
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas ha realizado un requerimiento al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria por el que obliga a la entidad dependiente del Cabildo de Gran Canaria a que, en el plazo de cuatro meses, revise y actualice las evaluaciones de riesgos, así como que lleve a cabo la planificación de la actividad preventiva de cada parque de bomberos, incluyendo los medios humanos necesarios, según anuncia en un comunicado la Junta Personal del Consorcio.
Los bomberos y bomberas denuncian que el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria lleva más de una década poniendo en grave riesgo a los trabajadores en sus intervenciones y a la propia ciudadanía, debido al incumpliendo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto al establecimiento de dotaciones mínimas, las cuales garantizan cumplir con las instrucciones de trabajo y procedimientos de intervención. La consecuencia directa de este incumplimiento ha conllevado en innumerables ocasiones a los bomberos a actuar con una grave inseguridad, que han tenido como consecuencias accidentes, incapacidades laborales, etcétera, sostienen.
Los delegados de prevención de la Junta de Personal del Consorcio presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo en mayo 2023 por la inseguridad que conlleva no contar con un número mínimos de bomberos por turno y parque para cubrir las intervenciones diarias. Esto supone un incumplimiento al artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tras varios meses de diligencias y visitas a los parques por parte de la propia inspección, el órgano de fiscalización ha realizado este requerimiento al Consorcio de Emergencias, dando razón a los trabajadores.
Eliminación de las dotaciones mínimas
En 2014 el Consorcio eliminó las dotaciones mínimas de seguridad "por ser incapaces de cubrir el déficit de personal estructural que venía arrastrando por no ampliar la plantilla de bomberos". Esta medida, junto a la ampliación de la jornada de manera impuesta, fueron acometidas con el fin de evitar a toda costa aprobar una oferta de empleo y convocar oposiciones, denuncian.
Desde entonces, los juzgados han reconocido la ilegalidad de la ampliación de la jornada y ahora, con este requerimiento, se demuestra que los trabajadores también tenían razón en la demanda de contar con unos recursos humanos mínimos que garanticen la seguridad en sus intervenciones y una optima prestación del servicio a la ciudadanía, explican desde la Junta de Personal.
Un mínimo de 45 efectivos diarios
Dado el carácter insular que presta este servicio de emergencias, el cual cubre 19 municipios de los 21 que tiene la isla, se estima que el número de efectivos de bomberos diarios entre bomberos, cabos y jefes de guardia debe estar en torno a 45 efectivos como mínimo para los 7 parques abiertos. Se trata de una cifra que está muy lejos de las precarias que se están aplicando y que están conllevando precariedad en las intervenciones y una grave exposición a accidentes para los bomberos, ya que no se cubre el mínimo requerido para aplicar un plan de rescate que obliga a contar con al menos seis efectivos y no dos o tres, como se está produciendo en muchas ocasiones, alertan.
Por último, cabe señalar que el servicio que realiza el Consorcio de Emergencias debe ser prestado de manera directa por la administración pública con personal funcionario, dado su carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Insisten en que es una obligación legal conforme a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. La mejor prueba de ello es que no existe ningún cuerpo de bomberos de España externalizado en manos de empresas privadas, concluyen.

























Olga Maria Rivero Santana | Jueves, 01 de Febrero de 2024 a las 13:57:22 horas
¡Madre mía, qué desmadre éste y con algo tan grave, como es la seguridad de los propios trabajadores y de la ciudadanía! A cualquier empresa, sea la que sea y tenga el tamaño que tenga, se le exige, como debe ser, todos los medios de seguridad y de prevención de Riesgos Laborales y resulta que los propios trabajadores del Consorcio, con la gravedad que tiene su trabajo, tengan que estar denunciando cómo están, y encima dependen del Cabildo! ¡Incomprensible y de miedo que ésto esté pasando! Esperemos que se resuelva con la prontitud y URGENCIA QUE REQUIERE.
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