la UTE Reciclaje de Escombros Canarias, formada por las empresas Construcciones Rodríguez Luján y Félix Santiago Melián.

Una de las investigaciones, dirigida a esclarecer vertidos ilegales en una finca privada, fue iniciada por el Juzgado de Instrucción número 1 a raíz de una querella presentada por José Reina, propietario del terreno que circunda esta la planta y que se sintió perjudicado por la supuesta invasión de desechos en el lindero sur de la planta.

Esta acción legal incluyó al Ayuntamiento de Telde, en la persona de la entonces alcaldesa Carmen Hernández, y a la UTE, ante la sospecha de un posible delito medioambiental. Por ahora, ni la ex primera mandataria ni los técnicos de la UTE han sido notificados del procedimiento ni citados a declarar, a tenor de los datos que obran en poder de este periódico digital. Algunas fuentes aseguran que sí lo ha hecho, por el contrario, el denunciante.

Tal y como informó TELDEACTUALIDAD en abril de 2023 el citado órgano jurisdiccional admitió a trámite la querella e incoó las correspondientes diligencias previas para determinar "la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados" por la ocupación de terrenos privados. 

A raíz de las denuncias públicas realizadas por Juan Antonio Peña, actual alcalde y entonces edil de la oposición por el grupo Ciuca, el departamento de Disciplina Urbanística encargó un informe que certificó que se han producido vertidos ilegales en una finca privada, en concreto en el lindero sur del vertedero de Hoya Caldereta, con una ocupación aproximada de 2.500 metros cuadrados según los hechos públicos entonces por el referido grupo político.

Disciplina Urbanística solicitó la colaboración de la Policía Local para el desplazamiento de la Unidad de Drones e instó al levantamiento topográfico de las fincas afectadas, trabajo que concluyó que se habían producido vertidos más allá de los límites de la parcela municipal entregada por concesión administrativa – ya caducada – a la UTE Reciclaje de Escombros Canarias. Una invasión que ha conllevado el vertido de escombros y otros materiales en un espacio natural protegido y que ha ocasionado daños a la flora del lugar. Además del pronunciamiento técnico de los vertidos ilegales en terrenos privados, se instaló un nuevo vallado que limitó el acceso a las propiedades ajenas.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 3, con el magistrado Alejandro Navarro al frente,  abrió diligencias  sobre el vertedero de Hoya Caldereta tras las pesquisas que llevó a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, después de una denuncia presentada en 2022 ante esta instancia y la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano del Gobierno de Canarias por el actual alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, cuando era concejal de la oposición del grupo político Ciuca. Peña había manifestado públicamente y en el Pleno municipal, en varias ocasiones, sus “sospechas sobre presuntas irregularidades en el vertedero y la caducidad de la concesión administrativa”.

Ciuca inició en febrero de 2022 su cruzada contra la situación que atravesaba el vertedero controlado de Hoya Caldereta, un proyecto que, en opinión de esta organización política, "se aleja de su objetivo inicial, que era la recuperación del entorno y devolverlo a una situación decente", y que, en palabras de Peña "tristemente se ha convertido en todo lo contrario".

Ciuca aireó entonces sus temores de que en este espacio "se estaban realizando vertidos no permitidos, ocupando terrenos no autorizados y además su tiempo de ejecución está caducado". Esta situación le llevó a calificar de grave que “una empresa explotase una concesión administrativa, como el vertedero de Hoya Caldereta, sin haber aportado un canon económico al Ayuntamiento, pero más grave es aún que nadie del Gobierno municipal se lo haya reclamado". Y afirmaba que "eso tiene nombre y apellidos". El entonces concejal de la oposición denunció que, por esta omisión, "el Consistorio teldense dejó de percibir importantes cuantías económicas por la explotación de un bien municipal, con las consecuencias que todo genera en los servicios a la ciudadanía".

Al tener conocimiento de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número, el órgano jurisdiccional que lleva el magistrado Navarro decidió a mediados del pasado mes suspender las comparecencias notificadas para el 20 de febrero de varias personas como investigados, entre los que se encontraban el jefe de Servicios Municipales, el exconcejal responsable de esta delegación Eloy Santana y de varios técnicos de la UTE Reciclajes de Escombros Canarios, toda vez que los dos procedimientos abiertos se han unificado en uno, bajo la tutela del Juzgado número 1. Juan Antonio Peña sí compareció el pasado 13 de febrero como testigo en esta causa, mientras que los implicados están pendientes de una nueva citación.

Concesión caducada y clausura del vertedero

El polémico vertedero, financiado con fondos europeos, tenía una concesión inicial de cinco años, extendida por un año adicional de manera excepcional. Sin embargo, esta prórroga se excedió varios años, lo que motivó críticas por parte de la oposición y denuncias de organizaciones ecologistas. De hecho, ante el SEPRONA hay constancia de reiteradas denuncias desde 2014 que presentó el colectivo ecologista Turcón por supuestas infracciones y atentados contra la naturaleza y el territorio.

La actividad del vertedero fue clausura a mediados de 2022 por no haberse renovado la autorización administrativa para el funcionamiento de la explotación.

Tal y como avanzó TELDEACTUALIDAD, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias adoptó esta medida después de que no se solicitara la nueva autorización establecida en el Real Decreto 646/2020, un trámite que el Ayuntamiento de Telde defendió que debería haber cumplimentado la UTE adjudicataria, aunque la resolución del órgano del Ejecutivo regional se dirigió a la Institución municipal como titular de la infraestructura.

El Ejecutivo presidido entonces por Hernández sostuvo que la obligación de cierre y sellado de la actividad iba dirigida a la concesionaria del vertedero de Hoya Caldereta tras haber vencido el plazo establecido por la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente para solicitar las autorizaciones pertinentes para adaptar la actividad al Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

El Ayuntamiento de Telde aclaró en su día que, pese el titular de la explotación, el pliego de condiciones económico administrativas que regía las concesión determina que es la adjudicataria (la UTE Construcciones Rodríguez Luján-Transportes Cerrillal y Félix Santiago Melián) la encargada de solicitar cuantos permisos y autorizaciones administrativas sean necesarias para la puesta en funcionamiento y mantenimiento de la instalación, tal y como había venido haciendo desde la puesta en funcionamiento del citado vertedero controlado hasta la actualidad y, por lo tanto, la responsable de la petición de dicha solicitud.

Esta medida, que no estaba vinculada a ningún tipo de denuncias ni iniciativas de terceros, se adoptó tras vencer el plazo de 12 meses para los titulares de todos los vertederos y, en su caso, todas las entidades explotadoras de los mismos que estuvieran en funcionamiento a la entrada en vigor de ese real decreto, incluidos los vertederos existentes autorizados (como es el caso de Telde), solicitaran al órgano competente de la comunidad autónoma una revisión de su autorización de conformidad con los artículos 10, 11 y 12.

Al no presentarse, se consideró que la autorización administrativa de prórroga del vertedero concedida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en 2018, por un plazo de 8 años, no se adaptaba a al mentado Real Decreto y que por tanto deja de estar vigente.

 Tras la comunicación de la resolución a la UTE, esta daba cuenta de su intención de proceder en breve  realizar las gestiones necesarias para la conclusión de los vertidos, redactar el proyecto de sellado y clausura y obtener la autorización preceptiva de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias”.