El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias ha resuelto estimar parcialmente el recurso especial que en materia de contratación interpuso una de las empresas que optaron a la licitación, Tagoro Medioambiente S.L., del nuevo contrato de parques y jardines de Telde contra el pliego de cláusulas administrativas particulares del mismo.
El órgano autonómico declara la nulidad del pliego impugnado y de todos los actos del expediente contractual relacionados con la aprobación de los mismos. Si bien ordena conservar todos aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción que ha dado lugar a la nulidad.
Tagoro Medioambiente SL alegó que existían cinco causas de nulidad en los pliegos, por lo que solicitó la retroacción de las actuaciones para la elaboración de nuevos pliegos en los que se procediera a subsanar los defectos apreciados, así como la suspensión provisional de la tramitación del expediente como medida cautelar para evitar perjuicios a los licitadores de un contrato que el Gobierno de Telde sacó a concurso, en mayo del presente año, dividido en tres lotes y con un presupuesto total de 34 millones de euros, para la conservación de espacios verdes y arbolado, parques infantiles, áreas biosaludables y de calistenia, mobiliario urbano, monumentos y fuentes.
El Ayuntamento de Telde desestimó las cinco causas de nulidad que esgrimió la empresa, aunque optó por suspender provisionalmente el procedimiento de contratación hasta que se pronunciara Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.
En concreto, Tagoro alegó una falta de justificación de los importes requeridos como solvencia económica y técnica y también quiebra del principio de máxima concurrencia y de acceso de las pymes, al entender como abusivas y erróneas las cantidades exigidas.
Asimismo, esgrimió que se había infringido el principio de máxima concurrencia al exigir como condición a la entidad que participe en el concurso haber facturado 7,9 millones de euros mediante la ejecución de contratos de conservación de espacios verdes y/o arbolado viario en ciudades de al menos 100.000 habitantes, lo que en el caso de Canarias limitaría las opciones a empresas que hayan trabajado en las cuatro grandes ciudades de las islas.
Y también que no se aportara información en los pliegos sobre el personal que ha de ser subrogado de las empresas que llevan la seguridad de los parques y que se contraviene la normativa al fijar como obligación esencial del contrato el abono por parte del contratista de los salarios a su personal, pues no aparece entre las obligaciones del contratista en el pliego. Por último, que convocado el concurso se hubieran efectuado rectificaciones relevantes que exigen, como mínimo, ampliar el plazo de presentación de ofertas.
Maribel | Miércoles, 20 de Diciembre de 2023 a las 14:58:58 horas
Se nota que Monzon dejó huella. Y trabajó mejor que ningún concejal anterior.
Porque siempre lo están recordando.
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