La vivienda en Canarias, asunto prioritario

Entre los retos que esta tierra debe afrontar en la legislatura que comenzará en unos meses, la undécima, se encuentra en un lugar destacado el de la vivienda, ese derecho que la Constitución Española recoge en su artículo 47 -Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (…)- pero que, lejos de garantizar el acceso a ella, se muestra del todo insuficiente ante la voracidad del mercado inmobiliario y queda subyugado por una realidad palmaria, indiscutible y sangrante: la emergencia habitacional que existe en Canarias.

Parece razonable que las personas que llevamos años poniendo el acento en esta grave problemática tengamos en la actualidad sentimientos encontrados. Por un lado, vemos cómo el problema crece sin que se implementes soluciones prácticas por la falta de voluntad política o  por la lentitud de la Administración, pero al menos ahora el asunto ha entrado de lleno, y con fuerza creciente, en el tablero político.

Porque no puede ser de otra forma. Las administraciones públicas han puesto el acento y muchos recursos, como debe ser, en los datos de pobreza y exclusión social, donde tenemos que seguir trabajando. Pero no me cansaré de decir que disponer de un lugar, una vivienda, representa un factor clave para el desarrollo digno del proyecto de vida de las personas. Ante los aprietos para llenar la nevera, un vecino, un familiar o un ayuntamiento pueden ofrecer una respuesta rápida que desahogue algo esa situación. Pero, en casos como los que he visto –en demasiadas ocasiones- estos años desde mi responsabilidad como alcaldesa de una ciudad de más de 100.000 habitantes como Telde -desahucios con menores, familias hacinadas, personas durmiendo en vehículos- cualquiera puede imaginar que resulta mucho más lento y complicado ofrecer una alternativa habitacional.

En Canarias, desde 2008, precisamente cuando la crisis económica estallaba, hasta el día de hoy, no se ha construido apenas vivienda pública. Inexplicable e insostenible. Las cifras de demandantes de vivienda pública en el Archipiélago hablan de unos 20.000 solicitantes, pero la lógica nos dice que, ante la falta de soluciones, son muchas más personas las que lo necesitan y que renuncian a presentar su petición o no la renuevan ante la desesperanza de alcanzar un desenlace positivo.

El de la vivienda es un tema complejo, sin lugar a dudas. Telde, en los últimos años, no solo ha puesto suelo a disposición del Gobierno de Canarias, poseedor de las competencias para la construcción de viviendas y que ha comenzado la tarea con el Plan de Vivienda 2020-2025 pues el anterior era el de 2009-2012, sino que ha hecho un enorme esfuerzo para la rehabilitación. Tras décadas de espera, las 132 viviendas de Los Marinos lucen hoy de manera bien diferente, y lo que es más importante, los vecinos y vecinas disfrutan de una seguridad que antes les quitaba el sueño y de un entorno que mejora su calidad de vida. Lo mismo ha ocurrido en el Valle de Jinámar, el mayor parque público de viviendas de toda Canarias, con 4.709. De ellas, nos acercamos a las 2.000 ya arregladas con la implicación financiera de todos los niveles de la Administración y de los propios residentes, y el compromiso es acabar la totalidad de edificios en los próximos años. A través del Plan Integral de Jinámar, no solo se han arreglado las fachadas, sino cubiertas, ascensores, porteros automáticos, instalaciones eléctricas, además del reasfaltado de algunas calles, alumbrado y parques infantiles, amén de los más de 130 proyectos sociales que se han desarrollado dentro de ese Plan Integral.

En las próximas 372 viviendas que se rehabilitarán próximamente en Jinámar hemos logrado también fondos europeos, lo que nos permitirá colocar paneles solares en las azoteas y la instalación de equipos de aerotermia en el interior de cada vivienda para calentar el agua, entre otras medidas, lo que repercutirá positivamente en la factura de la luz de los hogares y en la de la comunidad.

El trabajo de estos años en Jinámar, que ha recibido un premio nacional de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) a la mejor actuación en el ámbito de la Regeneración Urbana Integrada, comenzaremos estos días a ejecutarlo también en San José de Las Longueras, donde además de las 496 viviendas remodelaremos sus zonas comunes con diferentes mejoras añadidas. Otra reclamación histórica que lograremos atender.

El Ayuntamiento de Telde lleva a cabo todo esto a través de su empresa pública de vivienda y suelo, Fomentas, que en 2015 nos encontramos en la quiebra, en concurso de acreedores y con una deuda de 11 millones de euros, y que hemos saneado y reorientado para que hoy ofrezca un servicio verdaderamente útil a la ciudad, porque además de la rehabilitación gestiona otras obras relevantes y ofrece a los y las teldenses asesoramiento y apoyo jurídico en materia de desahucios.

Un punto muy a tener en cuenta, olvidado muchas veces cuando se habla de la rehabilitación de vivienda pública, es la generación de economía y de empleo que trae consigo. Solo en Jinámar se han destinado 30 millones en las adjudicaciones de los últimos ocho años, cifra nada desdeñable cuando hablamos de un sector empresarial y laboral tan nutrido como el de la construcción y las reformas. Por otra parte, la patronal ha manifestado que la colaboración público-privada es fundamental para dar solución al reto de la vivienda, y sin duda ese es un camino que debemos aprovechar.

Pero la rehabilitación, mejorando la calidad de vida de las personas, no nos conducirá a lo que buscamos. La edificación de viviendas públicas en una cantidad significativa es la única solución posible ante un mercado tan tensionado como el que ahora mismo sufren miles de canarias y canarios, con escasez de pisos, precios altos del alquiler, aumento del alquiler vacacional y compra de propiedades por parte de extranjeros.

Nueva Canarias tiene un Plan de País para vivir y crecer mejor en nuestra tierra, y la vivienda es una de las prioridades de esa hoja de ruta. Ponemos encima de la mesa, entre otras propuestas, la construcción de al menos 5.000 viviendas protegidas –como poco 300 en Telde- durante el próximo cuatrienio. También la descentralización de las políticas de construcción de vivienda, para que las corporaciones locales lo hagan directamente, además, agilizando los procedimientos administrativos. Reforzar el sistema de ayudas al alquiler o  los Planes de Emergencia Social (programa Canarias PROHOGAR), destinados a la población más vulnerable, son otras cuestiones que planteamos, así como las viviendas colaborativas, los incentivos fiscales para estimular a los propietarios a alquilar, o poner límites a los precios de los alquileres y a la adquisición de viviendas por extranjeros no arraigados en las Islas.

Ha llegado el momento de que la política canaria, más allá de los colores, aúne de manera efectiva sus esfuerzos y encare el sufrimiento de miles de personas en Canarias por no tener una vivienda digna. Muchas cosas están en juego y dependen de ello.