Sánchez y la amnistía

La ley de amnistía tal como ha sido confeccionada hasta su rechazo por el pleno del Congreso de los Diputados revestía, a mi juicio, carácter constitucional. Es más, se ha santificado el Derecho Constitucional, a veces como elemento atrincherador previo de posiciones políticas/partidistas respectivas, que ahora nos encontramos con una realidad empírica: el Derecho es tan solo un instrumento normativo que ordena (mejor o peor) la sociedad; no es una ciencia. Lo que garantiza el Derecho Constitucional, como elemento indispensable, es la democracia como sistema; a partir de ahí se constata sus limitaciones, por importante y poderoso que sea disponer de un elenco de normas jerarquizadas para garantizar la vida pacífica, como meta colectiva ansiada. Por eso en una dictadura puede haber magníficos administrativistas, pero no constitucionalistas. El Derecho Constitucional, a diferencia del resto de ramas jurídicas, imbrica la irrupción y gestión del poder (la política en sí) con la respuesta jurídica para darle pertinente cauce. Esto distingue al Derecho Constitucional del civil, laboral, mercantil… Sin el Derecho Constitucional el resto del andamiaje jurídico no puede operar con normalidad; salvo, repito, que estemos en una dictadura.

Por lo tanto, dadas las limitaciones del Derecho Constitucional, por muy poderoso que sea este, pero que llega hasta donde llega, la amnistía puede encauzar lo que el derecho ‘per se’ se le escapa; por eso judicializar la política, como hizo Mariano Rajoy, resulta contraproducente antes o después. Y el encaje de Cataluña en el Estado, no de ahora sino desde hace más de un siglo, es una problemática netamente política. Incluso, se erige como el principal problema, y con la articulación territorial como derivada directa, de la historia constitucional española.

Ahora bien, una amnistía inmersa en medio de un sistema democrático que lleva décadas discurriendo, con sus aciertos y errores, pero que no está en su punto de inicio de naturaleza constituyente, bajo mi punto de vista no puede traspasar límites que den soporte al terrorismo ni a los delitos de lesa humanidad. Proceder así, es precisamente enmendar de plano el propio sistema constitucional aludido; en nuestro caso, el de 1978.

¿Quiere decir esto que Carles Puigdemont sea un terrorista? Para nada. Se ha banalizado el concepto de terrorismo, por cierto, desde hace tan solo unos meses, cuando se barruntaba la ley de amnistía, con la intención de propiciar confusión. Una cosa son los altercados en las calles, con botes violentos aun, y otra bien diferente es el terrorismo. Por ejemplo, las protestas públicas contra la reconversión industrial en el ‘felipismo’ de los ochenta o contra la privatización de los astilleros durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, no era (ni por asomo) terrorismo.

Lo suyo es que Junts hubiese aprobado la ley de amnistía tal como recaló en la Cámara Baja. Pero no lo hizo, y también se entiende sus motivos; el peso emocional del ‘exilio’ de su líder y la judicialización como respuesta (única) al ‘procés’ dejan heridas difíciles de cicatrizar.

Además, Pedro Sánchez procede a la amnistía en Cataluña no porque estuviese convencido de siempre sino porque no le queda otra; la actual aritmética parlamentaria le obliga a ello. Mas Sánchez respaldó la activación del artículo 155 del texto constitucional (suspensión de la autonomía catalana) rubricada por Rajoy. Y poco antes, incluso sin haberse producido todavía la disputa en primarias con Susana Díaz, apareció en un mitin con una megabandera de España como telón de fondo; algo que en los encuentros históricos del PSOE con su militancia y simpatizantes, no encajaba. Deshacer todo esto ahora, revertirlo, y fruto de un giro sobrevenido, pues implica sus esfuerzos.

Por último, el ecosistema mediático catalán (junto al vasco) es diferente al del conjunto del Estado. La incidencia del periodismo editado en Madrid en la sociedad catalana, es escasa. Las lógicas mediáticas serán paralelas pero son otras. Es, a trazo grueso, como si unos hablasen inglés y otros japonés. Presionar mediáticamente desde Madrid no sirve de nada; de hecho, lo intentó Rajoy en los comienzos del ‘procés’ y tampoco fue efectivo. Sánchez no puede ir más allá. Y Puigdemont no quiere, aconsejado por su abogado Gonzalo Boye, dar un supuesto salto al vacío normativo. Junts no desea que su líder quede desprotegido. Como asimismo lo querría ERC con Oriol Junqueras, si este no hubiese sido indultado. Junts y ERC no están por reformar el Código Penal. Estamos, por consiguiente, en un terreno sin margen de maniobra para Sánchez y Puigdemont, aunque sea por distintos motivos. Por no mentar que Sánchez alcanzó La Moncloa en 2018 con la moción de censura contra Rajoy porque Puigdemont con sus escaños lo apoyó; y este lo tiene muy presente aún. Puigdemont no cederá. Lo que resta de mes será crucial.