La empresa encargada del centro de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI) de San José de las Longueras, ubicado en Telde (Gran Canaria), ha asegurado no haber recibido "ninguna sanción, denuncia o notificación de irregularidades" por parte de las autoridades encargadas de supervisar el servicio y realizar inspecciones periódicas.
En concreto, subraya en un comunicado tras las críticas de familiares de algunos usuarios, que la empresa lleva al frente de dicho centro un año --desde octubre de 2022-- y en este tiempo "no" ha recibido "ninguna denuncia ni queja formal por parte de familiares de usuarios".
Asimismo expone que la última de estas inspecciones se produjo hace apenas dos semanas y "no detectó nada anómalo, ni observó ninguna irregularidad en el servicio".
Sin embargo, señala, la empresa sí fue consciente al llegar al centro de las quejas de una familias pero aseguran que se hicieron "cargo de las mismas y no" tienen constancia de nuevas quejas por las vías establecidas.
En relación a la posibilidad de suministrar en dichos centros agua del grifo en lugar de embotellada, afirman que han decidido "continuar con el suministro de agua embotellada en todos los centros de atención a las personas con discapacidad intelectual" que gestionan actualmente para el Cabildo de Gran Canaria.
De todos modos, apuntan que las razones que les llevaron a valorar su sustitución "siguen siendo válidas", ya que el agua de Las Palmas de Gran Canaria "es potable para consumo humano según los informes nacionales del Ministerio de Sanidad y en los pliegos de condiciones de la licitación de este servicio no se establece de manera específica el uso de agua embotellada", si bien admiten ser "conscientes del impacto social" que ha generado la decisión.
Así, a fin de contribuir a la estabilización de la situación en los centros, indican que han adoptado volver al agua embotellada como muestra de su "compromiso con la calidad asistencial y la atención centrada en la persona" en la voluntad de "continuar trabajando de manera conjunta con el cabildo en la mejora de la atención prestada y de su viabilidad, así como con las familias de las personas usuarias".
Finaliza el comunicado poniéndose a disposición de las distintas instancias, tales como administración, familias y trabajadores, para "clarificar" cualquier duda y situación que se considere anómala.
El PP en el Cabildo de Gran Canaria ha instado este miércoles a la Corporación insular a que investigue, al margen de la Fiscalía de Las Palmas, lo que está sucediendo en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual de la isla, y ha solicitado la comparecencia de la consejera de Política Social, Isabel Mena.
El PP pide una investigación
El portavoz del grupo popular en el Cabildo insular, Miguel Jorge Blanco, ha señalado a los medios de comunicación que pedirá la comparecencia de Mena para que explique cuál es la situación en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI), de sus usuarios y de las instalaciones, después de la denuncia de tres familias en la Cadena Ser en Las Palmas.
Mostraban fotografías del mal estado de las instalaciones del centro situado en San José de Las Longueras, municipio de Telde, y del aparente abandono de algunos de sus usuarios, que aparecen con ropas orinadas. Unas denuncias que ya han llegado hasta la Fiscalía, que ha abierto diligencias informativas civiles, y que solicitará al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (IASS) y al Gobierno de Canarias informes de inspección a partir de los cuales seguirán con el proceso indagatorio.
Miguel Jorge Blanco también ha anunciado que el PP solicitará al Cabildo los informes de inspección que, según Mena, se han llevado a cabo en las instalaciones del CADI de San José de Las Longueras, pero también de los otros tres que gestiona la entidad Grupo 5 Acción y Gestión Social en Las Palmas de Gran Canaria, Santa María de Guía y El Tablero de Maspalomas.
"Nos llama la atención que la consejera haya dicho que, efectivamente, ha habido juntas de inspección, pero la situación de las instalaciones y las infraestructuras en esos CADI siguen siendo francamente lamentables, indignas del trato hacia personas con discapacidad", ha lamentado el portavoz popular.
Además, ha insistido en que no se conforman con que Mena "diga que está encantada porque la Fiscalía va a actuar", instando al Cabildo a que también investigue por su cuenta. El PP ha denunciado que, más allá de la denuncia de las familias sobre la intención de quitar el agua embotellada a los usuarios, "una falta absoluta de sensibilidad por parte del adjudicatario", existen unas instalaciones "muy deficitarias".
"Cuando eso lo analizamos teniendo en cuenta que el Cabildo disponía de 44 millones de euros para invertir en mejoras de las distintas instalaciones, y solo llegó a ejecutar 7 millones de euros, un 16 %, pues al final la verdad es que se le va a uno el alma a los pies", ha concluido Blanco.
María Hernández | Jueves, 19 de Octubre de 2023 a las 12:13:11 horas
El que tomó la decisión de poner agua del grifo en vez de embotellada porque es "potable", no se ha tomado un vaso de agua de la grifería EN LA VIDA.
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