Hernández propone incentivar el alquiler de viviendas vacías con medidas económicas y garantías jurídicas

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) propone al Gobierno y a los grupos parlamentarios que se incentive el alquiler de las viviendas vacías con medidas económicas y garantías jurídicas para los propietarios. Para el grupo canarista, se trata de una iniciativa con la que poner de nuevo en el mercado y de forma rápida al menos el 10 por ciento de las más de 211.000 residencias vacías existentes en el Archipiélago para comenzar a responder a la emergencia habitacional. 

Los canaristas pretenden así cubrir algunas de las carencias detectadas en el decreto ley del Ejecutivo autonómico y hacer una apuesta decidida para ejecutar el plan canario vigente hasta 2025 que prevé cerca de 6.000 residencias públicas y la exigencia al Ejecutivo estatal y la Unión Europea (UE) de una normativa específica para Canarias, en su condición de Región Ultraperiférica (RUP) que impida la compra especulativa de los extranjeros. La portavoz parlamentaria en la materia, Carmen Hernández, exalcaldesa de Telde, complementó estás medidas con la regulación de la vivienda vacacional para evitar que la población canaria residente sea expulsada de los barrios. 

Con el decreto ley aprobado y la necesidad de que sea tramitado en la Cámara como un proyecto de ley para presentar propuestas de mejora, Carmen Hernández interpelará este martes en el pleno al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, para “saber cómo va a cumplir su compromiso” de que las familias canarias accederán a una vivienda digna. 

La parlamentaria canarista se hizo esta pregunta ante algunas importantes "carencias y distorsiones" detectadas en el decreto ley, que “se supone” contempla medidas urgentes ya que declara la “más que justificada” emergencia habitacional. Hernández denunció la ausencia de medidas “inmediatas” que garanticen el acceso a una residencia, ya sea pública donde constan 25.159 demandantes que optan en un 80 por ciento por el arrendamiento y en el mercado libre de compra y alquiler de imposible acceso para los jóvenes, familias vulnerables y rentas medias.

A la apuesta del decreto gubernamental por la promoción de residencias protegidas privadas que “deja sin aclarar” cuántas serán para arrendar y para comprar, Hernández detecta una “ausencia” de propuestas “ambiciosas” para, “de manera rápida”, construir vivienda pública y social. Por ello, apostó por priorizar la ejecución del plan canario en vigor mediante el impulso de las licitaciones preparadas, el seguimiento de las que están en construcción, la agilización de la redacción de los proyectos gestionados con fondos europeos, la modernización del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y su coordinación con Viviendas Sociales e Infraestructuras Canarias (Visocan).

También la importancia de trabajar junto con los ayuntamientos y los cabildos y sus empresas públicas o consorcios especializados en materia de vivienda, fomentar la gestión de los planes de emergencia social a través del programa Canarias Pro Hogar y de la vivienda colaborativa, agrega el partido en un comunicado. 

A la falta de transparencia y participación, salvo la de los constructores, en la elaboración del decreto ley que modifica la ley de vivienda, la del suelo y la turística; NC-BC cuestiona la conversión de los locales comerciales y oficinas en residencias, así como del suelo rústico y el dotacional para los servicios públicos (sanitarios y educativos, entre los principales) con los mismos fines. 

Carmen Hernández afirmó que con las iniciativas de NC-BC se trata de aportar una estrategia “realista y eficaz a favor del derecho constitucional y estatutario del acceso a la vivienda. Lo que no necesitamos es aumentar la especulación inmobiliaria ni el negocio. Más viviendas sociales y más residencias a precios asequibles para la mayoría social”.