Oficio con interferencias

Póngase en situación. Usted deja el coche en el taller porque tiene una avería. ¿Le dice al mecánico cómo tiene que repararla? Lleva un tiempo que le molesta un diente y va al dentista. ¿Le dice al odontólogo lo que tiene, o espera a que, como profesional de esa especialidad médica, le informe del posible diagnóstico y su tratamiento? O, por ejemplo, se le estropea un zapato y necesita un remiendo. ¿Se lo lleva al zapatero y usted le dice cómo ha de hacer su trabajo?

En todos esos casos, casi siempre la respuesta es no, pero la cosa cambia si el interfecto de turno es un periodista. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe o cree saber de periodismo: qué es o no noticia, cómo hay que redactarla, qué es o no importante... en fin. Y no, no me refiero al derecho a la opinión y a la crítica, consustancial a todo trabajo que implique una afección a terceros, como es el caso.

Esa práctica no solo es libre, sino saludable, siempre, eso sí, desde el respeto. A lo que aludo es al derecho con el que se creen muchos a interferir en el oficio, y no solo hablo de los políticos, quienes, por cierto, son tan dados a tan molesta y poco democrática intromisión. La lista de entrometidos es larga.

Por eso en la profesión ha sentado tan bien la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha puesto en su sitio a toda una letrada de la administración de Justicia, lo que antiguamente se conocía como secretaria judicial. En plata le ha venido a decir: usted sabrá de derecho, y mucho, pero quienes han de decidir si una sentencia tiene o no relevancia informativa son los profesionales que forman parte de la Oficina de Comunicación del alto tribunal canario. Por cierto, dos excelentes periodistas. Chapó.