Imputaciones e investidura

Vuelve al foco el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, al imputar un delito de terrorismo al ‘expresident’ Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC Marta Rovira, justo cuando se ultima el acuerdo de investidura con Junts que sustenta la amnistía al ‘procés’. García Castellón une el movimiento Tsunami Democràtic (las protestas en 2019 contra la sentencia del ‘procés’ del Tribunal Supremo) a un supuesto terrorismo de Puigdemont cuando aquello parece, las imágenes en las calles de entonces quedan guardadas, desordenes públicos e intento de ocupación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. La diligencia del juez (dicta el auto el pasado lunes cuando se esperaba la firma de PSOE y Junts) no concurre por igual con los escándalos que han afectado al PP y que conoció en sede judicial.

De todas formas, la dinámica, en realidad, no es nueva: se abren casos judiciales y después mediáticamente se airea una y otra vez. Judicialmente luego no hay nada. Pero el daño mediático queda. Y es que el juez García Castellón practicó investigaciones contra Podemos que finalmente no constituyeron nada de nada.

Con todo, en los últimos años afloró en ciertos sectores de poder una intención de acabar con Podemos al precio que fuera y que dio luz verde a una retahíla de querellas que daban aire a falsos delitos, trasladados oportunamente a la agenda mediática. Es la etapa reciente en la que se trató de casar a Podemos con Venezuela y en los que se gestó la mentira del informe policial P.I.S.A. (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.).

Por otro lado, el denominado ‘lawfare’ (guerra jurídica) acompasado por terminales mediáticos carcomen la democracia. No es una práctica solo en Suramérica sino que la vemos en otras latitudes. El ‘lawfare’ sustituye a los otrora golpes de Estado al estilo de Chile en 1973 o el 23F de 1981 en España. Ya no hace falta sacar los tanques a las calles sino que se emplean artificios más sibilinos que giran en torno a la modulación de la opinión pública. El daño que sufrió Unidas Podemos al aperturarse numerosas investigaciones judiciales que no tenían recorrido desde el inicio, ¿quién lo paga? ¿Cómo se revierte? ¿De qué manera se subsana? De hecho, la factura de todo aquello, incluida la ‘policía patriótica’ de Mariano Rajoy, es que el crédito del periodismo ha disminuido considerablemente. La democracia se resiente.