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Lunes, 17 de Noviembre de 2025

Actualizada Lunes, 17 de Noviembre de 2025 a las 14:51:14 horas

Para el proyecto del mirador de Cazadores

Telde paga 5.000 euros de intereses por una subvención que perdió Héctor Suárez como edil de Turismo

El alcalde señala al actual concejal de CC en la oposición como responsable del hecho

TELDEACTUALIDAD/Telde 14 Jueves, 14 de Marzo de 2024 Tiempo de lectura: Actualizada Jueves, 14 de Marzo de 2024 a las 17:29:13 horas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde aprobó este jueves un expediente para la modificación de créditos para hacer frente a los 5.358 euros que el Consistorio tiene que desembolsar en concepto de intereses de demora por una subvención de 49.000 euros que se perdió y que además no se devolvió en tiempo y forma.


Se trata de los 49.000 euros que la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias concedió a Telde, en el año 2020, para costear la adecuación del Mirador de Cazadores. Sin embargo, el terreno donde estaba previsto no era de titularidad municipal y la obra nunca llegó a ejecutarse.


Además de perder esta ayuda, el Ayuntamiento de Telde no devolvió los 49.000 euros en el plazo establecido. Y por ello, ahora tiene que abonar estos 5.358 euros.


El alcalde Juan Antonio Peña ha señalado directamente como responsable al concejal Héctor Suárez, ahora en la oposición pero entonces edil del área de Turismo. “El Gobierno anterior perdió la subvención para hacer el proyecto del mirador de Cazadores, cuando Héctor Suárez estaba al frente de la Concejalía de Turismo se perdió la subvención. No se devolvió tampoco en los tiempos y plazos establecidos. Y entonces ahora hay que pagar los intereses de esa demora”, manifestaba el regidor de la ciudad.


Pérdida de una segunda subvención
Por otro lado, la Junta de Gobierno también acordó la renuncia del procedimiento administrativo para la adquisición de equipos informáticos por la pérdida de la subvención con la que iban a comprar.

 

“Esta Administración local, hace ya algún tiempo, bastante, recibió un dinero para tener nuevos equipos informáticos y teníamos la alerta de que se iba a perder. Independientemente de esto, iniciamos el proceso administrativo para suministrar estos equipos informáticos y en el transcurso nos llega el aviso de que hemos perdido la subvención. Por lo tanto, lo que se procede, a través de la Junta, es a renunciar a este concurso público porque ya no disponemos de la cantidad económica. Esta administración tuvo bastante tiempo para ejecutarlo. Lo intentamos y no ha sido así”, expone el alcalde Juan Antonio Peña.


Asimismo, la Junta de Gobierno también procedió a rectificar un error en el método de valoración fijado para la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento de la instalación y sistemas de baja tensión, protección contra incendios y ventilación del centro de día de atención social a personas mayores de Telde.


Y dio su visto bueno a un concierto específico con el IES Lila de Jinámar para que el alumnado de este instituto pueda realizar las prácticas en el Ayuntamiento de Telde.


Condena por el nombramiento de la directora de Servicios Sociales
La Junta de Gobierno Local también tomó conocimiento de una sentencia que condena al Ayuntamiento de Telde por el nombramiento de la director general de Servicios Sociales en el anterior mandato. “El sindicato CSIF denunció, le dieron la razón, el Ayuntamiento de Telde recurrió y en segundas lo vuelve a ganar el sindicato. La actuación del Gobierno anterior no fue conforme a derecho tanto en la convocatoria como en las bases de la plaza, y condena a esta administración a las costas”, precisa Peña.

 
Por último, el órgano aprobó el proyecto para completar el desarrollo de la urbanización de Arauz por un importe de 2.126.496,60 euros. Y tomó conocimiento de un informe de la Intervención municipal adviertiendo del incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. El alcalde Juan Antonio Peña ha quitado hierro a este último asunto, matizando que en los últimos años nunca se ha cumplido. Hace años que nunca ha estado por debajo de los 30 días, pero antes no se informaba a la Junta de Gobierno, como marca la ley que debe hacerse.

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