Pablo Rodríguez insta al Estado a reconocer el derecho de Canarias a participar en la gestión de puertos y aeropuertos

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo canario, el teldense Pablo Rodríguez, ha trasladado recientemente en el Parlamento de Canarias su intención de solicitar la celebración de una comisión mixta Canarias-Estado para abordar la aprobación de una ley que contemple la participación del Archipiélago en la regulación, planificación, programación y gestión de sus puertos y aeropuertos, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

En esta línea, Rodríguez ha insistido en que “los puertos y los aeropuertos de Canarias son infraestructuras estratégicas para cualquier territorio, pero, sobre todo, para el nuestro que se encuentra absolutamente condicionado por la conectividad y la movilidad aérea y marítima".

“El Estado debe atender a la obligaciones que le impone nuestro Estatuto de Autonomía y cumplir con esta norma de la que, hasta la fecha, no hemos tenido noticias para exigir la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en la gestión de los aeropuertos y los puertos, herramientas esenciales no solo para nuestra integración económica y social, sino también para que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para garantizar la conectividad, en general”, ha añadido Rodríguez. 

Huelga de controladores en Lanzarote

Asimismo, ha anunciado que la Consejería ha solicitado por escrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que “atienda la situación generada a consecuencia de la huelga de los controladores aéreos en el aeropuerto de Lanzarote, para que interceda e impulse el diálogo y las negociaciones con el objetivo de no perjudicar a la conectividad de la Isla”. 

Para concluir, el consejero ha resaltado “que la privatización de las torres de control de varios aeropuertos de las Islas es una de las consecuencias que pone en riesgo la conectividad” y ha reiterado el compromiso del Gobierno de Canarias de trabajar para reducir todas las cuestiones que “agraven la ya de por sí delicada situación de conectividad de Canarias”.